Editorial
Recuento de votos y claridad democrática
El calendario posterior a los comicios sigue su curso y continúan apareciendo irregularidades que ensucian aún más el proceso electoral para la Presidencia. Ayer sábado, el PRD denunció que las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE) autorizaron de forma ilegal la apertura de 40 por ciento del total de los paquetes con los sufragios, cuando está establecido que ninguna autoridad administrativa, como el IFE, puede abrirlos sin el conocimiento de los partidos políticos y sin la autorización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los líderes perredistas acusaron también que Felipe Calderón, candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), aceptó la participación de empresas trasnacionales en su campaña electoral, algo no permitido en nuestra legislación.
Mientras tanto, el TEPJF comenzó el análisis de los medios de impugnación de la elección de Presidente de la República. De 30 asuntos turnados hasta el momento, 19 corresponden a demandas de la coalición Por el Bien de Todos y 11 del PAN. Se espera que el expediente de la coalición, en el cual se incluyen impugnaciones en más de 50 mil casillas, sea asignado a varios magistrados entre el lunes y martes próximo. El proceso deberá concluir a finales de agosto y a principios de septiembre el tribunal tendrá que pronunciarse acerca de la validez de la elección presidencial.
Ante los hechos, es buen momento para hacer un recuento de lo sucedido el domingo 2 de julio y los días posteriores. Desde el lunes 3, Andrés Manuel López Obrador, al frente de la coalición Por el Bien de Todos, denunció gran número de irregularidades registradas antes, durante y después de la votación. Conforme fueron pasando los días, se confirmaron los peores temores: el IFE declaró vencedor a Calderón Hinojosa, por un margen de poco más de 200 mil votos, pese a registrarse innumerables irregularidades en todo el país y a pesar de que no estaba autorizado para hacerlo.
Entre las acciones indebidas detectadas se encontró que presuntamente el sistema de cómputo estaba amañado, con resultados prestablecidos, se hallaron actas falsificadas y se permitió el uso de la televisión para dar cifras alteradas.
El 9 de julio, la coalición presentó la impugnación a la elección presidencial. Con esta inconformidad, PRD, PT y Convergencia exigen un recuento, voto por voto y casilla por casilla. Entre los argumentos que se expusieron están: inequidad, uso de recursos públicos en favor del candidato panista, intervención del presidente Vicente Fox y un video sobre la presunta participación de la empresa Hildebrando en el padrón electoral.
Ante este panorama, la lucha contra el virtual fraude cometido el pasado 2 de julio en las elecciones presidenciales no se detiene. Este domingo, cientos de miles de personas acudirán a la segunda movilización multitudinaria convocada por la coalición Por el Bien de Todos para exigir que el tribunal electoral apruebe un recuento de sufragios para definir, de una vez por todas, al ganador de la elección presidencial.
La decisión de los magistrados del TEPJF es vital para el futuro democrático del país, la estabilidad y la paz social. Y es que, mientras no se aclare lo que realmente sucedió el pasado 2 de julio, el país vivirá tiempos de incertidumbre, en los que reinará la ingobernabilidad y la sospecha.