Editorial
Los enredos del IFE
Si pudiera mostrarse en una gráfica la credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) ante la sociedad, aparecería como una línea descendente; en una representación semejante, las sospechas ciudadanas en torno al manejo de las cifras electorales del domingo antepasado presentarían, en el lapso de una semana, un trazo al alza. Conforme pasan los días y aparecen nuevos elementos que hacen pensar en la posibilidad de que el 2 de julio se haya operado un fraude a la voluntad popular, los funcionarios del organismo se enmarañan más y más en sus propias declaraciones e incoherencias.
Ayer, por ejemplo, el responsable del Programa de Resultados Preliminares (PREP), René Miranda, desdijo afirmaciones previas del IFE en el sentido de que en el conteo preliminar nunca hubo "cruces" en las cifras de votos de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, y aseguró que por momentos el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos llegó a estar por encima de su rival panista, pero que tal circunstancia ocurrió antes de las 8 de la noche, cuando los números de la sospecha empezaron a ser divulgados. Adicionalmente, el funcionario introdujo un matiz importante y muy poco verosímil en señalamientos oficiales anteriores: las primeras casillas computadas por el PREP no fueron las urbanas en general, sino las casillas urbanas del norte del país, lo que explicaría el alto margen de ventaja que el programa le atribuyó a Calderón; a decir de Miranda, habría que explicar tal adelanto en función de "cuestiones culturales". Y después de este comentario ofensivo y discriminatorio, un pretexto primario: "es que así llegó la información".
Tras la catástrofe del PREP, luego del ocultamiento de casi tres millones de votos clasificados en un "archivo de inconsistencias" que sólo fue incorporado al cálculo cuando la oposición de izquierda denunció el faltante, tras un conteo distrital apresurado y también sujeto a sospechas de manipulación informática en el que la candidatura del perredista logró, pese a todo, rescatar del limbo decenas de miles de sufragios, y después de la impresentable transgresión cometida el jueves pasado por Luis Carlos Ugalde, cuando se extralimitó en sus funciones y casi declaró presidente electo a Calderón Hinojosa, resulta imprescindible limpiar la pasada elección. Los presuntos errores del organismo electoral son tan monumentales e inexplicables que parecen más bien consignas cumplidas, y tal vez lo sean. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corresponderá resolver las impugnaciones, y cabe esperar que el sentido común termine por imponerse, se acepte un recuento voto por voto de los sufragios emitidos el domingo 2 de julio y se logre una conclusión verosímil, fundamentada e inapelable sobre el sentido de la votación presidencial de ese día.
Hasta ahora, el oficialismo se empeña en conseguir el reconocimiento general a un triunfo panista incierto y turbio, asentado sólo en dos conteos desacreditados el PREP y el cómputo distrital que no parecen haber sido operados como instrumentos democráticos sino como golpes publicitarios; en un anuncio ilegal el de Ugalde del jueves pasado y en mensajes de felicitación recibidos por el candidato blanquiazul, tan deplorables como improcedentes, empezando por el que le dirigió el presidente Vicente Fox y los que le mandaron George W. Bush, José Luis Rodríguez Zapatero y Alvaro Uribe. El primero marca una enésima injerencia del todavía titular del Poder Ejecutivo en el proceso; el de Uribe es una desafortunada expresión de la solidaridad de las derechas impulsada por José María Aznar en América Latina, y los de los gobernantes estadunidense y español ostentan un aroma inequívoco a intereses trasnacionales. En todos los casos, el desaseo político y diplomático, lejos de fortalecer el reclamo de triunfo de Calderón, lo debilitan a ojos de la ciudadanía. No está de más recordar las justificadas críticas de que fue objeto en México Fidel Castro cuando, con su presencia en la toma de posesión, ayudó a convalidar la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, lograda en un proceso electoral inmundo.
La soberanía reside en el pueblo, no en cómputos dudosos y sujetos a impugnación, ni en telegramas o llamadas de plácemes anticipados. Si el oficialismo está seguro de su triunfo, debe aceptar un recuento voto a voto de los comicios. Postergar o rehuir ese cotejo magnifica las dudas y obliga a recordar lo sucedido en 1988.