Parcialidad del IFE y manipulación del PREP, entre los argumentos esgrimidos

Empieza la coalición Por el Bien de Todos presentación de impugnaciones

ALONSO URRUTIA

La coalición Por el Bien de Todos comenzó a presentar recursos de impugnación en contra de los cómputos distritales de la elección presidencial, en los que incluyó la inconformidad por la falta de equidad que hubo en las campañas.

En las acciones denunciadas consideró: parcialidad del Instituto Federal Electoral (IFE) para no detener la guerra sucia de espots; la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la omisión del reporte de 2.5 millones de votos, y el uso de los padrones electorales y de los programas sociales.

Incorporados en el recurso ante la junta distrital 15 de la capital, los cuestionamientos a la falta de equidad en la elección incluyen como parte de la "franca violación a los principios de certeza, objetividad e imparcialidad" lo que considera usurpación de funciones del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien "se apresuró a dar como concluido el proceso electoral al informar oficialmente de un 'resultado final' y a señalar como indiscutible candidato triunfador al abanderado del PAN".

Esta actitud, continúa el documento, sólo ha generado reacciones de organizaciones civiles y campañas mediáticas en contra de López Obrador presentándolo como "enemigo de la democracia o factor de desestabilización nacional, cuando, como es evidente con el presente recurso, sólo se está ante el legítimo ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la justicia". Añade que no es otra cosa que una continuación de la llamada guerra sucia que a lo largo de todo el proceso electoral se desató contra López Obrador.

Al desglosar los agravios que esgrime la coalición Por el Bien de Todos se hace una detallada descripción de la utilización de los programas de Vivienda Rural, Adultos Mayores y otros paquetes de ayuda federales que formaron parte central de su "estratagema política" para apoyar al candidato del PAN, Felipe Calderón. En ellas describe el involucramiento de legisladores panistas como parte de la desviación de recursos con fines electorales.

Cabe destacar que el recurso interpuesto en la junta distrital 15 es uno de los 152 que habrá de presentar la coalición Por el Bien de Todos en contra de los comicios presidenciales. El resto de los recursos, explicó el representante ante el IFE, Horacio Duarte, serán dirigidos a inconsistencias en los cómputos o bien a irregularidades en casillas -se estima que se impugnarán alrededor de 52 mil-, y en el caso del interpuesto en el Distrito Federal se abarcará las irregularidades genéricas que causaron impacto a la elección al provocar la falta de equidad de la contienda.

Hay "gran cantidad de irregularidades que ponen en duda la certeza de la votación de la elección de presidente y violentan los principios rectores del proceso electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el principio constitucional de equidad, así como los postulados constitucionales de elecciones libres, auténticas y periódicas".

A juicio de la coalición, los resultados del distrito 15 -como el de los 300 distritos electorales- derivaron de una etapa de preparación de la jornada plagados de irregularidades. Subraya que se vieron influidos de manera determinante "por eventos ajenos al desarrollo de las propias campañas electorales, que de manera ilegal e indebida fueron promovidos por personas y entidades impedidas por ley para participar en el proceso electoral, como por ejemplo el gobierno federal y sus diferentes dependencias; gobiernos estatales y municipales; organismos descentralizados; empresas mercantiles mexicanas; asociaciones y organizaciones civiles no autorizadas, así como organismos empresariales.

Al comenzar a desglosar el impacto de cada una, la coalición argumenta "la parcialidad e ilegalidad" demostrada por la autoridad electoral, especialmente el Consejo General del IFE, al no evitar la llamada guerra sucia, e imponer medidas correctivas o sancionadoras correspondientes en los contendientes y terceros ajenos a la contienda electoral ya señalados.

El documento agrega que aun a pesar de la intensidad de la llamada guerra sucia en contra del candidato de la coalición, Andrés Manuel López Obrador, él pudo alcanzar resultados muy favorables en aquellas entidades donde históricamente los ciudadanos han sido proclives a las propuestas del aspirante.

Sin embargo, finalmente donde el voto resultó desfavorable fue influido por "la indebida injerencia del gobierno federal y el titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quesada; así como el impacto de la guerra sucia y campañas negativas promovidas y pagadas por terceros ajenos a la contienda que, "bajo diversos disfraces y pretextos, ante la complacencia y permisividad de la autoridad electoral influyeron determinantemente en la ciudadanía desinformando a los electorales y alentando el llamado voto del miedo".

Más adelante, el recurso alude a la manipulación del PREP y al impacto que tuvo para prefigurar la victoria de un candidato. Independientemente de los aspectos técnicos, subraya que "de manera por demás sospechosa la autoridad responsable de su operación haya omitido informar a la ciudadanía que al término del funcionamiento no se habían contabilizado cerca de 2.5 millones de votos correspondientes a casillas que por diversas causas no se había decidido contabilizar en el sistema".

Agrega que llama a la sospecha que esta información sólo haya sido difundida a partir de que se presentaron quejas y reclamos por la no correspondencia entre los totales reportados por el PREP contra la sumatoria de votos. "Aun cuando los resultados del PREP no tienen fuerza legal ni definitoria, sí es un instrumento que debería contribuir a la construcción de un ambiente de certidumbre y credibilidad", pero resultó un elemento de desconfianza, precisa.

Posteriormente menciona que el PREP y el sistema de cómputos distritales "fueron diseñados de modo que se permitiera su manipulación, como se demuestra con las inconsistencias antes señaladas". Lo anterior se refuerza por la "irregular actuación de la autoridad electoral" en torno al sistema de difusión de los resultados electorales, en el que sobresale la importante diferencia en el flujo de información del PREP y los cómputos distritales.

Por eso, ante este comportamiento del PREP en las sesiones de cómputos distritales se pidió la apertura de la mayor cantidad de paquetes electorales para que se recontaran todas las casillas señaladas con irregularidades.

Asimismo, cuestiona la elevada cantidad de votos nulos que se registró: 904 mil 604, lo que significó 116 mil 447 más que en 2000 y que ahora representaron 2.16 por ciento. En el desglose, la coalición deja entrever que en algunas casillas donde no tuvieron representación se contabilizaron de "manera totalmente ilegal y dolosa" los sufragios emitidos en favor del candidato de Nueva Alianza, Roberto Campa, para computarlos al aspirante panista, lo cual se expresa en la diferencia sustancia de 0.96 por ciento de votos para Campa y 4.14 por ciento que recibió para senadores.

Capítulo aparte merece el desempeño de Ugalde al dar a Calderón como candidato ganador y con ello causar la impresión de que el proceso ha terminado y provocar diversas reacciones sociales en contra de la coalición y su candidato por la pretensión de interponer recursos. En su consideración, Ugalde no contribuyó a generar un clima de serenidad y prudencia que requeriría una elección como la presidencial que fue tan cerrada.

Por el contrario, Ugalde propició un clima de incertidumbre al actuar de "manera totalmente ilegal e irresponsable dadas las condiciones en que cerraron las cifras de la multicitada elección; calificó unilateralmente y de facto los comicios y se apresuró oficiosamente a dar como vencedor de la contienda a Felipe Calderón". Esta actitud fue considerada por la coalición como una ursurpación de funciones que competen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Uno de los puntos donde existe mayor desglose es en el capítulo correspondiente a los programas sociales, haciendo énfasis en el uso que se dio al Programa de Vivienda Rural y de Apoyo a Adultos Mayores. Según el documento esta utilización cae en el supuesto de la coacción del voto, que es ilegal, además de que existió la desviación de recursos públicos con claros tintes electorales.

En la denuncia se destaca que el gobierno de Fox ejerció en el primer trimestre del año 80 mil millones de pesos más de lo erogado en el mismo periodo de 2005, privilegiándose el gasto en aquellos programas de alto impacto social "con el objeto de generar una mejoría económica ficticia, misma que el abanderado panista se apresuró a reivindicar como logro sustantivo del foxismo".