¿Anulación?
El que el IFE haya estado abriendo paquetes con votos tiene consecuencias diversas. Primero, lo hicieron a escondidas. Si de verdad se tratara de sacar sólo inconformidades y en general documentos que el tribunal electoral iba a necesitar, pues en medio de este clima de desconfianza y confrontación, lo más sencillo era abrir los paquetes en presencia de representantes de los partidos, sacar los papeles necesarios e inclusive levantar un acta con las firmas de los asistentes. Pero a ningún funcionario local del IFE se le ocurrió semejante idea. Todos en lo oscurito.
¿Quién puede dejar de sospechar, en estas condiciones, que además, aprovechando los paquetes abiertos, se agregaron los votos por Calderón en el mismo número que se habían añadido electrónicamente para elaborar las actas falsificadas, y se extrajeron de cada paquete los votos que le habían quitado a López Obrador para esa misma operación? Esto y otras irregularidades colectivas han dado pie a que se empiece a discutir una posibilidad que hasta hace unos días no se tomaba en cuenta: la anulación de la elección.
El jueves pasado se publicó, en estas páginas, un resumen de lo dicho por un magistrado electoral en una conferencia anterior a las elecciones. El ponente citó antecedentes en que esto se ha hecho: las elecciones de Tabasco en 2000 y Colima en 2002, así como tres diputaciones federales y 11 ayuntamientos. Y citó que los partidos acataron estas decisiones y cuando hubo conflictos fueron menores que en casos en los que se tomaron otro tipo de resoluciones.
Este es un caso especial. Si se tomara esta decisión, habría una injusticia de fondo, frente al planteamiento de recontar voto por voto, al negarse el triunfo a quien en realidad lo obtuvo, López Obrador. Al mismo tiempo, se le da la razón en lo político al implicarse que las elecciones no fueron limpias. Por otro lado, tampoco les iría bien a los líderes panistas y a su candidato, beneficiarios directos del fraude, ahora exhibidos. En cuanto a la dirección del IFE, para ésta sería el fin: las elecciones que presentaron como las más puras y limpias, son anuladas por tantas irregularidades y, en una palabra, por el fraude, por la autoridad superior. Sin prejuzgar lo que suceda, al tratarse de una posibilidad casi no discutida, veremos otras de sus implicaciones.
Según el artículo 84 de la Constitución, en estas condiciones el Congreso de la Unión (ambas cámaras) "se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho".
Ningún partido tiene, en la nueva legislatura, mayoría absoluta. Podemos pensar en dos posibilidades básicas. Una de ellas es el "PRIAN". Pero, además de que no resolvería el problema de fondo ni las tensiones crecientes en el país, está por verse si el PRI le va a entrar después de que el PAN, vía Elba Esther Gordillo, sobornó a gobernadores priístas del norte para que los votos del PRI se los pasara al PAN. Además de que esto revela el control de los votos, pues los votantes ni se enteraron en ese momento, dejó al PRI aún peor de lo que estaba en las elecciones. Por lo pronto, expulsaron a Gordillo, después de que durante mucho tiempo sólo se hablaba de ello.
La otra posibilidad a la que nos referimos es la de un consenso. Esta, a su vez tiene muchas implicaciones: reformas a la ley electoral a partir de las recientes experiencias, nueva directiva del IFE (por consenso o por acuerdo del PRI y el PAN, es obvia la diferencia entre ambas experiencias que hemos tenido), y... el presidente interino, que, como vimos, requiere quórum de dos tercios y mayoría absoluta de votos.
El tiempo es uno de los factores que complican la posible anulación de la reciente elección. El siguiente gobierno constitucional (electo por la gente) tendría sólo cuatro años y pocos meses de duración. Ya no digamos el presidente interino, con un año y meses. La mejor opción, hoy, sigue siendo el voto por voto.
En cuanto a un "triunfo" de Calderón en las elecciones, o a un presidente interino de derecha sobre la base de que los gobernadores del PRI que vendieron los votos de su partido al PAN, y su influencia sobre los legisladores priístas de sus estados, estos escenarios dejarían para mejores tiempos la estabilidad del país y la democracia. La mayoría de la gente, incluyendo a la absoluta mayoría de las personas informadas que no se conforman con ver la televisión, estaría descontenta; los sindicatos y otros organismos sociales tendrían que tomar medidas defensivas y las instituciones estarían desacreditadas.