La Suprema Corte prevé medios de impugnación
Firmar un acta no legitima delitos: equipo de AMLO
La cifra de representantes de casilla cayó de 96 a 78 por ciento
El falso argumento en torno a la limpieza del conteo de votos por la simple firma de las actas de casilla a manos de los representantes de los partidos, se viene abajo porque la legislación y la jurisprudencia de la Suprema Corte prevén medios de impugnación que son el mecanismo legal y correcto para corregir los resultados.
En medio de la batalla legal por transparentar los resultados de los comicios, el equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador hace a un lado la versión de fallas de los encargados de entrelazar la estructura electoral y garantizar, a través de un impecable trabajo de organización, la capacitación de los representantes de la coalición Por el Bien de Todos durante la jornada electoral.
A escasos días de la elección presidencial, la coalición anunció que el área de operación electoral, a manos de Alberto Pérez Mendoza, tenía registrados representantes en 96 por ciento de las casillas. No obstante, el 2 de julio la cifra de las personas encargadas de vigilar el proceso cayó a un aproximado de 78 por ciento, reconoció ayer por la tarde Jesús Ortega. Frente a tal circunstancia, Manuel Camacho respondió a parte de la interrogante en torno al déficit de representantes de la coalición PRD-PT-Convergencia durante el día de los comicios.
-Ahora salió a la luz que la cifra de representantes de casilla ausentes fue de 30 por ciento -se le hizo notar.
-Por la información que tenemos pudo haber sido quizá mayor, y eso sí es una responsabilidad que debemos asumir y reconocer, pero ahora esto es mejor de lo que se había hecho antes. Pero también que no fue lo que nos habíamos propuesto. Nosotros sabemos quién tiene la responsabilidad, pero me parece que no es el momento de eso porque aun así se lograron los votos y hoy los problemas se están demostrando. Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar es que hubo violaciones generales por una parte, y por otra, violaciones en los cómputos de las casillas que fueron incluidas en los juicios de inconformidad.
-Ahora pesa mucho que la coalición no haya alcanzado un alto porcentaje de votos -se le insistió.
-Sí, yo creo que si reconocemos todas las cosas como son, de todos modos no le quita nada de fuerza a nuestra argumentación de que hubo problemas de ilegitimidad en esta elección, y de que hay problemas en las casillas que fueron incluidas en el juicio de inconformidad.
Por su parte, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Horacio Duarte Olivares, dijo que la atención del equipo cercano a López Obrador se centra en la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
-El hecho de que no se hayan elaborado impugnaciones por escrito en las actas, ¿no le resta importancia a la protesta?
-No. Sí estamos presentando impugnaciones escritas.
-Sin embargo, ahora se extiende en los medios la percepción de que la estructura electoral del PRD falló.
-Se va a hacer la evaluación a su tiempo; no estamos metidos en ese tema, sino en impugnaciones, exclusivamente.
-Pero más de 20 por ciento de los representantes de casilla fallaron.
-No voy a opinar de eso. Vamos a esperar a hacer la evaluación en su momento. Ahorita estoy concentrado de tiempo completo en la impugnación; creemos que el tribunal va a abrir los paquetes y tenemos confianza en que ahí se va a demostrar nuestro triunfo.
Duarte también descartó que la firma de actas por parte de los representantes de casilla signifique una patente de corso electoral, porque ''la ley es muy clara: hay etapas del proceso como la jornada electoral, el acta de cómputo que deben firmar los representantes de partido y eso no implica que se estén convalidando los resultados, para eso están los medios de impugnación posterior. La ley reconoce que esos medios son el mecanismo legal, correcto y concreto para impugnar los resultados. El hecho de que hayan firmado no convalida ningún acto, porque insistimos, no sólo no lo convalida, sino que es una obligación de los representantes firmar. Y es para dar testimonio de que ahí estuvieron. No para dar testimonio de si estuvo bien o si estuvo mal el acto electoral que se está impugnando; eso es claro y contundente".
La respuesta del legislador perredista ocurrió en medio del revuelo que dieron distintos medios de comunicación a las declaraciones de Juliana Barrón, quien fungió como representante de la coalición en la casilla 2227, ubicada en Salamanca, en el sentido de que no hubo irregularidades a la hora del conteo de votos, cuando el mismo López Obrador había denunciado el ilegal relleno de urnas.
Sobre el particular, Ricardo Monreal adujo que el hecho denunciado manifiesta, ''sin lugar a dudas, que es un acto irregular e ilegal avalado y consentido por funcionarios de casilla, y ahora avalado y concedido por el IFE; el que uno de nuestros representantes, de los miles que acudieron a las casillas, haya firmado el acta respectiva, no implica que deban tolerarse irregularidades; es decir, no por ser testigo de un robo, homicidio o de un delito cualquiera esto lo exime de responsabilidad o deja de existir el delito. ''Los medios de comunicación, por conducto de los voceros del PAN, han intentado tergiversar la verdad de este hecho inocultable y claro, y se sigue demostrando la necesidad de computar voto por voto, casilla por casilla, frente a estos actos reprobables para la democracia mexicana.''
Por su lado, Manuel Camacho reconoció que pudo haber ''poco cuidado'' al presentar el video donde se observa el relleno de una urna ubicada en la casilla 2227, de Salamanca, pero ''no fue una cosa de mala fe. Todos nos podemos equivocar en esto. Puede ser que alguien te haya pasado algo -como prueba- y no haya sido cierto''.
Al preguntarle sobre la declaración de Juliana Barrón, Camacho explicó que en todos los partidos ''hay gente que está en la posibilidad de recibir dinero a cambio de cambiar su opinión, pero en este caso particular lo que hay es una fracción que está fuera de la ley, porque no debieron haber hecho lo que hicieron. Sin embargo, no podemos sacar de esa información la conclusión necesaria de que forzosamente se vendió. A lo mejor esta gente, de buena fe llegó a un acuerdo con la mesa sin saber que era un acto ilegal. Ahora podría ser también lo otro; yo no podría prejuzgar sin tener todos los elementos''.