Estima diputado en mil millones de pesos la inversión necesaria
Requerirá recursos el nuevo sistema de justicia para menores, advierten
Para establecer un sistema integral de justicia para menores de entre 12 y 18 años de edad, y con ello dar cumplimiento al artículo 18 de la Constitución, el gobierno capitalino requiere personal especializado y alrededor de mil millones de pesos, afirmaron por separado el mandatario local, Alejandro Encinas, y el diputado perredista Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El legislador detalló que al plantear un sistema integral de justicia, con un nivel de especialización de quienes lo atiendan, obliga a la creación de un conjunto de espacios. "En primer lugar se requieren entre 600 y 900 plazas en la policía preventiva, la Procuraduría General de Justicia y en la Defensoría de Oficio, a lo que se suma la creación de nuevos juzgados y salas penales".
Por ejemplo, en el caso de la Defensoría de Oficio se tendría que nombrar a un jefe de unidad departamental, tres jefes de defensores de oficio, 50 defensores de oficio, cinco peritos de servicios legales, cinco trabajadoras sociales y 38 plazas de personal administrativo; en el caso del Tribunal Superior de Justicia, se habla de la creación de 12 juzgados adicionales, dos salas específicas para adolescentes y la apertura de 332 plazas judiciales penales.
Informó que se giraron oficios a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el propósito de definir una estrategia que permita analizar los mecanismos y la viabilidad de la puesta en marcha de estas leyes en cada uno de los estados y el Distrito Federal.
Hernández Raigosa recordó que, en promedio, el número de jóvenes que cometen algún ilícito asciende a cuatro mil, quienes en caso de que la ALDF no aprobara la ley de justicia para adolescentes en el DF, a más tardar el 12 de septiembre, podrían ampararse y solicitar su libertad con el argumento de que no se cumple con sus garantías constitucionales.
En tanto, el jefe del Ejecutivo local dijo que espera resolver con las autoridades federales los términos en que se realizará el traslado a la administración local del sistema de justicia penal para menores infractores, antes de que venza el término previsto.
Explicó que no queda claro de qué manera se hará la transferencia de recursos, no solamente económicos, sino también de la infraestructura, tanto a la autoridad ejecutiva como a la judicial, puesto que también el Tribunal Superior de Justicia requerirá de recursos adicionales para atender a los menores infractores en juzgados expresamente creados para ello.
"Es una buena oportunidad para hacer una renovación; además, el gobierno federal requiere de mucho personal para la atención de los penales federales; son temas que irán surgiendo y que tendrán que resolverse antes de septiembre", apuntó.