Editorial
IPAB, el cuento de nunca acabar
La deuda pública que generó del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sigue creciendo, afectando a los contribuyentes, a pesar de que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo con anterioridad que ese débito se había reducido gracias al acuerdo entre el instituto y los bancos alcanzado en julio de 2004. Ayer viernes, senadores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional revelaron la existencia de una demanda contra los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB interpuesta el pasado 9 de junio ante la Secretaría de la Función Pública, a quienes acusaron de convertir pagarés con irregularidades del rescate bancario en deuda pública, perjudicando al erario por un monto de 72 mil 700 millones de pesos.
En julio de 2004, el instituto y los bancos llegaron a un acuerdo sobre el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, mediante el cual las instituciones financieras BBVA-Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC aceptaron sustituir el pagaré emitido por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) "por una nueva obligación a cargo del IPAB, cuyo valor será menor a la mitad del monto original", por lo que las autoridades afirmaron que la deuda pública del rescate bancario se había reducido prácticamente a la mitad. Adicionalmente, a mediados de mayo de este año, la SHCP publicó en la prensa nacional un comunicado en el cual anunció que la fiscalización del IPAB había concluido, con lo cual el gobierno federal daba por terminado el proceso del rescate bancario: "El tema del rescate bancario ya fue cerrado", declaró en aquella ocasión el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard.
Pero detrás de esta publicación se esconde el hecho de que la Junta de Gobierno del instituto no aplicó los artículos transitorios 5 y 7 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los cuales establecen que el IPAB no puede asumir obligaciones contraídas por el Fobaproa sin corregir las irregularidades detectadas por las revisiones del rescate bancario. Asimismo, los funcionarios ignoraron una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a emplear la auditoría realizada por el canadiense Michael W. Mackey para determinar esas obligaciones.
Sin embargo, los responsables del IPAB optaron por ordenar nuevas auditorías, las llamadas de Gestión, Existencia y Legalidad (GEL), las cuales beneficiaron a los bancos: así, se permitió convertir en deuda pública los apoyos otorgados a Banamex, institución que no los necesitaba al contar con un índice de capitalización superior al 8 por ciento; inclusive este banco se dio el lujo de repartir dividendos entre sus accionistas. Otra de las muchas irregularidades corrió a cargo de BBVA-Bancomer, que transfirió al Fobaproa créditos que concedió a sus propios accionistas.
Esta situación deja entrever que el gobierno federal actuó a espaldas de la ciudadanía y en contra de sus intereses al autorizar el incremento de la deuda por 72 mil 700 millones de pesos. Además, cabe preguntarse por qué se divulgó esta información justo al final del sexenio y el porqué de la premura por dar por zanjado el rescate bancario mediante el comunicado de la SHCP, lo que arroja sospechas sobre las verdaderas intenciones de las autoridades. Ello sin mencionar que la Secretaría de Hacienda engañó, de algún modo, a la gente, al destacar primero una disminución de la deuda pública para luego anunciar un multimillonario aumento de la misma.
En ese contexto, es vital que la demanda contra la Junta de Gobierno del IPAB prospere, para impedir que se dé carpetazo a este tema que tanto dinero le ha costado al erario un billón 220 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación y evitar que importantes recursos que se podrían destinar a obras sociales se dilapiden en pagar errores y corruptelas de unos cuantos.