En la democracia no se tolera al gobierno el uso ilegítimo de la violencia, advierten

Ministros: al no investigar el halconazo se intenta institucionalizar la mentira

Góngora Pimentel y Silva Meza proponen crear para el caso una comisión de la verdad

JESUS ARANDA

Una sociedad "auténticamente democrática" no puede tolerar el uso ilegítimo de la violencia por parte del gobierno ni la lesión de las garantías individuales, porque esas agresiones golpean la estructura social y atentan "de manera grave" contra los cimientos mismos del Estado, que debe tener como finalidad el bienestar de las personas, sostienen los ministros, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza.

En su voto de minoría, en el que se inconforman con la reciente decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no ejercer sus facultades de investigación -como lo solicitó el gobierno del Distrito Federal para investigar el halconazo del 10 de junio de 1971 y la matanza del 2 de octubre de 1968-, los ministros destacan el derecho constitucional a conocer la verdad y al esclarecimiento de esos hechos, "que hasta hoy no han sido investigados", por ser fundamentales para el conocimiento pleno de nuestra historia.

"Si se desconoce el derecho a la verdad y se reconoce, por tanto, que los gobernantes puedan mentir, estamos negando la esencia misma de la Constitución" y "no encontramos la utilidad a nuestro alto sitial, pues la mentira es una forma de traición y, al institucionalizarla, estaríamos traicionando al pueblo de México", afirman.

El documento en poder de La Jornada plantea que en caso de demostrarse que hubo violación grave a las garantías individuales, la Corte tendría que señalar quiénes fueron los responsables, además de implementar la reparación de las violaciones a las víctimas, sus deudos y la sociedad en general, "porque es una necesidad para la formación de la conciencia de la identidad nacional".

El escrito, en el que fundamentan la necesidad de crear lo que sería una comisión de la verdad en la que participara un grupo de especialistas con el aval de la Corte, señala que "las campanas de México deben sonar con el ritmo pausado y lánguido del toque a muerte, en réquiem a la justicia que no se les dio a las víctimas del jueves de Corpus de 1971 y de todo el pueblo mexicano."

Ambos ministros rechazan la decisión mayoritaria del pleno de no ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, y argumentan que "con los procesos penales que se siguieron no se conoce la verdad", y precisan que "por las resoluciones sabemos que prescribió la acción penal y que no pueden ser juzgados los inculpados". Es una cuestión de iure, pero desconocemos las cuestiones de facto, es decir, los detalles de lo que ocurrió, y particularmente, la intervención del gobierno en esos hechos.

Hasta la fecha "no se sabe qué pasó", porque "es distinto buscar imponer una pena a buscar cerrar una herida social con el conocimiento de la verdad". No se trata de buscar la imposición de una pena a los responsables, sino determinar una verdad histórica que quedaría establecida por el máximo tribunal, enfatizan.

El que hayan transcurrido más de 35 años, apuntan, lejos de ser un obstáculo para la investigación, "constituye una motivación para el ejercicio de la facultad, pues resulta lógico que la valoración tiene que realizarse hasta el cambio de régimen, cuando se ha roto el círculo de complicidad que impedía el esclarecimiento pleno de los hechos."

Una transición democrática plena exige la aclaración de los hechos controvertidos del pasado que supusieron la "inobservancia fáctica" de la Constitución, a fin de que se conozca la verdad de los hechos y que la reprobación social que pudiera generar el juicio de la historia que conduciría la Corte, "impida que vuelvan a repetir o aleje cualquier intención de ejercicio autoritario del poder contrario a la dignidad humana".

Asimismo, los ministros plantean la ampliación de las facultades de investigación, previstas en el artículo 97 constitucional, y que incluye la violación al voto público, para que las conclusiones de la Corte no se queden en "una simple declaración", y que en cambio, el máximo tribunal haga "recomendaciones necesarias" para que las autoridades competentes reparen la lesión a los derechos fundamentales.

En este contexto, proponen que la Corte pueda hacer las siguientes "recomendaciones": instauración de juicio político en contra de las autoridades responsables; desaparición de poderes en alguna entidad; desaparición de ayuntamientos o revocación del mandato de alguno de sus miembros; remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal; restitución íntegra del derecho, tratándose de afectación de la libertad o a la propiedad; indemnización a las víctimas o a sus deudos; adopción de medidas para evitar la violación de garantías, como la derogación de leyes y el castigo de autoridades; reivindicación de la memoria, instituyéndose el luto nacional el día que se cometió la violación; así como el reconocimiento del jefe del Estado mexicano de la responsabilidad y la consiguiente petición del perdón.