Más de 16 mil trabajadores fueron despedidos; derechos y prestaciones, en picada
Se derrumbó durante el foxismo la situación laboral en la banca
Disminuyeron pago de jubilaciones, aguinaldos, periodos vacacionales y préstamos: analistas
Se incrementaron las jornadas de trabajo sin compensaciones extras; silencio de los sindicatos
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox han sido despedidos más de 16 mil trabajadores de la banca privada y el número de quienes laboran en la de desarrollo se redujo 50 por ciento, mientras se concentró el sistema financiero en manos extranjeras, principalmente de capitales español y estadunidense, y desaparecieron derechos laborales en el sector.
Un informe del Centro de Estudios del Sector Bancario detalla que en el actual sexenio los trabajadores del renglón que tenían más de 10 años de antigüedad fueron despedidos; se minimizó el pago de jubilaciones, porque se obligó al personal a renunciar; los aguinaldos, que en algunos casos llegaban a tres meses, fueron disminuidos a únicamente 40 días, y los periodos vacacionales, que aumentaban con base en la antigüedad, fueron reducidos a 15 días.
Se hizo un recorte drástico de prestaciones en prácticamente toda la banca, sin que ningún sindicato alzara la voz para denunciarlo, detalla el análisis y expone que con esos cambios se ha violado la Ley Federal del Trabajo, pues las jornadas semanales son superiores a 40 horas.
Además fueron reducidos los pagos por prima vacacional y los préstamos personales de consumo durable e hipotecario; la semana laboral pasó de cinco a seis días, sin compensación extra alguna, y la jornada se extendió más de ocho horas diarias, sin pago por tiempo extraordinario, señala el estudio.
Detalla: "En las instituciones bancarias ya se hizo normal que los empleados trabajen 12 horas diarias, de ocho de la mañana a ocho de la noche", y eso se ve tanto en los bancos grandes como en los pequeños. Inclusive una de las prestaciones que en mayor medida beneficiaban a los trabajadores, que era el servicio médico de alta calidad, "fue sustituida por una atención médica deficiente, para ahorrar gastos".
El documento, elaborado por los analistas Marcos Fuentes Franco, Nelda Ruth Martínez López, Sergio Alemán Sánchez, Guillermo Aguirre y Jorge Enríquez, entre otros, plantea que el despido de trabajadores ha sido de gran envergadura, ya que en 1982 había cerca de 200 mil y en 2006 la cifra se redujo a 133 mil, lo cual significa que uno de cada tres fue cesado.
Ejemplo de ello, dice, es lo que ha pasado con la nómina de BBVA-Bancomer, grupo que en 1982 tenía 25 mil 560 trabajadores en 643 oficinas y en 2006 tienen 24 mil 917 en mil 718 centros de trabajo, con mucho más volumen de operaciones y, por supuesto, mayor movimiento de recursos y ganancias que en aquel entonces.
Donde más se ha resentido el despido de trabajadores es en la banca de desarrollo, pues en 1982 sumaban 57 mil y actualmente quedan 4 mil 580. Sin embargo, al comienzo del actual sexenio eran 10 mil 346 empleados, es decir, se redujo la cifra más de 50 por ciento.
En este sentido, expone que "al tiempo en que se desmantelaba la banca estatal, reduciendo sus funciones y limitándola, desapareció Banrural -fueron liquidados 30 mil trabajadores- y, por consiguiente, los apoyos a los campesinos. El campo quedó financieramente abandonado y son miles las hectáreas de tierras ociosas y también millones las personas que migran hacia Estados Unidos".
Por si fuera poco, "los fondos de los trabajadores son puestos a disposición del capital internacional. Los de vivienda se colocan en el exterior. Ahora al peso de la deuda externa habrá que agregar el de la interna, porque los que manejan el ahorro doméstico son los propietarios de los grandes bancos", añade.
Para el Centro de Estudios del Sector Bancario, el desmantelamiento de los derechos laborales en el sector se hizo de manera ilegal, desconociendo la fracción 13 bis de la Ley de Trabajadores del Servicio Público de Banca y Crédito, la cual señala que los derechos, prestaciones y beneficios de los empleados son irrenunciables, de forma que los contratos colectivos firmados en contra de esa disposición son ilegales, así como los mecanismos con los que se llevaron a la práctica; la llamada monetización, es decir, el cambio de prestaciones por dinero.