Tiempo de espera
Ha pasado ya casi un mes del día de la elección presidencial. Aún persiste la incertidumbre y falta un ganador. No ha sido tiempo perdido. Se ha seguido removiendo la estructura de un régimen político y un sistema electoral todavía anquilosados a pesar de las reformas legales y los cambios institucionales que se les han hecho durante muchos años.
No ha sido un tiempo perdido porque de alguna manera se sigue cuestionando parte de la añeja corrección política que marca la manera en que se comportan las elites políticas y económicas del país, y que se pretende imponer sobre todos los demás. El cuestionamiento abierto de lo que es políticamente correcto en esta sociedad parece estar en el centro del encono contra lo que representa el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
No es correcto, en ese sentido, presentar la enorme desigualdad social que existe en México como centro de la atención política y de la propuesta de un programa de gobierno. No lo es desvelar el sentido social de la migración de los mexicanos expulsados de su país por un sistema económico que desde arriba se juzga muy favorable. Aunque ya puesto ahí el asunto social, va a ser muy difícil volver a colocarlo en el rincón de las acciones públicas a pesar de que quede en el centro de las declaraciones y los discursos políticos.
No es correcto cuestionar los mecanismos que se usan para asignar los recursos públicos y distribuirlos entre los grandes beneficiarios, como puede ser el caso del Fobaproa y el IPAB, por más que estén sancionados por la ley, pues ésta también es parte de la historia.
Tampoco es correcto señalar la falta de equidad y la ineficiencia del sistema tributario, que acaba imponiendo mayores cargas a la población cautiva de los impuestos y ampliando los márgenes legales o favoreciendo por omisión a los que tienen más recursos. Este planteamiento provocó grandes fricciones durante la campaña. Pero eso no hace que la cuestión desaparezca.
La Jornada informó (nota de Israel Rodríguez del 28 de julio) de las declaraciones del secretario de Hacienda en el congreso de agentes aduanales en Los Cabos sobre una evasión fiscal del orden de 400 mil millones de pesos anuales, cifra que representa 40 por ciento de la recaudación total de impuestos, muy por encima del promedio de 15 por ciento del conjunto de los países de la OCDE. No debe olvidarse que se estima que en México el número de personas físicas que pagan impuestos sobre ingresos es de sólo 18.1 millones. Esto contribuye de modo decisivo al bajo nivel de recaudación en esta economía, que en 2005 fue del orden de 17.2 por ciento del producto, aunque hay que descontar la parte que procede de la exportación de petróleo y entonces se reduce a apenas 9.8 por ciento.
En fin, que no es correcto cuestionar los resabios de un presidencialismo que no deja de ser autoritario y eje del acomodo de los intereses de grupos con gran capacidad de control.
Este tiempo de expectación ha puesto en perspectiva un enfrentamiento entre fuerzas políticas que, no obstante, si es bien conducido puede ser un impulso decisivo para crear nuevas prácticas de organización y de comportamiento colectivos.
Este tiempo ha servido para seguir advirtiendo el sentido de las conductas de tantos personajes que operan desde los sindicatos corporativistas, desde los gobiernos estatales, desde las poltronas del Congreso, desde los márgenes de la política y desde los intereses empresariales.
También, y de modo relevante, este tiempo ha abierto un nuevo espacio para la movilización de la gente, donde manifestar su parecer y encauzar sus propias expectativas. La corrección política convencional tampoco admite francamente esa forma de expresión, que es parte de un entorno en verdad más democrático y abierto. La democracia sin la gente es un contrasentido.
El conflicto político pone en el centro de la escena a las instituciones, en este caso especialmente las del ámbito electoral. Los argumentos del PRD al frente de la coalición Por el Bien de Todos en contra de la actuación del IFE, durante el periodo de las campañas y en el proceso electoral son mayores. La demanda presentada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es abundante y éste ha dado ya ingreso al recurso "madre" que solicita el recuento de los votos. Sólo un dictamen que abone en la legalidad y, sobre todo, la legitimidad de la elección será la base de un nuevo acomodo. Pero tampoco deberá ser éste un tiempo perdido, aun ante la incertidumbre que prevalece acerca de lo que resuelva el TEPJF; de una u otra manera, esa decisión orientará el curso de los acontecimientos.