Editorial

La violencia del narco en el sexenio foxista

La intensificación de la violencia vinculada al crimen organizado en Michoacán y Guerrero y su propagación al Distrito Federal, Tabasco y el estado de México, entre otras entidades, es una consecuencia más de la incapacidad gubernamental para enfrentar de manera eficaz a los grupos de narcotraficantes que en este sexenio han multiplicado su capacidad de cooptación, su poder de fuego y sus vínculos internacionales.

Hay un aspecto del problema que escapa, ciertamente a las capacidades de la autoridad federal mexicana: la imposibilidad de derrotar al narcotráfico desde la base legal de la prohibición de las sustancias con las que comercia, y la inviabilidad de la "guerra contra las drogas" en el ámbito internacional. En tanto no se asuma que el trasiego de sicotrópicos ilícitos es un negocio sustentado en la proscripción de las drogas, y no se comprenda que las adicciones no constituyen un problema policial sino de salud pública, los cárteles seguirán obteniendo ganancias astronómicas y, con ellas, el poder económico necesario para corromper autoridades de diversos niveles en todos los países ­empezando por Estados Unidos y México­ y el poder de fuego para enfrentarse a corporaciones policiales y hasta militares.

La primera crítica que debe hacerse a las autoridades mexicanas es precisamente su falta de voluntad para replantear en estos términos el problema del narcotráfico y cortar un círculo vicioso que, en los términos en los que está planteado, seguirá generando violencia, descomposición social e institucional y desmoronamiento de las autoridades.

Pero incluso si se aceptara la lógica de combatir una actividad que encuentra en su prohibición el componente central de su rentabilidad, y si existiera algún grado de realismo en la perspectiva de erradicar el narcotráfico por la vía policial, el desempeño del gobierno foxista en este rubro seguiría siendo inaceptable y exasperante porque, a contrapelo del discurso oficial, en el curso de los últimos cinco años y medio la autoridad federal se ha hecho de la vista gorda ante el establecimiento de los cárteles en nuevas plazas y ha tolerado que la delincuencia organizada siente sus reales en los más diversos puntos del territorio nacional. A las evidencias de corrupción de dependencias enteras, el grupo en el poder ha respondido con operativos de imagen y relaciones públicas ­recuérdese, por ejemplo, ese rosario de fracasos titulado México Seguro­ más que con una determinación real y creíble de sanear las instituciones de seguridad pública, inteligencia y procuración e impartición de justicia.

Ante los catastróficos resultados de la indolencia oficial ­no hay día en que no ocurran ejecuciones y ajustes de cuentas entre bandas rivales, levantones, aparición de cadáveres mutilados, balaceras que empiezan a parecer batallas por el poder de los armamentos utilizados­ la presidencia foxista opta por la política del avestruz: la violencia derivada del narcotráfico, dijo hace unos días el vocero de Los Pinos, no es un problema de seguridad nacional sino de seguridad pública. Pero cabe preguntarse si una delincuencia que hace caer poblaciones enteras bajo su control, que compra presidencias municipales, cárceles y comandancias de policía, que dispone de brazos armados con entrenamiento y armamento militar, y que cuenta con los elementos para cavar túneles de cientos de metros por debajo de la frontera con Estados Unidos, entre otras expresiones de poderío criminal, no constituye una amenaza real a la seguridad nacional.

Mientras el discurso oficial sigue empeñado en alarmar a la sociedad por la pretendida "amenaza de violencia" que podría derivarse de manifestaciones civiles, absolutamente pacíficas y respetuosas de la legalidad, la violencia del narco incendia al país, cobra centenares de vidas, socava las instituciones y descompone el tejido social, pero nadie en Los Pinos pierde el sueño por ello.