Al involucrar al tribunal se cometió fraude: Por el Bien de Todos
Autorizó el IFE apertura ilegal de 40% de paquetes
Exigen a Abascal Carranza que deje de presionar a magistrados
La coalición Por el Bien de Todos denunció que funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) autorizaron de forma ilegal la apertura de 40 por ciento del total de los paquetes electorales, "hecho que configura el delito de fraude" contra Andrés Manuel López Obrador, y confirmó su negativa a pretender echar atrás los comicios a través de la figura constitucional de nulidad abstracta.
Ricardo Monreal, Manuel Camacho y Jesús Ortega ubicaron el camino para solucionar la crisis política, a través del conteo voto por voto. El ex gobernador de Zacatecas y coordinador de las redes ciudadanas, denunció públicamente a Felipe Calderón Hinojosa por violar la legislación, al aceptar la participación de la trasnacional Pepsico (Sabritas) y de Jumex en su campaña electoral.
En la víspera de la segunda movilización multitudinaria contra el fraude, a celebrarse este domingo en el Zócalo de la ciudad de México, Monreal desglosó el argumento constitucional por el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene atribución para optar por el conteo de cada uno de los votos:
"La Constitución da base para que el tribunal actúe de manera amplia en la interpretación del artículo 41, el cual señala que el proceso electoral tiene que observar cinco principios rectores: certeza, legalidad, objetividad, independencia y certidumbre. Estos cinco principios son los que rigen los comicios, y si uno de ellos faltara en cualquier proceso, incluso municipal o de un distrito local, y máxime de un proceso nacional, ha de considerar que no se verificó una elección democrática y puede resolver que se cuente voto por voto".
La única forma de confirmación
La estrategia jurídica en la defensa del voto se fundamentará en el recuento voto por voto de las más de 130 mil casillas instaladas en el país, porque es la única forma de confirmar quién ganó, y la coalición no se conformará con el dictamen de las 50 mil casillas impugnadas.
Conocedor del tema, descartó que la propuesta de la coalición constituya una medida de excepción, porque no existe una hipótesis normativa concreta. Ejemplificó con demandas de conteo en pasados procesos electorales.
"No la hubo en el caso de Tabasco, no la hubo en Colima, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Zamora, Michoacán, en Torreón, Coahuila; no la hubo en muchas otras resoluciones del tribunal, y ya ha generado jurisprudencia. Los juzgadores no son estrictos aplicadores de la norma, no son letristas, son juzgadores, y tienen que acudir a las distintas fuentes del derecho para poder ejercer su facultad de juzgar y de emitir una resolución apegada a derecho".
En su intervención, Monreal reveló la participación ilegal de empresas en franco apoyo del candidato panista. En el juicio de inconformidad presentado ante el TEPJF se establece un capítulo especial sobre la violación a la ley por parte de Sabritas (Pepsico) y Jumex, porque entre sus propios corporativos promovieron el voto ilegalmente en contra de un candidato y en favor de otro.
"En nuestra legislación no se permite financiamiento de ninguna sociedad anónima, menos extranjera. Cuando se aportan recursos de una sociedad extranjera a una campaña política se tienen graves sanciones, hasta la pérdida del registro del partido político que contiende y obviamente sus consecuencias de la anulación total".
Además, la denuncia reiterada de apertura ilegal de paquetes electorales, a manos de funcionarios del IFE, en connivencia con representantes del PAN, llevó a la coalición a solicitar información al Consejo General del instituto sobre la cantidad de paquetes electorales que se abrieron.
"Y no nos han dicho, no nos han querido decir. Esto lo vamos a fundamentar como prueba superveniente. Nosotros estimamos que se abrieron más de 40 por ciento de los paquetes electorales. Más del 40 por ciento en todo el país. Este es un acto ilegal, porque el único que tiene autorización es el TEPJF. Recuerden ustedes que el día 11 de julio el director ejecutivo de Organización Electoral del IFE envió una comunicación a Horacio Duarte diciéndole que desde un día anterior, primero por petición de las coaliciones, y por indicaciones del tribunal electoral estaban abriendo los paquetes para sustraer documentos electorales que habían solicitado".
-¿Qué implicación conlleva esta decisión del IFE?
-No podía haber sido, porque hasta ayer estaban recibiendo en el tribunal los recursos y las actas correspondientes. Por eso ni siquiera en este momento el tribunal puede ordenar la apertura de un paquete, porque apenas va a sustanciar, apenas va a integrar el expediente y luego vendrá la etapa procesal. Así que incurrieron en una grave irresponsabilidad, y más grave es que involucraron al tribunal.
"Hemos solicitado al tribunal precisamente la copia del oficio donde ordenaba el supuesto, para ver cómo fundaron y motivaron su acto para solicitar la apertura de los paquetes electorales. Este es el hecho más grave que ha sucedido en la etapa poselectoral: la apertura de paquetes por una autoridad administrativa, por el IFE, sin el conocimiento de los partidos políticos y sin la autorización del tribunal".
-¿Presentarán con esto un recurso extraordinario al TEPJF?
-Nosotros vamos a presentar al tribunal, como pruebas supervenientes, que sentó su nombre y su autoridad para abrir paquetes de manera ilegal. Nosotros sostenemos que intentaron en la desesperación cuadrar las cifras que contienen el PREP, los cómputos y los votos, frente al peligro que ellos saben que existe para ellos o frente al riesgo de que el tribunal adopte una resolución del conteo voto por voto. Se van a dar cuenta de cómo actuó el IFE, y por eso el apresuramiento de abrir paquetes, pero será una prueba superveniente. Otra más es la declaración del jefe del Ejecutivo federal, donde califica de renegados a 15 millones de mexicanos; es otra prueba superveniente, porque el asunto está sub judice, no está resuelto y se demuestra con esto el ánimo de un Presidente metido desde antes a la elección, el día de los comicios y después de éstos.
Por su parte, Manuel Camacho Solís exigió al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, que abandone la postura de intervención en el conflicto poselectoral, sobre todo en lo referente a presionar al TEPJF.
"Es muy importante que seamos respetuosos del tribunal. Hemos descubierto que el secretario de Gobernación ha venido haciendo una tarea de presión sobre los magistrados. Le exigimos que se detenga, que cese, ya ha hecho muchas cosas ilegales. Se metió al proceso electoral, ha tratado de presionar a los concesionarios de radio y televisión. Y si ahora lo hace se va a exponer a que lo hagamos responsable de actos ilegales e ilegítimos, con todas las consecuencias que esto implica.
"También quisiéramos que hubiera respeto a la independencia de los magistrados de parte de todas las demás autoridades de todos los poderes. Tenemos información de presiones que están recibiendo de parte de otros poderes. Y a los que lo están haciendo, que escuchen bien, nosotros seremos respetuosos de ellos (de los magistrados), pero pedimos que todos los demás también lo sean".
Campaña en contra
El coordinador de las redes ciudadanas acusó al gobierno federal, al PAN y a su candidato de mantener la campaña de defenestración contra su oponente, con objeto de desvirtuar sus legítimas demandas.
"Nosotros ya sabemos que están actuando fuera de la ley, y están mintiendo de manera sistemática ante la opinión pública. Sabemos que pueden mentir, pero nosotros vamos a utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance para que este asunto quede aclarado con precisión. Lo que hemos comprobado es suficientemente grave para concluir que están mintiendo y que están violando la ley. Nosotros queremos contribuir a la distensión, por eso estamos haciendo estos llamados, ahora que Calderón, el gobierno y su partido están perdiendo esta batalla de opinión y están muy preocupados porque saben que le suena de sentido común a la gente que si hay una inconformidad sobre el resultado se levantan sospechas, y por tanto es razonable que se vuelvan a contar los votos. La mayoría de la población mexicana piensa que se deben de volver a contar los votos", concluyó.