Exige la reintegración del predio y cancelar expropiación

Empresario acusa al gobernador de BC de desacatar sentencias de jueces

Mexicali, BC, 22 de julio. Reiteradamente, el gobernador de Baja California, el panista Eugenio Elorduy Walther, ha incurrido en desacato de sentencias dictadas por juzgados de distrito, acusó el empresario Gerónimo Roa Helmecke, quien obtuvo un amparo judicial para que el gobierno estatal le regrese un predio expropiado en 1997 para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Mexicali.

"El gobernador no ha acatado una instancia judicial, lo cual es peligroso porque su deber es cumplir las leyes", dijo Gerónimo Roa, y consideró que sólo intenta retrasar la resolución de los tribunales.

El 18 de julio de 1997, el gobierno local decretó la expropiación de un terreno de 252 hectáreas, ubicado cerca del kilómetro 8.5 de la carretera al puerto de San Felipe, para una obra que realizaría la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.

Años más tarde, la administración estatal decidió cancelar la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras que traería consigo la ampliación de infraestructura sanitaria, la dotación de drenaje y alcantarillado industrial y habitacional.

El 10 de octubre del 2003, Elorduy Walther publicó la insubsistencia del acuerdo expropiatario ante la solicitud de 11 de los afectados, entre ellos la empresa Porcícola del Valle e integrantes de las familias Gallego y Díaz, con base en la ley de expropiación del estado de Baja California al no haberse destinado a ese fin, por lo que se acordó "la reversión a los afectados de los predios expropiados" con una superficie mayor a 252 hectáreas.

En esa superficie se encuentra la propiedad de Roa Helmecke, por lo que el 16 de febrero de 2006 solicitó al gobernador la reversión de los lotes agrícolas de 89 hectáreas, aproximadamente. Al no obtener respuesta, pidió la protección y amparo de la justicia federal para obligar al gobernador a resolver la citada petición.

El 28 de mayo, el juzgado tercero de distrito en el estado dictó el fallo en favor del afectado e infructuosamente ordenó a la autoridad estatal dar cumplimiento al fallo en 24 horas.

El primero de junio, el gobierno estatal informó que se encontraba en vías de dar cumplimiento a la orden judicial. Sin embargo, 13 días después se le hizo un nuevo requerimiento, sin que se obtuviera respuesta.

Además de la reintegración de las propiedades y evitar el "riesgo de ser despojado", el afectado pidió que se cancele la inscripción del decreto expropiatorio de 1997