Cambio de poder y paz social
Los cambios del poder presidencial en México han sido azarosos a lo largo de nuestra historia. No siempre han sido pacíficos, para empezar. Luego no siempre los que se han opuesto al poder en aras de la justicia o la libertad, al tomar el poder, han fortalecido la justicia o la libertad. México ha padecido en muchos momentos los estragos de la lucha por el poder presidencial. Catastróficos, las más de las veces, fueron los vaivenes del poder en nuestro siglo XIX. Más cercanos estamos todavía, o deberíamos estarlo, de ciertos intentos que durante el siglo XX vivió el país para asegurar la transmisión pacífica del poder presidencial. La negociación política, los pactos entre las fuerzas, sectores o grupos de presión fueron un eje constante en la recomposición sexenal del poder al interior del Estado mismo, dentro del tejido del poder mismo, no necesariamente a partir de la ciudadanía.
Desde 1929 el Partido Nacional Revolucionario proporcionó una plataforma de negociación política a caudillos acostumbrados a mantener, asumir o desprenderse del poder sólo con base en enfrentamientos armados. Relevante fue la transición que el país vivió a mediados del siglo, cuando el poder presidencial se transmitió pacíficamente de mandos militares a gobernantes civiles. No es fácil encontrar un caso en la historia mundial de una transición pacífica de gobiernos militares a gobiernos civiles, en efecto.
Por otra parte, no me olvido ni minimizo el papel fundamental que el fraude electoral jugó durante décadas para asegurar el predominio del partido oficial llamado sucesivamente Partido Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero en estos días tampoco quiero subestimar la importancia de la negociación política y de la evolución que ella misma experimentó a lo largo de esas varias décadas al interior del propio sistema político. La negociación política al interior del sistema fue esencial para la sucesión de líderes, organizaciones, sectores y grupos de poder durante la hegemonía del partido oficial. Esta negociación y la disciplina partidista fueron esenciales tanto para la continuidad en el poder del partido oficial como para asegurar cada vez la transmisión pacífica del poder presidencial.
En otras palabras, la negociación política fue un mecanismo necesario de estabilidad social al interior de las fuerzas políticas oficiales, al interior del aparato de Estado. Tal negociación excluía, por supuesto, a los grupos, dirigentes o sectores que se hallaban fuera de ese aparato. La oposición fue defraudada electoralmente y reprimida en numerosas ocasiones desde el año de 1929: vasconcelistas, almazanistas, henriquistas, comunistas, jaramillistas, panistas, cardenistas y perredistas. La negociación política era un mecanismo útil para la gran familia del Estado, no para los que presionaban desde fuera.
Ahora, casi 20 años después del ascenso de Carlos Salinas de Gortari al poder presidencial, sabemos que el PRI tuvo una fractura esencial: imponer un proyecto de política económica diametralmente opuesto a la trayectoria histórica del PRI. Este proyecto neoliberal, que se propuso desmantelar la empresa pública en México y someter su economía a las decisiones de la globalización actual, ha tenido una continuidad exacta y contundente a través de las administraciones de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El gobierno de Felipe Calderón sería el cuarto periodo del "cambio", casi los primeros 30 años de las nuevas políticas en México y de las nuevas (y a veces viejas) elites económicas creadas por tales cambios en el país.
Parte de la nueva identidad del PRI, a partir de Salinas de Gortari, afectó también el ámbito de la negociación política. Contrastó la marcada distancia con el naciente PRD y el asesinato sistemático de centenares de perredistas en todo el país, con la negociación política permanente con el PAN. Este periodo de negociaciones políticas fue identificado con un nuevo nombre, el de concertacesión. Tal mecanismo de solución negociada a los conflictos electorales era posible, entre otros factores, porque los vencedores en las elecciones legislativas se convertían en Colegio Electoral para calificar y validar el proceso electoral, mismo en que habían resultado vencedores.
Después de la administración salinista, en términos generales la negociación política tuvo un desplazamiento importante: la obligada negociación con otras minorías opositoras para alcanzar la mayoría parlamentaria en acciones de gobierno y reformas constitucionales o de leyes reglamentarias. Es posible que esta negociación política, novedosa para nuestra historia, ya no desaparezca del comportamiento político de México. O al menos, debemos esperarlo así.
Pues bien, las reformas electorales que ahora constituyen los cauces legales para los procesos de elección federal han tendido a modificar de manera central y relevante las condiciones de estas negociaciones por el establecimiento de dos instituciones autónomas: el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas instituciones son necesarias para la evolución política de México y para asegurar la paz social en la transmisión del poder.
Sin embargo, en los momentos actuales estamos corriendo graves riesgos para las instituciones electorales y para que el nuevo presidente asuma su cargo en condiciones suficientemente seguras de paz social. La presión política es múltiple sobre las dos instituciones por medio no solamente de marchas o concentraciones perredistas, sino de presiones, más efectivas y peligrosas, de sectores oficiales y de grupos de grandes intereses económicos. La movilización no es sólo perredista, pues; también es panista y de grupos de presión que apoyan al panismo.
Durante la campaña electoral y los días que llevamos de conflicto poselectoral, los consejeros del IFE han sido rebasados por esas presiones y no lograron cumplir a cabalidad con su responsabilidad de árbitro imparcial o no lograron, por decir lo menos, convencer a los partidos en pugna y a gran parte del electorado de su condición de árbitro imparcial e incuestionable.
Ahora la presión va sobre los magistrados del tribunal electoral. Su resolución es la única posibilidad que nos está quedando para recuperar los nuevos espacios legales que creíamos suficientes para que los cambios del poder presidencial no se vieran cuestionados ni sometidos a un proceso de negociación política que no fuera ahora el de los acuerdos parlamentarios. La anulación de las elecciones presidenciales, aunque previsible legalmente, arrojaría los mecanismos del cambio de poder hacia la negociación política, ya no sólo entre grupos parlamentarios y fuerzas partidistas, sino entre fuerzas sociales. No creo que el México actual pueda afrontar con ecuanimidad una tensión social así.
Sobre todo ahora, cuando hemos visto que la negociación política no ha resultado efectiva en movimientos mineros en Pasta de Conchos, en la Minera San Xavier de San Luis Potosí, en Sicartsa, en el movimiento magisterial de Oaxaca, en la resistencia de Atenco. Nunca ha sabido negociar el poder en México fuera de su propia familia. Difícil, después de 20 años en el poder, que la reciente clase política quiera hacerlo fuera también de su propia familia. De la serenidad e inteligencia de los magistrados del tribunal electoral depende la legalidad y aceptación de los resultados electorales. La anulación de los comicios es un grave riesgo, pues no hay disposición visible de las fuerzas políticas contendientes a negociar. La transmisión pacífica del poder no parece factible así.
Pero el sustento legal de los recursos interpuestos ante el tribunal es esencial para el fallo de éste. Esa resolución, por el bien de todos, debe ser conforme a derecho, no por presión oficial ni partidista. Dura lex, sed lex, decían los antiguos: "dura es la ley, pero es la ley". El poder político sin ley es de imposible trato. Ante la ley, el poder tiene que aprender a perder. Pero también tiene que aprender a ganar. No a simular ni a mentir que ha ganado.