El Correo Ilustrado

Precisiones de la Sedeso

Señora directora: En sus ediciones del miércoles, jueves y viernes, la reportera Alma E. Muñoz ha publicado información que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), y en particular a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, en el manejo del Programa de Atención a los Adultos Mayores del campo, en acciones con sesgo político a favor del Partido Acción Nacional. Por lo anterior, me permito hacer las siguientes precisiones:

Independientemente de las intenciones, estrategias y propósitos de los promotores de los apoyos sociales, éstos fueron manejados en todo momento de acuerdo con las reglas de operación del programa. En ningún caso los recursos fueron entregados "a organizaciones campesinas ligadas con el PAN" o con cualquier otro partido político. Los recursos fueron entregados a adultos mayores de manera directa, por medio de un giro telegráfico de Telecom, sin que pasaran por manos de personas ajenas, y en ningún caso "por encima de lo que dictan sus reglas de operación", tal como fue constatado por la Auditoría Superior de la Federación para la operación de 2003 y por el Organo Interno de Control para el ejercicio de 2004.

Entre 2003 y 2004 se recibieron en esta dirección general 950 mil solicitudes de apoyo y sólo fue posible atender con el presupuesto asignado 211 mil 703 beneficiarios en 2003 y 241 mil 889 en 2004. Todos ellos fueron procesados en 2005 conforme a las nuevas reglas de operación, sin importar procedencia de la promoción, y encuestados en sus localidades, resultando beneficiarios 115 mil 939 adultos mayores de todo el país.

En esta dirección, en cumplimiento del derecho de petición que señala el artículo 8º de la Constitución, se recibieron solicitudes de organizaciones campesinas, organizaciones sociales, municipios, diputados y senadores, sin distinción de ninguna naturaleza, y se procesan con equidad.

Durante 2003 no se recibió propuesta de OPAGAN. Durante 2004 se beneficiaron solicitantes presentados por 116 instancias. Entre ellas estuvo la organización OPAGAN, que canalizó la demanda social de cuya propuesta fueron aprobados para beneficio 5 mil 348, pero sólo cobraron 4 mil 77, lo cual representa 1.68 por ciento del total de 211 mil 889. Por su parte, de los apoyos promovidos por el senador Jeffrey M. Jones se programó para pago a cinco adultos y sólo cobraron cuatro.

Fueron las organizaciones campesinas, principalmente las promovientes del Acuerdo Nacional por el Campo, las que tanto en 2003 como en 2004 canalizaron la mayor demanda y de cuyas propuestas resultaron los beneficiarios.

En cuanto al oficio SDSH/ DGDSH/0238/2004, que se utiliza para "justificar" el dicho de la nota y del cual no se explica su contenido con claridad, me permito adjuntarle una copia que agradeceré reproduzca. Este documento va dirigido a Carlos Montemayor Guerrero, entonces director general de Medición y Seguimiento, en el cual se informa la población objetivo del programa en función de la demanda recibida en 2003.

Respecto de la operación del programa en 2005, ésta se realizó conforme a nuevas reglas, que clarificaron el método de incorporación, precisaron las condiciones de elegibilidad y se estableció un sistema de priorización en la asignación del recurso. Dicho proceso difiere radicalmente de lo que se publica hoy, falseando la realidad del mismo.

En 2005 se depuró la demanda inicial de 950 mil solicitudes mediante un proceso de confrontación con padrones y una encuesta directa a los adultos mayores, aplicada en todo el país, en la que participaron nueve universidades y ocho empresas especializadas, de donde se derivó el padrón de beneficiarios. Por su metodología y los participantes resulta imposible que sea sesgada con sentido partidista.

La reportera se atuvo a fuentes a las que dio credibilidad sin verificar los datos que recibió. Es evidente que sus notas no se ajustan a lo establecido en las reglas de operación 2005 del programa.

Me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Atentamente

José de Jesús Castellanos López, director general de Atención a Grupos Prioritarios

Respuesta de la reportera

Señora directora: Lamento que el director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedeso, José de Jesús Castellanos, evada explicar el fondo de las irregularidades denunciadas en las notas a las que alude, como fue el que desde la dependencia se proporcionara al grupo parlamentario del PAN la base de datos del padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, para permitir a sus diputados realizar proselitismo político, como comprueba la carta del senador Gerardo Buganza Salmerón, publicada el pasado jueves.

Ojalá el licenciado Castellanos, como nos dice, esté dispuesto, de manera inmediata, a permitirnos el acceso a todos los archivos del programa mencionado, para realmente confrontar sus dichos con la información publicada fundamentada en copia de los datos de beneficiarios -que sólo la Sedeso debería tener-, documentos y entrevistas con gente involucrada en las operaciones de apoyo al PAN.

No deja de sorprender que el funcionario asegure que mis notas no se ajustan a los establecido en las reglas de operación 2005 del programa. Al parecer no se ha enterado de que el trabajo de los reporteros no tiene por qué ajustarse a normativa oficial alguna. Es más, su extravío llega al extremo de fechar la primera hoja de su misiva el 30 de junio de 2006 y la segunda el primero de marzo de 2005.

Atentamente.

Alma E. Muñoz

El PAN en el cine

Señora directora: Asistí la noche del jueves 29 de junio al cine (Cinépolis) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la función de las 10 de la noche, y en los cortos proyectaron un espot del candidato del PAN, Felipe Calderón. Se viola la ley electoral impunemente y nadie alza la voz. ¿Dónde queda la legalidad y las "manos limpias"?

Juan Marcos González López

Pide justicia pareja

Señora directora: Para variar, y seguir con la acostumbrada práctica de injusticias e impunidad, ahora se está preparando el arraigo (¿inconstitucional?) contra el funcionario que supuestamente filtró la información. ¿Qué no se debería de medir con la misma vara a todos los implicados? ¿Qué es más grave (sin justificar, no soy juez), hacer una denuncia (filtración) o la violación del padrón electoral a través de Internet, y de todas las bellezas allí exhibidas por periodistas honestos.

Mi pensamiento es que se haga una exhaustiva y veraz investigación y de resultar culpables, sólo entonces aplicar la ley, sin distingos ni canonjías para nadie.

Atentamente

Vladimiro Enrique Abarca Trujillo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Responde a lectores la delegación Coyoacán

Señora directora: Mucho agradeceré la publicación de la siguiente respuesta a la carta enviada por la comunidad del Centro Educativo Chaplin SC a El Correo Ilustrado:

La solicitud de colocar reductores de velocidad en las inmediaciones del Centro Educativo Chaplin, ubicado en la colonia El Rosedal, será atendida la semana próxima, de acuerdo con la programación de las cuadrillas de obras viales y el material con que cuente esta demarcación para tal efecto, dándole prioridad a dicha instalación.

Es importante mencionar que, además de atender dicha solicitud, se aplicará un operativo de vialidad para proteger la seguridad de la comunidad de dicho centro educativo y de los peatones que transiten por las inmediaciones.

La seguridad de los niños y jóvenes es una prioridad en Coyoacán: por ello, la más amplia disposición de esta autoridad delegacional para seguir atendiendo las peticiones de la ciudadanía en esta materia.

Atentamente.

Miguel Angel Guerrero, coordinador de Comunicación Social