Fue exonerado por el secuestro de Héctor Jaramillo

Arraigan a Echeverría por la matanza de 1968

Un juez niega la aprensión de otros siete implicados

ALFREDO MENDEZ

A 37 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, un magistrado federal de la ciudad de México ordenó la aprehensión de Luis Echeverría Alvarez, presidente entre 1970 y 1976, por ser presunto responsable del delito de genocidio, y negó la captura de otros siete ex funcionarios y militares acusados de ser también artífices de esos hechos.

El juzgador negó la detención de Echeverría en el caso relacionado con desaparición de Héctor Jaramillo, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pues no encontró pruebas que demostraran que las autoridades gubernamentales ordenaron el secuestro del desaparecido.

Esta es la primera vez que un ex mandatario enfrenta un juicio judicial de esta naturaleza, por el que podría ser sentenciado por un delito de lesa humanidad.

Sin embargo, debido a la avanzada edad (86 años) y el precario estado de salud de Echeverría, José Angel Mattar Olivar, titular del segundo tribunal unitario penal, le concedió el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria para que, desde su casa, el juez de la causa tome la declaración preparatoria y determine, en un plazo constitucional de 72 a 144 horas, si lo sujeta a proceso penal o lo deja en libertad por falta de pruebas.

Por ello, aunque la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de la Procuraduría General de la República (PGR), ya fueron notificadas de la orden de aprehensión, están impedidas para detener a Echeverría e internarlo en el Reclusorio Sur. De hecho, en las próximas horas -se prevé que ocurra el lunes- será puesto a disposición del juez de primera instancia, pero en el interior de su casa.

La resolución del magistrado sólo afecta a Echeverría, pues según el juzgador, el delito de genocidio aún no ha prescrito para el ex presidente; además, Mattar Olivar encontró suficientes elementos para demostrar la probable responsabilidad del ex mandatario en el supuesto genocidio ocurrido hace 37 años.

El juzgador concluyó que los estudiantes que se encontraban el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas conformaban un grupo nacional homogéneo, "y las constancias de autos demuestran indiciariamente que sí existieron conductas tendientes al exterminio parcial de ese grupo; por ello se tomaron medidas para detener, consignar y procesar a estudiantes como una forma de exterminio".

Asimismo, Mattar Olivar dedujo que la probable responsabilidad de Echeverría se acredita porque cuando fungió como secretario de Gobernación presidía reuniones interinstitucionales en las que diversos organismos gubernamentales le daban cuenta de supuestos actos de represión gubernamental, además de que tenía bajo su disposición a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y Gobernación servía como enlace con dependencias como el Ejército y la Marina.

"En muchos casos es de suponerse que Luis Echeverría Alvarez, en su calidad de secretario de Gobernación, ni siquiera enteraba al Presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, de diversas disposiciones gubernamentales; de un movimiento como el estudiantil de 1968, con seguridad Echeverría debía tener conocimiento del mismo", concluyó el juzgador.

El impartidor de justicia determinó también que los otros inculpados no pueden ser juzgados porque el plazo de prescripción del delito de genocidio ocurrió ese mismo día, pero de 1998. Para Echeverría, sin embargo, la prescripción será dentro de tres meses, ya que, por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le descontaron los seis años en que fue Presidente, pues contaba con fuero constitucional.

Como el impartidor de justicia no lo suspendió de sus derechos políticos, el próximo domingo podrá votar, siempre que el Ministerio Público le permita salir de su casa con custodia.

Los exonerados

Los inculpados sobre los que ya prescribió el genocidio son los ex titulares de la DFS, Luis de la Barrera Moreno y Miguel Nazar Haro; también quedó exonerado el ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas (quien falleció en diciembre pasado); los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal, y Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger cadáveres en Tlatelolco, así como Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público.

Esta es la primera ocasión en los pasados tres años en que un funcionario del Poder Judicial le da la razón a la Femospp sobre el tema del supuesto genocidio. En junio de 2003, y luego a principios de 2005, un juez de distrito y una magistrada de circuito, respectivamente, determinaron que en la matanza del 10 de junio de 1971 no se registraron actos genocidas.

En septiembre pasado, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, consignó el expediente sobre la matanza de 1968, pero la orden de aprehensión fue negada por el juez Ranulfo Castillo, quien consideró que esos hechos prescribieron el 2 de octubre de 1998.

Carrillo Prieto llegó ayer al segundo tribunal unitario cerca del mediodía. Se le veía feliz e incrédulo. El magistrado le notificó su resolución a las 13 horas ante la defensa del ex mandatario.

A las 16:40 horas llegaron al domicilio de Echeverría dos agentes del Ministerio Público para informarle de la medida cautelar. Dos horas más tarde, un actuario del segundo tribunal entregó al juzgado 15 de distrito copia de la orden de aprehensión contra Echeverría, pero debido a que las constancias de autos y el expediente de más de 36 tomos siguen en el tribunal unitario, el juez de primera instancia no pudo acordar la admisión del fallo.

Según funcionarios judiciales, se prevé que sea el próximo lunes cuando el juez Ranulfo Castillo reciba los expedientes para que comience a correr el plazo del término constitucional.

Si el próximo lunes se le notifica temprano al juzgador, ese mismo día se tomará la declaración preparatoria a Echeverría, para que a más tardar el jueves se defina su situación jurídica.

Si se iniciara proceso al ex mandatario, todo el juicio lo seguiría desde su casa, que sólo podrá abandonar para recibir atención médica.