Ahora encabeza el sexto tribunal unitario para el DF
Cambió de juzgado magistrado que inculpó al ex presidente
Aun cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) impugne el auto de libertad que el juez federal Ranulfo Castillo concedió el sábado pasado al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, y consiga que el expediente del caso sea turnado al segundo tribunal unitario en materia penal de la ciudad de México -el cual libró la orden de aprehensión contra el ex mandatario-, las cosas no serán tan fáciles para la autoridad ministerial, debido a que el magistrado federal José Angel Mattar Oliva -quien consideró, al ordenar la captura de Echeverría, que sí hay indicios de genocidio, así como la probable responsabilidad del inculpado- ya no es el responsable del tribunal de alzada mencionado.
Desde mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la creación del sexto tribunal unitario para la ciudad de México y concedió la titularidad del mismo al magistrado Mattar Oliva.
La última labor del juzgador al frente del segundo tribunal unitario, el pasado 30 de junio, fue la orden de aprehensión en contra del ex Presidente de la República de 1970 a 1976, acusado por la Femospp de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968.
Al siguiente día, el magistrado tomó posesión del sexto tribunal unitario que iniciará funciones el próximo primero de agosto.
De acuerdo con una fuente judicial de primer nivel, la resolución del magistrado Mattar no tenía "efectos vinculantes" para el juez Ranulfo Castillo, titular del juzgado 15 de distrito en materia penal del Reclusorio Sur; es decir, no obligaba al impartidor de justicia de primera instancia a seguir los lineamientos de la resolución de su superior jerárquico para el momento de resolver la situación jurídica de Echeverría.
"La resolución del magistrado Mattar no tiene efectos vinculantes para el juez de la causa, así lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales; el juez Ranulfo Castillo no incurrió en ilegalidad al variar su criterio respecto de su superior jerárquico, porque contó con libertad plena de jurisdicción para resolver conforme a su criterio jurídico", indicó el funcionario del Poder Judicial Federal consultado.
Explicó que sólo en resoluciones que procedan de juicios de amparo -no fue el caso del fallo de Mattar Oliva, pues fue un recurso de apelación-, los jueces en materia de procesos penales federales están obligados a seguir los lineamientos que fijen los órganos jurisdiccionales encargados de control constitucional.