Cuando las instituciones y las leyes están a prueba
Es cierto que en lo que a gobernar se refiere, los grandes cambios que obedecen a las acciones más importantes -según la idea o creencia de cada gobernante- ocurren no en el corto plazo más inmediato, sino mucho después de lo planeado, incluso cuando ya el grupo en el poder que puso en marcha el programa de gobierno del que se esperaba el cambio ya no lo detenta. Suele suceder también que los resultados fueron modificados en la práctica bajo la influencia de otras acciones ejercidas por nuevos grupos que buscan diferentes objetivos, bajo presiones también diferentes de diversas estructuras sociales y económicas.
Nuestro último gran movimiento armado de carácter nacional fue, como bien sabemos, el de la Revolución Mexicana. Hubo otros, como el de los cristeros, por ejemplo, que tuvieron un alcance meramente regional. Algunos momentos de nuestra historia pudieron haberse convertido en tiempos de cambios sociales profundos bajo la influencia de acciones políticas que pudieron haber ido más allá de lo deseado o de lo previsto, como en el caso del movimiento henriquista, al término del periodo del gobierno de Miguel Alemán.
La búsqueda de la Presidencia del general Miguel Henríquez Guzmán estuvo a punto de transformarse en una revolución armada a la vista del fracaso de su candidatura ante el intento de relección, primero de Miguel Alemán, que abortó debido a la oposición del general Lázaro Cárdenas y de otros distinguidos revolucionarios, como los generales Francisco J. Múgica y Heriberto Jara, quienes de alguna manera participaron en el henriquismo hasta el punto en que se consiguió bloquear tanto la relección del presidente Alemán como el intento de prolongar su régimen político mediante la imposición de la candidatura de Fernando Casas Alemán, que las propias fuerzas populares hicieron imposible de llevar a cabo.
Hubo otros muy distinguidos personajes, como el periodista Francisco Martínez de la Vega, quienes también participaron intensamente en este movimiento. El apoyo del general Cárdenas no fue muy abierto, pero una vez que consiguió que el presidente Alemán desistiera de sus propósitos releccionistas y apoyara a Adolfo Ruiz Cortines, quien se condujo con gran habilidad y mucha prudencia, se separó de Henríquez Guzmán ante la posibilidad de que el país se precipitara en un movimiento armado y se extendiera la violencia a todo el territorio.
De esta manera se conjuró el peligro de que se encendiera un movimiento armado. Fue la última vez, en los tiempos modernos, que en nuestro país se dio la posibilidad de que prendiera nuevamente la violencia revolucionaria y se incendiara nuestra patria. Las condiciones estuvieron dadas ciertamente. De cualquier manera hubo sangre derramada en nuestro suelo. Baste recordar el final de este episodio: aquel domingo sangriento en La Alameda del centro, cuando fueron dispersados definitivamente los henriquistas por la caballería del ejército.
Las circunstancias para que se produzca la violencia revolucionaria, con el alcance más general en todo el territorio, con carácter de revolución social, requiere que se den muchas y muy complejas circunstancias nacionales como también dimensiones internacionales, que, para fortuna nuestra, no se configuran en la actualidad en nuestro país.
Es cierto que los resultados de las recientes elecciones presidenciales al mostrar a un pueblo dividido en partes casi iguales, o muy cerca de serlo, están produciendo tensiones sociales que van a requerir un gran esfuerzo de los contendientes y una clarísima y muy grande dosis de patriotismo para serenar los ánimos de quienes pierdan en la contienda por tan pequeño margen que daría a los vencedores una victoria que será más fácil cuestionar que aceptar a los vencidos.
En cualquier caso, es evidente que quienes pierdan las elecciones por tan pequeño margen constituyen una fuerza política de la misma dimensión que la vencedora para todo efecto práctico y con los mismos derechos a influir en la conformación de un programa de gobierno en el que tendrá mucho qué decir y otro tanto qué hacer. Esto requeriría la decisión patriótica, ciertamente difícil, de luchar desde cualquier trinchera, anteponiendo los intereses de la patria y de la sociedad en general a los propios, aunque sean, como son indudablemente, muy legítimos, pero siempre en el marco de la Constitución y las leyes, aun cuando de lo que se trate sea precisamente de modificar a éstas, como está previsto en nuestra Carta Magna.
No se trata, como han afirmado algunos de los principales contendientes, de compartir el gobierno, sino de ejercer los derechos políticos de todos los mexicanos de la mejor manera y quizás del modo más efectivo y con más profundos y trascendentales resultados: dentro de la ley y de la Constitución, respetando el interés más general y más legítimo de todos, pues, como dejó establecido Juan Jacobo Rousseau: el primer derecho de un pueblo, antes incluso que elegir a sus gobernantes, es ser pueblo. Y de eso se trata en estos momentos de prueba, en los que habrá que tomar decisiones tan trascendentales para la futura democracia, la cual, por ser nueva, es distinta a todas las demás, a la actual y a las anteriores, y sin embargo hemos ya luchado los mexicanos por alcanzarla varias veces, antes de ahora, en nuestra historia: en la Independencia y en la Revolución.