Política desmadre
Hace una semana me preguntaba en este espacio cuáles serían los motivos de las movilizaciones de AMLO. Creía intuir que estaba buscando la nulidad de la elección y me proponía explorar en artículos posteriores las consecuencias políticas de lograrlo o de no lograrlo. Así lo pensaba porque veía la extrema dificultad de sustanciar la demanda de apertura de 50 mil actas electorales por la vía de los juicios de inconformidad, una por una, con sus respectivos señalamientos y argumentos específicos.
AMLO invocaba además el artículo 41 de la Constitución, el cual dispone que una elección democrática implica legalidad, equidad, imparcialidad por los órganos competentes, etcétera. Por esta vía se va hacia una resolución de unos comicios inequitativos, no fraudulentos, como parece creer AMLO. La inequidad puede ser de tal manera extrema (caso Tabasco) que lleve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a declarar la nulidad de la elección. Las movilizaciones, por tanto, buscarían, pensaba, crear la presión suficiente para conseguir la nulidad de la elección.
Huelga decir que hace una semana razonaba a partir de una credibilidad en los procedimientos del Instituto Federal Electoral (IFE) y en una responsabilidad de sus consejeros a toda prueba. Hoy todo ha cambiado y esa credibilidad va dando tumbos en caída libre por la escarpada pendiente de la descalificación que probablemente millones de ciudadanos hacen de esa institución, por los actos cometidos, por ignorancia, por candidez o por mala fe, por parte de los responsables del IFE.
Pero surgió después el muy extraño comportamiento estadístico de las curvas del PREP; la manipulación del voto corporativo de la señora Gordillo a favor de Calderón en una dimensión que pudo ser el factor que llevó el número de votos a su favor a las cifras dadas a conocer por el IFE; la declaración ilegal de vencedor a favor de Calderón, por Ugalde; la presunta y en su caso ilegal apertura masiva de paquetes electorales por el IFE; la aparición de patrocinadores extranjeros del PAN. Además las impugnaciones siguen creciendo por iniciativa del PAN en casillas ganadas por AMLO, con lo que el número de casillas impugnadas juega a favor de una elección con cada vez más irregularidades.
De otra parte, AMLO continúa invocando el artículo 41 de la Constitución, pero dice que no busca la nulidad de la elección, sino el conteo voto por voto de todas las casillas, aunque su impugnación formal se refiere a "sólo" 50 mil actas electorales. Una posición sin duda ambigua. Además ya declaró que si el TEPJF, en un recuento voto por voto, diera el triunfo a Calderón, aceptará bajo protesta la resolución del tribunal y no dará por "buena" una elección ilegítima desde el punto de vista del 41 constitucional.
De la sospecha de irregularidades del inicio, se pasó a la plena convicción por los votantes de AMLO (o por un número muy significativo de ellos) de que hubo un fraude colosal.
Ahora el TEPJF debe crear la "verdad jurídica", y ésta será, por disposición de ley, inatacable. Digo "crear", porque no es el caso, por parte del tribunal, de confrontar unos "hechos" (que unos ciudadanos ven de un modo y otros de otro), con unas expresiones lingüísticas plasmadas en las leyes, desde la Constitución Política, el Cofipe, hasta la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se trata de interpretar y valorar alegatos, pruebas, indicios, hechos, todo caótico, que ha estado presente en estos comicios.
Es fácil decir que la vía para resolver el caos es atenerse al Estado de derecho. Toca al tribunal decidir lo que a su buen o mal entender proceda. Su posición más cómoda frente a la sociedad sería la exigencia de AMLO: el recuento de votos, casilla por casilla. Lo que de ello resulte será asunto de los electores y no del tribunal. Si decide algo distinto, habrá una resolución legal e inatacable, pero cualquiera que ésta sea entrará en colisión inmediata con un número crecido de electores. Si confirma el triunfo de Calderón, tendremos acaso alrededor de 10 millones de beligerantes electores inconformes con la resolución y ello incorporará serios problemas de gobernabilidad y una conducta del PRD en el Congreso acaso sistemáticamente contraria a las iniciativas del Ejecutivo. Por supuesto, en términos numéricos el PRI puede poner los votos que requiera un PAN gobernante para hacer aprobar sus iniciativas, pero, como es previsible, la justicia social continuará siendo filantropía, y el programa de educación quedará sujeto a los compromisos con Gordillo; la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad continuarán siendo nuestras señas infranqueables de identidad. ¿Qué hará el pueblo?
Por el contrario, si le diera la razón a AMLO, las fuerzas fácticas pondrán la economía en vilo y AMLO tendría que hacer un esfuerzo tan descomunal de conciliación que es de preguntarse si quedaría espacio para avanzar en la justicia social.
Otro escenario es que las fuerzas políticas y fácticas, por la fuerza de las cosas, se volvieran racionales y vieran la oportunidad de parir un nuevo pacto social por un desarrollo incluyente.