Durante violento operativo, policías detienen a unos 40 mayas, aseveran testigos
Reprime el gobierno yucateco protesta pacífica contra proyecto aeroportuario
Ejidatarios denuncian despojo de tierras para construir obras que rechaza la población
Ampliar la imagen Con la presentación de un performance, la actriz Ofelia Medina y algunos estudiantes exigieron la libertad de los presos de San Salvador Atenco, el jueves pasado afuera de la Secretaría de Gobernación Foto: Yazmín Ortega Cortés
En un gran operativo -violento, de acuerdo con testigos-, la policía de Yucatán detuvo el jueves pasado en la comunidad de Caucel a 40 ejidatarios mayas que protestaban pacíficamente contra obras impuestas por el gobierno del panista Patricio Patrón Laviada en comunidades próximas a Mérida, entre ellas un aeropuerto -aún en proyecto- en Hunucmá, cuyos pobladores han reiterado que no permitirán el despojo de tierras.
Según informa el Movimiento de Cultura Popular, la mañana del jueves, habitantes y ejidatarios de Caucel realizaron una marcha para protestar contra la Comisión Ordenadora para el Uso del Suelo en el Estado de Yucatán (Cusey), "que ha estado invadiendo tierras ejidales con el argumento de que éstas ya se vendieron, pero sin mostrar ningún documento que lo compruebe".
Caucel ha sido invadido por la mancha urbana, y la mayor parte de su tierras ejidales ya están en manos privadas, como Cemex, y públicas, como la Junta de Agua Potable, que pretende construir una purificadora para la inmensa zona que ocupará el proyecto Metropolisur, en el cual está incluido el propio aeropuerto, así como planes para la construcción de viviendas, comercios y vialidades, entre otros.
Metropolisur, con el nuevo aeropuerto, añade el Movimiento de Cultura Popular, adherente de la otra campaña, "son los proyectos más grandes del gobierno panista, el primer paso del Plan Puebla-Panamá en la península, y un negocio redondo para todos los partidos políticos que ya aprobaron la petición del gobernador de un préstamo de mil 48 millones 800 mil pesos para la construcción del aeropuerto. Hunucmá y Oxcum son las comunidades más organizadas contra los proyectos millonarios del gobierno panista y los grandes empresarios extranjeros y locales (como el banquero Roberto Hernández)".
También fue detenido el abogado William Santos Sáenz, quien ha acompañado ésta y otras luchas, como las de los taxistas en Motul y los ejidatarios de Caucel. "La marcha, donde participaban unas 150 personas, pedía que la maquinaria de Cusey dejara de invadir la última franja habitacional que poseen. Los ejidatarios vieron darse unas vueltas al funcionario de Cusey poco antes de que iniciara la marcha (a las 10:30 horas) y en poco más de media hora ya tenían un operativo de la Policía Estatal con unas 15 patrullas y dos camionetas antimotines llenas de agentes, que inmediatamente comenzaron a detener a la gente. Santos caminó hacia la policía para ver qué estaba pasando cuando fue esposado y arrestado junto con 38 personas más, entre ellas un menor de edad, que ya fue liberado.
"Entre los detenidos se encuentran cuatro representantes de Hunucmá, incluidos el comisario ejidal Marcelino Mex Cauich, y José Gilberto Koc Canal, integrantes ambos del Congreso Nacional Indígena y personajes clave de su pueblo, junto con Felipe Moo Borges. Los otros 33 detenidos son de Caucel. Hay ancianos enfermos y gente que no participaba en la protesta, como es el caso de varios campesinos que regresaban del monte, a quienes ahora intentan acusar de portación de armas peligrosas (porque traían coa y machete) y otros delitos menores, por ejemplo, el de obstrucción del paso a la maquinaria. Los presos van desde participantes en el movimiento hasta un anciano recogedor de botellas de plástico que sólo pasaba por ahí."
Según los denunciantes, no se ha permitido a los abogados hablar con los detenidos. Rafael Acosta Solís, defensor de algunas personas de Caucel, interpuso 11 amparos contra la incomunicación de los detenidos, "pero ya pasada la media noche se supo que habían pasado a declarar algunos y los habían obligado a firmar (no se sabe qué) sin más testigo que el abogado de oficio. Muchos de los presos no aceptaron declarar ni firmar. Se entiende que es un golpe político para infundir miedo, así como medir la fuerza de la respuesta organizada, y un mensaje a los indígenas de Hunucmá y Oxcum, para que sepan que ahora sí va en serio".
Las autoridades "decidieron golpear en una comunidad como Caucel, donde no se encuentran fuerzas tan organizadas como en Hunucmá y Oxcum (los tres pueblos son vecinos)", agrega la denuncia.
El procurador Armando Villarreal Guerra, ex asesor jurídico del gobierno estatal, recibió a una comisión de cinco personas, "a quienes dijo que se iban a tomar las declaraciones, pero que todavía no sabía por qué los habían detenido (esto fue a las 10 de la noche, casi 12 horas después), ni qué cargos se les imputaban, pero que estaban tipificando el delito para poder tomar las declaraciones. Más tarde, en actitud prepotente, Villarreal agredió a los abogados y les dijo que dejaran de azuzar a la gente porque la procuraduría estaba actuando con 'legalidad'.
"Sabemos que el golpe a los ejidatarios estaba planeado, y que después de las elecciones iba a consumarse. El mensaje es claro: mano dura a la disidencia, y de paso, captura a representantes de la lucha contra los dos gigantescos proyectos", concluye la denuncia. Los ejidatarios y pobladores de Hunucmá, Oxcum, Umán y Caucel acudieron hoy a la procuraduría estatal para exigir la liberación de los presos.
A su vez, la otra campaña indígena maya de Yucatán denunció: "el gobierno del estado ha decidido, después de las elecciones federales, reprimir a los indígenas y campesinos adherentes de la otra campaña que se han apostado en sus tierras para defenderlas del despojo del gobierno panista. Nuestros hermanos fueron detenidos con lujo de violencia por la Policía Estatal, cuando se posicionaron frente las maquinarias que pretendían iniciar el desmonte para la construcción del aeropuerto. Su intención era impedir
el despojo de sus tierras. La compañía a cargo de dicho trabajo denunció a los indígenas de daños en propiedad ajena, y el gobierno, que al parecer tenía planeado este hecho, envió con toda celeridad a varios cuerpos de policías que arremetieron en contra de los indígenas".