Admite que se afectó a beneficiarios de una federación y luego rechaza que existan
Sedeso niega evidencia de desvíos en favor del PAN
Cuando se ventiló la triangulación de casi 54 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a la organización civil Huehuetépetl, en perjuicio de integrantes de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (Fenpa) -la agrupación que promovió esos apoyos en 2005-, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de dicha dependencia admitió la existencia de irregularidades en el manejo del padrón de beneficiarios de Vivienda Rural, y hasta acordó con los afectados reponerles el dinero, pero con presupuesto de 2006, sin comprometerse a rastrear lo otorgado un año atrás.
Sin embargo, apenas transcurrieron unos días, el titular de la subsecretaría, Sergio Soto, pretendió ocultar esas aseveraciones, al negar que en la Sedeso hubiera registro de personas promovidas por Fenpa, pero sin dejar de lado su intención de negociar -como consta en un acuerdo firmado el 3 de mayo pasado- la reposición de lo presuntamente desviado por diputados del Partido Acción Nacional, con fines electorales para este año.
Videos en poder de este diario muestran cómo las negociaciones siguen estancadas por la negativa de funcionarios de la Sedeso de aceptar que Fenpa logró que 5 mil 437 expedientes fueron validados para acceder a los recursos de Vivienda Rural en 2005.
En uno, Carlos Zarazúa Sandoval, secretario particular de Sergio Soto, admite, en su calidad de negociador de la dependencia, que "sí están (los documentos), pero -se dirige a Arnulfo Montes Cuén, líder de la Fenpa- la Sedeso no te los puede reconocer. Entiéndelo". Como testigo aparece -además de decenas de personas que exigieron respuesta a su denuncia, en una sala de negociaciones de la secretaría ubicada en Reforma 116, en la capital del país- Jorge González González, director de Concertación de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, el 7 de junio, tras la comparencia de Ana Teresa Aranda, titular de la Sedeso, ante legisladores para abordar el asunto, Soto se negó a reconocer la existencia de ese número de beneficiarios que, de acuerdo con diversas denuncias de Fenpa y de perredistas, fueron utilizados por Huehuetépetl para disponer de los más de 53 millones de pesos que en 2005 les otorgaron vía el programa de Vivienda Rural.
La grabación de esa etapa de la negociación refiere que, por encima de la verificación que de manera independiente han realizado los afectados sobre el padrón del esquema, Zarazúa refiere que sólo unas mil 100 personas fueron validadas como beneficiarios, y que corresponde a Fonhapo, como entidad responsable del programa, verificar qué pasó con el resto de las 5 mil 435 prsonas incorporadas por Fenpa a ese padrón.
Ello, pese a que en el video se muestra que Montes Cuén, acompañado por las diputadas Beatriz Mujica y Cristina Portillo, extiende los recibos de pagos correspondientes y los folios asignados por la Sedeso a cada uno de los expedientes integrados.
Aunque se muestra que hay presión hacia los funcionarios para que respondan al hecho, en específico Soto evade abordar en profundidad el tema, en esa ocasión porque, manifiesta en la grabación, que es motivo de procesos judiciales y adminitrativos.