Reiteran denuncia contra la empresa Basf Mexicana
Pobladores de El Hospital piden a la CCAAN nueva indagación ambiental
Habitantes del poblado El Hospital, en Cuautla, Morelos, que tienen daños de salud presuntamente ocasionados por la contaminación que dejó la actividad de la fábrica de pinturas de Basf Mexicana, presentaron una nueva petición de investigación ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) por el incumplimiento en la aplicación de la ley ambiental.
Los residentes, entre ellos Karina Morgado, madre de un niño con saturnismo, argumentan que el gobierno federal actuó con negligencia, no sancionó las acciones de Basf por las violaciones a diversas legislaciones y tampoco realizó estudios para medir la severidad del daño ambiental y de salud que dejó el cierre de operaciones de la empresa en 1977.
La CCAAN ya había solicitado en junio pasado al gobierno mexicano una respuesta a una petición que había presentado Carlos Alvarez sobre el mismo caso, pero este proceso quedó inconcluso porque esta persona retiró la solicitud el 16 de mayo, luego de ser demandada por daño moral por Basf. La empresa también impugnó la resolución administrativa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la cual la encontró responsable y le fijó una multa.
En la comunidad El Hospital, en la ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, municipio de Cuautla, Morelos, entre 1973 y 1997 operó la fábrica de pinturas de la empresa Basf en alrededor de 5 mil 300 metros cuadrados. Ahí trabajaron residentes del pueblo, entre ellos Valente Guzmán, que ahora tiene problemas de salud como la formación de tumoraciones; él suscribe la solicitud presentada ante la CCAAN.
El documento indica que cuando la empresa cerró fue entregada al dueño, Roberto Abe, sin haber sido saneada, y que la contaminación que ahí había se extendería al suelo. Después detalla que en 2000 se realizó una restauración al sitio, del cual se extrajeron 11 millones de kilogramos de suelo con altas concentraciones de metales pesados que fueron enviadas al confinamiento de Mina, Nuevo León.
Refiere que a las familias se les entregó cascajo extraído del sitio para nivelar el piso de sus patios o viviendas, lo cual habría propiciado que se extendiera la contaminación por plomo y cromo. Indica que la autoridad ambiental, ''quien sin duda sabía del riesgo que los citados residuos peligrosos representaban para el ambiente y la salud, no ordenó el retiro de los mismos, ni realizó un inventario detallado del problema, ni dictó las medidas de prevención que evitaran la dispersión de los contaminantes hacia otros predios y al acuífero superficial".
Este caso ha derivado en conflictos judiciales ya que Roberto Abe, dueño de la ex hacienda, demandó a la trasnacional por 150 millones de dólares por la presunta contaminación de su propiedad, pero perdió el juicio; el juez le pidió que indemnizara a Basf con 66 millones de pesos por daños y perjuicios.
En la población de El Hospital aún hay rastros de la operación de Basf, a pesar de que ésta concluyó la limpieza en 2000, ya que en las áreas cercanas todavía se observan en la tierra rastros de color amarillo: combinación de plomo y cromo (La Jornada, 21-22/11/05).