En México hay 3 órdenes de aprehensión, recuerda Aguilar

Solicitó la PGR a Canadá la captura de Gómez Urrutia

El vocero busca desviar atención de temas nacionales: mineros

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al gobierno de Canadá que detenga al depuesto dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, una vez que la Interpol lo localizó en aquel país, informó Rubén Aguilar Valenzuela, vocero de la Presidencia de la República.

Aseguró que desde hace días se realizó la solicitud formal a las autoridades canadienses, y recordó que existen tres órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia, las cuales han sido giradas en el Distrito Federal, San Luis Potosí y Sonora.

Dijo que a petición de las procuradurías de dichas entidades, la PGR emitió la alerta roja para que la policía internacional iniciara la búsqueda del depuesto líder del sindicato minero. Ya se localizó a Gómez Urrutia y ahora lo que procede es su extradición, indicó.

En tanto, el grupo sindical que apoya al dirigente minero descalificó a Aguilar Valenzuela por considerar que "asume una actitud errática, intolerante e intromisoria" al emitir opiniones sobre el caso que se sigue al depuesto líder. Lo acusó de difundir calumnias "sin medir las consecuencias y tratar de desviar la atención de problemas nacionales".

Al mismo tiempo, reiteró su condena a la comisión legislativa que estudia el presunto fraude por 55 millones de dólares que habrían cometido el dirigente y los integrantes de su comité ejecutivo, la cual entregará hoy un informe en el que confirma esa acusación.

En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana reprodujo extractos de la segunda carta que Gómez Urrutia envía a los legisladores, donde les dice que su comisión "carece de valor político y jurídico", porque representan intereses partidistas y responden al "voluntarismo del Poder Ejecutivo", representado por el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz".

En tanto, Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del gremio minero, exigió a la Presidencia de la República atender "los asuntos de interés nacional que afectan a la población, como inseguridad, corrupción e inestabilidad social, en lugar de atacar a nuestro secretario general, máxima autoridad de la organización, electo y ratificado en convención", y quien "seguirá al frente del sindicato mientras los agremiados en activo así lo dispongan".

"Información absurda"

Aseveró que Aguilar "se escuda en información absurda e incongruente", y lo cuestionó por su "intromisión sindical y fiscal". Consideró la posibilidad de que, en realidad, pretenda "distraer la atención" de los comicios presidenciales, la resistencia civil, "la manipulación informativa a la opinión pública" y el debilitamiento de las instituciones electorales.

Sobre el mismo tema, la defensa legal de Gómez Urrutia advirtió que ya sea en el extranjero o en territorio nacional, se demostrará, "con una prueba irrefutable", que el inculpado es inocente, porque el fideicomiso de los 55 millones de dólares "siempre ha caminado por los cauces legales".

En entrevista telefónica, el penalista Jorge Cepeda, uno de los abogados que asesoran al llamado Napito, indicó que su estrategia consiste en enfrentar un eventual proceso de extradición en Canadá para demostrar a las autoridades de ese país que nunca existieron los presuntos fraudes que se atribuyen al depuesto líder minero.

Refirió que son falsas las supuestas operaciones financieras irregulares en el manejo del dinero del sindicato minero -a partir de 1988, cuando se inició el fideicomiso. "Vamos a demostrar que no existió fraude, lavado de dinero ni delincuencia organizada", aseguró.

Señaló que el 3 de marzo de 2005 es una fecha básica, porque ese día se transfirieron los recursos del fideicomiso a una cuenta BBV-Bancomer. Antes no puede haber delito, dijo.

También resaltó que la cuestión medular es que la administración de los bienes sólo puede ocurrir después de esa fecha, y ante cualquier autoridad de extradición, del fuero común o federal en México, esa será la discusión.

"No tenemos duda de que en un procedimiento de defensa en contra de un eventual juicio de extradición, este argumento será totalmente aceptado en favor (de Gómez Urrutia), porque está documentado", puntualizó.

El litigante añadió que "en las mismas averiguaciones previas de las autoridades ministeriales se refiere el momento en que se hace la conversión del fideicomiso (de 55 millones de dólares) por extinción, y se manda el dinero a una cuenta de cheques de Bancomer.

"Si partimos de esta base, todas las afirmaciones de la autoridad son equivocadas, porque mezclan lo anterior a marzo de 2005 con lo posterior, y esto no es así", sostuvo.

Angeles Cruz, Alfredo Méndez y Alma Muñoz