¿Dónde está el balón?
1) ¿Dónde está el balón? ¿Entró ya en alguna portería? ¿Hacia dónde camina el conflicto poselectoral más importante en la historia reciente del país?
2) No se ha resuelto aún quién ganó las elecciones presidenciales del 2 de julio. Los resultados dados a conocer hasta ahora, además de haber sido fuertemente impugnados, no poseen validez oficial. Corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizar el cómputo y calificar la elección. Tiene entre el primero y el 6 de septiembre para hacerlo. Mientras tanto, cuenta hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones que se han presentado y resolver si cambian los números.
3) La coalición Por el Bien de Todos presentó al tribunal un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección a presidente de la República. Allí se demanda que no se haga la declaración de validez de la elección, así como la revisión, voto por voto, de los resultados en las 130 mil casillas en todo el país, y no sólo en las 50 mil que impugnó. Sostiene que la elección presidencial fue ganada por Andrés Manuel López Obrador.
4) Diversos analistas afirman que la coalición pretende que el tribunal anule los comicios a través de la figura constitucional de nulidad abstracta. Esta vía obliga a nombrar un presidente interino que organice nuevas elecciones en un plazo de 18 meses. López Obrador dice que no es así, que ésa no es la ruta trazada.
5) Felipe Calderón rechaza el conteo voto por voto. Asegura que hacerlo es ilegal. Afirma que es el triunfador indiscutible de la contienda. Sin embargo, su partido impugnó los resultados de 500 casillas.
6) Connotados especialistas señalan que la ley avala al TEPJF para contar votos. Existen tesis de jurisprudencia, emitidas por dicho tribunal, que permiten a esta instancia jurisdiccional allegarse todos los elementos necesarios para resolver las controversias.
7) La estrategia del Calderón de proclamarse candidato ganador, apoyado por los medios de comunicación electrónicos, fracasó. Para imponerse necesitaba hacerse creíble en los primeros días posteriores a los comicios. No sucedió así. Ahora creen esta versión los poderes fácticos que se encuentran detrás de su candidatura, quienes votaron por el Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados en el proceso electoral: Roberto Campa y Patricia Mercado. En cambio, la rechazan millones de ciudadanos que han tomado las calles y que están convencidos de que se cometió fraude. El apoyo diplomático que tuvo en los primeros días se desinfló. La expulsión de Elba Esther Gordillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dificulta las maniobras de quienes, desde su interior, desean negociar con Calderón. Fuerzas tan importantes como el Ejército han guardado silencio.
8) La coalición afirma que su lucha no se limita a reconocer el triunfo de López Obrador, sino a frenar un enorme retroceso democrático. Para revertirlo ha llamado a la resistencia civil pacífica. Conforme el tiempo pasa, la versión de que se cometió un enorme fraude se documenta, extiende y adquiere consistencia. Todos los días se presentan ante la opinión pública testimonios de la estafa electoral. La credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) está por los suelos. Entre otros muchos ilícitos cometidos, ordenó la apertura de 40 por ciento de los paquetes electorales, sin el conocimiento de los partidos políticos y sin autorización del tribunal electoral, para cuadrar las cifras.
9) El anuncio de Felipe Calderón de que movilizará a sus simpatizantes en su apoyo no aterriza. Su llamado a "manifestarse por la paz" avivará la llama de la confrontación. En las calles el panismo está a la defensiva. No hay, a corto plazo, posibilidad de que esta situación cambie. Su fortaleza, nada despreciable, radica en los medios de comunicación electrónicos que han apostado por él, y en los recursos estatales de los que ha echado mano el gobierno federal para imponerlo como presidente. Sin embargo, quienes han ganado las calles son los que exigen que los votos se cuenten. La movilización del 16 de julio es ya un parteaguas en la historia del país.
10) Cuando en el pasado se realizaron fraudes de esta magnitud las protestas se agotaron sin revertirlos. Así sucedió con Henríquez Guzmán y así pasó en 1988. Los poderes fácticos se impusieron sobre el respeto a la voluntad popular.
La situación hoy es, sin embargo, diferente. Estamos ante un movimiento de largo aliento que no agotará su vitalidad en los tiempos en los que el conflicto deberá ser resuelto legalmente, y que no se resignará a no tener una solución digna. Un movimiento que ha creado ya una grave crisis política, que coincide con el agotamiento de un modelo de mando y un enorme malestar social (véase la revuelta oaxaqueña), y que, de mantenerse, afectará irremediablemente la estabilidad de los mercados.
El tamaño de la confrontación entre la inercia de los poderes fácticos y la movilización social contra el fraude no tiene antecedentes en la vida política reciente del país. Quienes suponen que se resolverá a corto plazo por la vía del cansancio ciudadano y la cooptación de dirigentes partidarios están haciendo una apuesta muy riesgosa. El desenlace, por lo pronto, es imprevisible, aunque se hable insistentemente de la posibilidad de anular los comicios.
11) Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que finalmente Felipe Calderón logre hacerse de la Presidencia de la República, ¿podrá gobernar? Muy difícilmente. Carlos Salinas supo hacerlo con el fraude electoral de 1988, hasta que el primero de enero de 1994 un levantamiento indígena lo mandó al basurero de la historia. Esa fuerza político-militar sobrevive y cuenta hoy con una organización nacional de respaldo. El fraude le conferirá más legitimidad. Los comicios de 2006 se realizaron en medio de fuertes conflictos sociales que no fueron resueltos: los maestros de Oaxaca, los mineros de Michoacán, los campesinos de Atenco. Estas viejas heridas, comenzando por la del magisterio oaxaqueño, y otros nuevos problemas aflorarán por todo el país a la brevedad. ¿Estará en posibilidad de solucionarlos un mandatario sin legitimidad, sin experiencia y sin talante social? Obviamente no.