Intimidar a la sociedad, escenario que evita denuncias y reivindicaciones
Defensores de derechos humanos, blanco de agresiones en América
Sufren tortura, secuestro, violación y asesinato, revela informe de la CIDH
En todo el continente, las defensoras y defensores de derechos humanos son víctimas frecuentes de diversas violaciones a sus derechos: a la vida, a la integración, a la libertad, a la seguridad, al debido proceso y a un juicio justo. En algunos países como Colombia, Guatemala y Brasil son blanco frecuente de "ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas", sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destaca que ha constatado las agresiones a la integridad personal de que son víctimas y recuerda que la ONU señaló en 2004 que "las Américas es la región más peligrosa del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos".
Luego de varios años de recibir "constantes denuncias" de violaciones a los derechos humanos de los defensores, la CIDH hizo un seguimiento de casos, y como resultado de ello destaca que ha constatado que sufren graves violaciones a sus derechos. Señala que una de las consecuencias más serias de estos patrones de violencia es el mensaje que se envía a la sociedad en su conjunto, "un mensaje intimidatorio que la coloca en situación de indefensión".
Esos actos, asegura la CIDH, buscan causar temor generalizado y, por consiguiente, desanimar a otros defensores, así como atemorizar y silenciar denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del estado de derecho y la democracia.
La CIDH destaca en su informe que las amenazas generalmente son avisos intimidatorios de la comisión de un posible acto que producirá un dolor grave como, por ejemplo, la tortura, el secuestro, la violación sexual o la muerte.
Esos actos, subraya el informe la CIDH, están dirigidos a intimidar a los defensores o a sus familias para que se abstengan de realizar determinadas investigaciones o reivindicaciones. La especial gravedad de las amenazas se encuentra en la alta probabilidad de que se materialicen.
En el amplio informe sobre la situación de los defensores en la región, la CIDH cita el caso del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño Ricardo Flores Magón (CIPO RFM). "El 20 de septiembre de 2004 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares suscrita por el CIPO RFM a favor del señor Raúl Javier Gatica y demás integrantes de la Junta Organizadora del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, México. En dicha solicitud se refería que el primero de septiembre -de ese año- se recibieron 13 llamadas en las cuales se amenazaba con romperle la madre a Raúl Javier Gatica y otros integrantes del CIPO.
"El 13 de septiembre se recibió una nueva llamada en la que se amenazó con matar a alguno de los integrantes del CIPO RFM. El 15 de septiembre se recibieron cuatro llamadas más, en una de ellas dijeron: lo que sigue es la muerte de todos, principalmente la de Raúl Javier Gatica Bautista."
Por las agresiones y amenazas, Gatica Bautista decidió abandonar el estado y dejar de ejercer su actividad de defensa de derechos humanos.