Entre la legalidad y la legitimidad
Un acto político o una acción de gobierno al ser apegadas a la ley resultan, por lo tanto, eventos que de una u otra forma son benéficos a la sociedad y sus intereses colectivos. Esto se deriva, en efecto, de que los gobiernos son consecuencia de la designación manifestada pacíficamente en los procesos electorales democráticos. El parecer de la ciudadanía se expresa en las urnas al cruzar las boletas y así seleccionar a los gobernantes y legisladores en turno. Son las elecciones una combinación afortunada de legalidad y de legitimidad. Sin embargo, la expresión de una sin la otra nos coloca en el camino del conflicto y la tensión.
Vivimos momentos en los que si bien hay una aplicación de la ley, contamos con la participación de millones de ciudadanos, existen sobradas razones para sostener que los resultados que se conocen a la fecha no mantienen los niveles básicos de legitimidad. Por una parte, los números nos indican que el ganador lo será por el sufragio de una quinta parte de los ciudadanos con posibilidades de votar, es decir, un 20 por ciento está a su favor, mientras que el restante 80 por ciento o no votó o lo hizo por otras opciones. También encontramos que el margen que hasta ahora conocemos de 243 mil 934 votos a favor del ganador impide manifestaciones de victoria como las que hemos visto (35.89 por ciento contra 35.31 por ciento). Pareciera que los datos arrojaran una ventaja consistente y fuera de toda duda, escenario ante el cual no estamos. Tenemos en la geografía electoral un país dividido en dos.
Por si fuera poco, la futura composición del Congreso de la Unión nos anuncia una nueva confrontación en la cual, de no adelantarse las agendas y sus prioridades, las principales fuerzas políticas se preparan para nulificarse en la acción de gobierno y legislación. El nivel alcanzado durante la contienda en esta primera semana postelectoral evidencia, tal como apunté desde aquí, no aporta un mínimo de acercamiento u opciones de negociación. No hay condiciones ni disposición para tal acercamiento. La legitimidad se encuentra sujeta a profundos cuestionamientos. La ley, en efecto, se aplicó, pero los resultados, las consecuencias de esa aplicación, no han sido las esperadas para una contienda en donde la prudencia -virtud indispensable de los políticos- tampoco ha aparecido.
Así, encontramos que en la mayor parte de los ámbitos, la sociedad tiende a valorar la paz y la necesidad de buscar participación para amainar los ánimos y recurrir a las opciones que ofrecen el diálogo y la misma. La semana pasada, en un desayuno-conferencia en el Club de Industriales, los asistentes, ante el análisis de la situación, decidieron hacer valer sus preocupaciones ante el manejo poselectoral. Sea mediante exhortos públicos o mediante una red de relaciones, lo cierto es que frente a la ausencia de pericia e imparcialidad de parte de la mayor parte de los actores, lo que vivimos es consecuencia de la deplorable intromisión e irresponsabilidad del gobierno federal y de sus funcionarios.
La democracia necesita de demócratas. Se requiere a su vez, de gobernantes que apliquen y crean en la ley; de funcionarios que hagan de sus cargos, los espacios desde donde la confianza e imparcialidad sean la norma. Locales o federales, las elecciones son la máxima manifestación del compromiso ciudadano por crear un ambiente propicio para desarrollar un país alejado de la injusticia y la marginación. Hasta el momento no hay evidencias de que se esté cumpliendo esa premisa.
De esa manera, las elecciones del pasado 2 de julio son legales, pero no legítimas (hasta el momento). Ha faltado esa visión que da paso a acciones donde la preponderancia por el diálogo y la disposición a evaluar errores propios es el mejor antídoto para la soberbia. La función apenas comienza, ojalá y tenga un final feliz, en aras de la ley y la legitimidad.