Declara ilegales los tribunales para Guantánamo creados por el mandatario de EU

Falla la Suprema Corte contra poderes extraordinarios de Bush

El presidente se ha atribuido autoridad a niveles dictatoriales, sostienen expertos en derecho

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 29 de junio. En un revés para los poderes extraordinarios que se atribuye la presidencia de George W. Bush, la Suprema Corte falló hoy que el mandatario excedió su autoridad legal cuando ordenó la creación de tribunales especiales -las llamadas "comisiones militares"- para detenidos en Guantánamo.

En esencia, el fallo establece que el presidente no cuenta con la autoridad para hacer lo que desea con los detenidos, y que éstos sí tienen ciertos derechos legales básicos bajo la ley federal e internacional, ya que están en manos estadunidenses.

El caso particular fue presentado a nombre de Salim Ahmed Hamdan, ciudadano de Yemen, quien trabajó de chofer para Osama Bin Laden; ha estado detenido durante cuatro años en Guantánamo y estaba por ser sujeto a los tribunales militares establecidos por el gobierno de Bush. La Suprema Corte falló hoy que estos juicios son ilegales bajo las leyes estadunidenses, en particular las establecidas por la ley castrense y las Convenciones de Ginebra.

El caso es una segunda derrota para las medidas aplicadas por el gobierno en su lucha "antiterrorista", ya que hace dos años la Suprema Corte rechazó argumentos del gobierno de que cuenta con la autoridad para detener a sospechosos de "terrorismo" y negarles indefinidamente el derecho de acceso a tribunales o abogados.

Aunque el fallo no afecta de manera directa la detención de Hamdan y otros en Guantánamo, sí obliga a que se les otorguen garantías básicas establecidas por la ley para enjuiciar a los prisioneros. El presidente enfrenta ahora varias opciones, incluyendo presentar los casos ante tribunales militares establecidos o ante tribunales federales, o buscar que el Congreso le otorgue la autoridad legal para proceder con los tribunales militares especiales.

De hecho, el liderazgo republicano del Senado, al conocerse el fallo, anunció de inmediato su intención de formular una legislación para otorgar la autoridad al presidente a establecer los tribunales militares especiales.

Buscan revertir dos siglos de jurisprudencia

En comentarios iniciales sobre el fallo, Bush indicó que examina esta última opción, al declarar que está dispuesto a trabajar con el Congreso para establecer un tribunal para los detenidos, y acatar a la vez el fallo de la Suprema Corte.

Con todo, defendió sus acciones, y reiteró: "estamos en guerra contra el terror; estas personas fueron detenidas en campos de batalla, y yo protegeré al pueblo y, a la misma vez, me conformaré con el fallo de la Suprema Corte".

El caso, a la vez, revela la reinterpretación radical de la Constitución y del derecho internacional que ha realizado el gobierno de Bush para atribuir poderes extraordinarios a la rama ejecutiva desde el 11 de septiembre, la cual, según abogados dentro y fuera del gobierno, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos.

Con su incesante repetición de que "estamos en guerra contra el terror" y, por tanto, toda autoridad está depositada en el Ejecutivo, el gobierno de Bush ha logrado ampliar el poder presidencial a niveles alarmantes, opinan varios expertos.

En un amplio reportaje publicado por The New Yorker esta semana, esta estrategia legal tiene un nombre: "el Nuevo Paradigma". Esta visión legal, sostiene la revista, "se fundamenta en una lectura de la Constitución que pocos comparten: que el presidente, como comandante en jefe, tiene la autoridad de hacer caso omiso virtualmente de todos lo límites legales previamente conocidos, si así lo demanda la seguridad nacional. En ese contexto, estatutos que prohíben la tortura, la detención secreta y la vigilancia sin orden judicial han sido hechos a un lado".

Scott Horton, profesor de la escuela de leyes en la Universidad de Columbia y jefe del Comité de Ley Internacional de la Asociación de Abogados de Nueva York, declaró a The New Yorker que los abogados de la presidencia han intentado "revertir dos siglos de jurisprudencia definiendo los límites del Poder Ejecutivo. Han hecho de la guerra un asunto de poder dictatorial".

Bruce Fein, activista legal republicano que votó por Bush y fue subprocurador general asistente en el Departamento de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan, comentó a la revista que este gobierno "ha asumido poderes que están a un universo más allá de cualquier otro gobierno. Este presidente ha hecho declaraciones que son bastante alarmantes", y señaló que en esencia Bush ha determinado que no hay límites sobre su poder para llevar a cabo esta guerra.

"Sus poderes de guerra le permiten declarar a cualquiera como combatiente enemigo. Todo el mundo es un campo de batalla... tiene el sentido de Luis XIV: 'yo soy el Estado'."

Es frente a todo esto que abogados y agrupaciones de derechos humanos y civiles han intentado denunciar y promover casos como el de hoy, oficialmente conocido como Hamdan versus Rumsfeld, para intentar restablecer límites constitucionales.

Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, una de las organizaciones que participó en el caso contra el gobierno y que representa a unos 200 detenidos en Guantánamo, elogió la decisión de hoy, y declaró que el fallo "dice al gobierno que ellos ya no pueden decidir de manera arbitraria qué desean hacer con la gente. (La decisión de la Suprema Corte) sostuvo el imperio de ley en este país y determinó que el Ejecutivo había sobrepasado la ley constitucional y la internacional".

Human Rights Watch también elogió el fallo, y subrayó que éste implica que las Convenciones de Ginebra sí son aplicables a la llamada guerra contra el terror, y por tanto todo detenido tiene ciertos derechos humanos garantizados, por lo cual el gobierno de Bush no puede actuar más allá de la ley.

Unos 14 detenidos en Guantánamo, incluido Hamdan, enfrentan juicios por las llamadas comisiones militares. Las autoridades estadunidenses habían informado que estaban por presentar cargos formales contra 75 detenidos más, de unos 450 encarcelados allí.