Rinden declaración en instalaciones de la SIEDO
Pide la PGR orden de arraigo para 16 policías de Apatzingán
La Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó a un juez federal una orden de arraigo para los 16 policías municipales de Apatzingán, Michoacán, que desde temprana hora de ayer fueron trasladados al Distrito Federal para que rindieran declaración preparatoria ante el Ministerio Público Federal por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.
Los uniformados trasladados la madrugada de ayer forman parte de los 47 elementos que la Procuraduría General de la República adscrita en Michoacán mantenía detenidos desde el jueves por sus presuntos vínculos con el grupo de narcotraficantes identificados como Los Zetas. Los 31 policías municipales restantes fueron liberados bajo reserva en Apatzingán, debido a que no se les pudo comprobar relación alguna con el cártel de la droga, sin embargo, para las autoridades federales no quedaron eximidos de los delitos.
Hasta el momento se desconoce si el director de la corporación local, Gabriel Torres González, fue detenido en principio, y liberado junto con los 135 policías bajo su mando, si figura dentro de los que siguen siendo interrogados o inclusive si se halla prófugo, ya que en el momento del operativo se encontraba de vacaciones y hasta el momento se desconoce su paradero.
La detención del cuerpo público de seguridad municipal se originó el pasado 5 de este mes, cuando por la noche ocho hombres fuertemente armados con rifles AK-47 y AR-15, a bordo de una Cherokee gris, acribillaron a un hombre e hirieron de gravedad a dos más. La policía ubicó la camioneta donde viajaba el grupo armado e inició una persecución, sin que lograran detener a los agresores.
El Ministerio Público y peritos criminalistas que acudieron al lugar identificaron a la víctima como José Ángel Barrera García, de 38 años, con domicilio en la calle Las Flores, en la colonia Piedras Blancas, en Apatzingán.
A 15 metros del lugar, fue descubierto un Jetta verde, placas PMS-6095, donde estaban Gustavo Arce Pérez y José Antonio Morales Vega, gravemente lesionados, las cuales fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil.
Acompañados de un convoy de policías, los heridos fueron trasladados al nosocomio más próximo a bordo de una ambulancia de Protección Civil estatal, sin embargo en la autopista Lázaro Cárdenas-Uruapan, a la altura de la caseta de Santa Casilda, las unidades fueron interceptados por un grupo armado que secuestró la ambulancia, mientras que otro grupo amagó a los agentes municipales sobre la autopista.
La mañana del día siguiente, un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado salió en búsqueda de la ambulancia, sus tripulantes y los heridos, sin obtener resultados. Hasta el domingo, elementos de la Policía Municipal de Buenavista-Tomatlán descubrieron sobre la brecha que comunica al basurero municipal la ambulancia, y al revisarla localizaron a los dos paramédicos atados y amordazados.
Ese mismo día, los 12 policías municipales que custodiaban la ambulancia fueron requeridos por la SIEDO y trasladados a la ciudad de México, así como 11 elementos de esa corporación para ser sometidos a diversos interrogatorios, entre los que se encuentran un comandante y un suboficial.