Obispo de Sinaloa aplaude informe de la comisión
Comprobado, que por negligencia ocurrió la explosión: Cereal
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, comprueba que la explosión de la mina, que ocasionó la muerte de 65 empleados, no fue producto de "un error humano o una desgracia ordinaria, sino que había condiciones previas y actitudes negligentes y omisas" de funcionarios públicos y de la empresa Minera México, aseveró Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
En tanto, el obispo de Mazatlán, Sinaloa, Mario Espinosa Contreras, celebró el pronunciamiento de la CNDH, porque "las instituciones deben estar velando por las condiciones laborales de los trabajadores y brindarles protección cuando se encuentran en alto riesgo". Es decir, añadió, "dar cuidado especial, porque está de por medio la vida de cientos de personas".
Carlos Rodríguez cuestionó, en entrevista por separado, a la STPS, porque "no se ha preocupado" por fincar responsabilidades después de la explosión, ocurrida el 19 de febrero pasado. Llama la atención, dijo, que la CNDH lo haya hecho en un tiempo menor al que ha tenido la dependencia a cargo de Francisco Salazar, quien a cinco meses de los hechos "no ha pronunciado ninguna declaración para saber por dónde van sus investigaciones y mucho menos para señalar responsables".
Esa situación lo hizo dudar de que el funcionario atienda la recomendación emitida por el organismo defensor de esas garantías. En todo caso, subrayó, Minera México, que tiene los derechos de explotación, "es la que resulta ganadora, porque elude y evade su responsabilidad en los hechos".
Por tanto, consideró importante que la CNDH solicite la intervención del órgano interno de la Secretaría del Trabajo para que "determine el procedimiento de los órganos públicos que actuaron con omisión y negligencia". Más, añadió, porque con la recomendación "sacó el tema del olvido y hace ver que las violaciones a los derechos laborales no sólo implican al patrón y al empleado, sino también envuelven a las autoridades por sus constantes actitudes de omisión y negligencia".
En ese contexto, Carlos Rodríguez recordó que la semana pasada la comisión que se creó en la Cámara de Diputados para analizar los hechos, encabezada por el panista Lucio Lastra, encontró que no había condiciones para acreditar responsabilidades a la empresa ni a personal federal.
Condenó que la STPS no haya resuelto el conflicto minero "en su conjunto, de manera apegada a la ley". Aparte de Pasta de Conchos, lo relativo a Sicartsa, Michoacán, y recientemente Nacozari, Sonora, donde autoridades federales y empresarios "pretenden cerrar la mina para reabrirla con otros trabajadores, con un nuevo contrato colectivo y un novel sindicato, atentando así contra los derechos laborales".
Por su parte, el obispo Mario Espinosa manifestó que "es digna de tomar en cuenta" la recomendación de la CNDH, porque además de elaborarla con "objetividad e imparcialidad" confirma que "cualquier tipo de empresa debe garantizar la seguridad de los trabajadores, especialmente de quienes trabajan en alto riesgo, como los de cantera y minas. Sus labores son mucho más peligrosas que otras y requieren necesariamente mayor cuidado, medidas de seguridad e incentivos".
A mayor riesgo y mayor dificultad, insistió el prelado, mayor protección. Aunque dijo que toca a los jueces evaluar si hubo "responsabilidad compartida en la tragedia entre el Ejecutivo federal -a través de la STPS- y Minera México". Sostuvo que tras la declaración de la CNDH, es momento de que se garanticen las condiciones de seguridad para ese tipo de trabajadores, incluidos salarios en proporción al riesgo que corren. También debe ayudar, aseveró, a "asumir los compromisos con los deudos" de los 65 mineros muertos.