Para empezar a cantar
Fortalecer las instituciones y organizar al pueblo": así fue cómo respondió el general Lázaro Cárdenas a una pregunta sobre lo que había qué hacer en el México convulso de los años 60, antes del axial 68. ¿Cómo darle actualidad al dicho del general? ¿Podemos afirmar que su legado, resumido en esta frase de modo luminoso, es para hoy?
No pienso que haya muchos que duden sobre la vigencia del primer postulado. Fortalecer las instituciones en momentos de decisión a la vez que de incertidumbre y miedo, resulta siempre aconsejable, aunque sea como placebo, dada la dificultad que todos enfrentamos hoy para decir por dónde y cómo empezar a caminar, es decir, en qué dirección y a qué ritmo hacerlo.
Víctimas de nuestra ambición totalista, no acertamos, o no nos atrevemos, a proponer cuál debe ser el primer paso, por dónde empezar. Pero el consejo del general sigue en pie: no podemos siquiera plantearnos esas y otras interrogantes sin reglas, acomodos, costumbres, acuerdos, que en su siempre desigual e imperfecto concierto forman eso que llamamos con laxitud instituciones. Y vaya que tenemos de eso, tanto que hasta nos damos el lujo de despreciarlas, abusar de ellas, hacer como si no existieran.
Lo segundo no es popular hoy día, y habrá seguramente quien me diga que no sólo no es popular sino impertinente. En el siglo XXI, en la democracia y en la globalidad, ¿a quién diablos se le puede ocurrir eso de organizar al pueblo? ¿''El qué"?, me dirá un posmoderno. "A otra cosa con ese populismo embadurnado". Lo que hay, debe haber con el subrayado de autoridad que se impone, son ciudadanos y esos son libres por definición hasta que sus exegetas digan lo contrario.
Y sin embargo, como tal vez hubiese dicho el gran mexicano de Jiquilpan, se mueve. Fortalecer las instituciones sin pensar ni registrar la existencia del pueblo y su necesidad ingente de organización es bordar en el vacío, hacer de la política juego de salón, y del poder coto privado de los herederos de una riqueza nunca bien habida. Es decir, es echar por la borda el tejido institucional y dar al traste con lo poco que tenemos de ese tan ansiado y abusado Estado de derecho.
Defender el derecho es, entonces, divisa central, eje articulador de la fórmula cardenista: sin derecho y sin su obligada codificación, sin leyes de la tierra como diría Henry Fonda, no hay país qué defender o imaginar, no hay patria por soñar, no hay comunidad imaginada por la cual luchar y aspirar a dirigir. Sólo hay vacío, como al que nos acercó este gobierno cuando renunció a hacer política exterior y se rindió en la primera jugada ante los poderes de hecho, que decidieron que lo mejor que le podía pasar a este pueblo tan levantisco era someterlo a los rigores de la estabilidad financiera, aunque para ello hubiere que pagar con altas cuotas de desempleo, mal empleo, informalidad avasalladora.
¿Qué instituciones hay que fortalecer? Desde luego las que erigimos al final del siglo XX y que hoy nos dan algún tipo de certidumbre, aunque nos cueste muy cara: el IFE y el TEPJF (pace maestro Wolden); el Banco de México; la Suprema Corte. Con ellas, podemos aspirar a que mediante la política del Estado y los compromisos de la sociedad organizada el país en su conjunto pueda desatarse y echar a andar, en pos de la gran aventura de un desarrollo benefactor, creador de empleo y productor de bienes y servicios que sustenten el bienestar social.
¿Algo más? Alguien podría decir que con eso basta y sobra, y algún tecnocratito recién llegado podría inclusive decir que eso es poner en riesgo los equilibrios macro, que tanto sudor y sangre nos han costado. Pero poner en entredicho este mínimo complejo institucional y la conveniencia de ponerlo a trabajar en nuestro beneficio, so pretexto de ser niños bien portados ante la comunidad financiera internacional, ha pasado de moda y en ello sólo creen los mal informados, aunque de Harvard o Yale nos vengan. Los países tienen que crecer so pena de desaparecer, y el nuestro tiene además que hacerlo porque así lo manda su demografía elemental, la que la emigración no puede corregir aunque nos llene de remesas y presentes que todos sabemos, o deberíamos saber, no durarán.
Desde luego que hay mucho que actualizar y poner en acto: la salud pública en primer término, porque así lo mandan los derechos del hombre y los mil y un compromisos internacionales que México ha suscrito. Convertir a la salud en derecho humano no estaría mal para una nación otrora tan presuntuosa en materia de justicia social. Es lo elemental, lo básico, y hasta ahora nos lo hemos negado.
Sin duda, tenemos la cuenta pendiente de la educación, no sólo en cantidad sino sobre todo en calidad, que hoy nos salta a la cara en la primera plana de cualquier diario o arrebato de locutor de radio y TV. No sabemos comunicarnos ni comunicar, y nuestras disposiciones a la deliberación están inundadas de sarro. Y si no que lo diga el valiente que haya seguido la elección a través de los medios.
Los patrones mineros y sus seguros servidores en la Presidencia y la Secretaría del Trabajo han puesto en tiempo presente el derecho del trabajo y la vigencia del artículo 123 de la Constitución. La agresión contra el sindicato minero es inicua e inaudita, y lo único que es más grave que lo que ocurre en Lázaro Cárdenas o Nacozari es la estolidez de aquellos que critican a los sindicatos agrupados en la UNT por "defender a Napo". No hay, no debería haber, manera de hacerse el que la virgen le habla: lo que tenemos enfrente es una agresión artera del poder público contra los trabajadores mineros, en Sonora, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, y no antes sino después de Pasta de Conchos. Vergüenza total sobre el secretario Abascal y su heredero y sobre los gobernadores que inclinan la cerviz ante el insolente dueño del subsuelo que reclama obediencia y obsecuencia. Vergüenza, en realidad, sobre todos nosotros, que asistimos sin inmutarnos a este espectáculo de burda violación de los principios fundamentales de nuestra convivencia.
Pero, ¿y el pueblo? Se ha decretado que no existe y que todo aquel que ose evocarlo, como lo ha hecho López Obrador, es sujeto de toda sospecha y próxima víctima de la sentencia del tribunal de alzada del buen saber y entender. Resulta, sin embargo, que algo así como El Pueblo existe, en las humildes o estentóreas manifestaciones pacíficas en torno al Peje o en el reclamo cotidiano en las esquinas, o el minibús o el Metro, de que los que hacen justicia la hagan bien y nos dejen a todos si no contentos sí tranquilos de que se hizo lo que se pudo para satisfacer el ansia y la sed, como decían los antiguos, de justicia.
Con y desde el pueblo, diría Cárdenas, como lo dijo muchos años después el gran Salvador Allende, las instituciones adquieren vida y vibran, se moldean y la vida social se modula. Sin el pueblo, ese que nos quieren imponer como el gran ausente y enseñar a los niños que no existe, para exorcizar al populismo de todos tan temido, las instituciones se vuelven cosa inerte, rutina, motivo para que los burócratas se burlen de uno y simulen adorarlas. Sin el pueblo y su concurso no hay vida cívica que valga la pena y no hay honor ni cultura que defender y cultivar.
A España, dijo alguna vez Machado, la defiende el pueblo. A México también.