Usted está aquí: lunes 24 de julio de 2006 Política El jueves, informe sobre recursos de fideicomiso minero

El jueves, informe sobre recursos de fideicomiso minero

ELIZABETH VELASCO C.

El informe final de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el destino de los recursos del fideicomiso minero F-9645-2, integrado con 55 millones de dólares, será presentado el próximo jueves a todos los órganos directivos del Palacio Legislativo.

De acuerdo con el secretario de esa comisión, el diputado priísta Ricardo Rodríguez Rocha, las investigaciones que han sido efectuadas confirman que hay "indicios de fraude" en el manejo de los fondos.

Rodríguez señaló como presunto responsable del desvío de recursos a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional de los trabajadores mineros que fue desconocido por el gobierno, quien, dijo, ha puesto resistencia para aportar pruebas sobre el manejo claro del fideicomiso, conformado para indemnizar a trabajadores del ramo tras la quiebra de las empresas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre.

Gómez Urrutia, refirió, "se ha negado a declarar, apegándose al artículo 18 constitucional, bajo el argumento de que no lo podemos molestar porque no somos la autoridad competente".

Cabe destacar que en mayo pasado se integró dicha comisión para investigar el destino de los recursos y dar seguimiento a la problemática minera en el país.

Habrá otra reunión antes de que se preparen las conclusiones

Rodríguez Rocha destacó que antes de la presentación del documento se tiene prevista otra reunión del grupo legislativo con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Francisco Salazar Sáenz, para preparar las conclusiones del informe de la comisión.

El documento final será entregado a la mesa directiva, a la junta de coordinación política y a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos.

Respecto de la reciente localización de Napoleón Gómez Urrutia en Vancouver, Canadá, el diputado del PRI expresó su confianza en que las autoridades mexicanas aplicarán la ley. "Las indagatorias están a cargo de la Procuraduría General de la República. Hay confianza total", sostuvo.

 
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