La tortura en México: avances y retrocesos
Ante la impunidad evidente que protege a las autoridades involucradas en los hechos de San Salvador Atenco, resulta pertinente insistir sobre la responsabilidad de quienes determinaron el uso abusivo y racional de la fuerza, es decir, planeado, calculado y decidido desde el poder. Paradójicamente, el 22 de junio la comunidad internacional defensora de los derechos humanos celebró la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aprobado por el Senado de la República el 29 de marzo de 2005 y firmado por el presidente Vicente Fox al día siguiente.
Este innovador instrumento, según Manfred Nowak, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, es el avance más contundente en el plano internacional en favor de la prevención de la tortura. Florentín Méndez, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado en numerosas ocasiones la trascendencia del protocolo facultativo para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en América Latina.
Este instrumento prevé la creación de un órgano internacional, el subcomité para la prevención, y la creación a escala nacional de mecanismos independientes. Ambos estarán facultados para visitar todo lugar donde se encuentren personas privadas de su libertad. Todo Estado que ratifique el protocolo facultativo se compromete a establecer estos mecanismos nacionales dentro del plazo de un año.
Las visitas regulares y no anunciadas a todo lugar de detención constituye uno de los medios más efectivos para prevenir la tortura y los malos tratos. Hasta ahora, un sistema de visitas preventivas de esta naturaleza no existía a escala internacional, dificultando así la transparencia de los lugares de detención, las circunstancias de las personas allí detenidas y el trato al que son sometidas.
El subcomité y los mecanismos nacionales tendrán libre acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, tales como cárceles, comisarías, centros migratorios y hospitales siquiátricos, entre otros.
El protocolo facultativo establece que los estados partes también deben garantizar que, tanto el órgano internacional como los mecanismos nacionales tengan libre acceso a toda información relevante sobre el lugar de detención en cuestión, el trato a las personas arrestadas y sus condiciones de detención.
Se debe permitir, además, entrevistas en privado con las personas detenidas. Mediante su ratificación, los estados abren los lugares de detención a un escrutinio externo independiente.
El 23 de mayo de 2006, con las ratificaciones de Honduras y Bolivia, se alcanzaron las 20 firmas necesarias para que el instrumento entre en vigor.
El protocolo facultativo fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2002, para entrar en vigencia el 22 de junio de 2006.
Los estados de América Latina han tenido un papel de liderazgo desde la concepción del instrumento, hace más de 20 años. México introdujo la novedosa modalidad de mecanismos nacionales de prevención.
Siete de los primeros 20 estados partes son de América Latina.
La Asociación para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza, está en el origen de este protocolo y jugó un papel clave en la campaña de ratificación. Este avance es, sin duda, un paso significativo en la lucha contra la tortura; sin embargo, su aplicación eficaz por parte del Estado mexicano queda aún pendiente y la impunidad sigue siendo el principal obstáculo a superar.