Editorial
Voto por voto: la disyuntiva
El movimiento ciudadano que impugna las numerosas irregularidades del proceso electoral que aún no termina, y particularmente los dudosos resultados presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE), superó ayer su propia marca y congregó en el centro de la ciudad de México y a lo largo del Paseo de la Reforma y la avenida Juárez a una multitud de dimensión y diversidad nunca antes vistas en el país. Pero el suceso no estuvo orientado a romper marcas históricas sino a respaldar la petición puntual de un sector considerable, y acaso mayoritario, de la sociedad: que se recuenten los votos emitidos en la elección presidencial del pasado 2 de julio para despejar las sospechas de una manipulación de la voluntad popular y despejar el camino para una sucesión presidencial armónica y tersa.
Desde mucho antes de los comicios, diversos sectores de la opinión pública, así como la Alianza por México y la coalición Por el Bien de Todos, señalaron la parcialidad con que estaba operando el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la abierta injerencia del gobierno federal en las campañas políticas. Esos señalamientos se multiplicaron la noche de la elección y en los días siguientes, cuando el IFE ofreció unos resultados preliminares y un conteo de actas inconsistentes y poco verosímiles. Las acusaciones por la falta de imparcialidad de los que habrían debido fungir como árbitros electorales han sido alimentadas por el propio titular del organismo, quien desde hace casi un mes ha venido comportándose como antagonista de Andrés Manuel López Obrador y como aliado de Felipe Calderón Hinojosa. El Partido Acción nacional, por su parte, se ha erigido en defensor de la credibilidad del IFE. Así fuera sólo por semejantes alineaciones, han quedado destruidas la autoridad que pudiera quedarle al organismo electoral y la fiabilidad de sus cuentas.
Ayer, ante más de dos millones de ciudadanos, López Obrador reiteró la demanda de un recuento voto por voto, pero ofreció también, de manera inequívoca, detener las movilizaciones si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúa en ese sentido, fuera cual fuere el resultado del nuevo cómputo. Por su parte, Calderón Hinojosa, en el marco de su visita al TEPJF, se atrincheró en su exigencia de que esa instancia convierta las cifras del IFE en un fallo a su favor de presidente electo.
Pese a lo irreductible de ambas posturas, resulta meridianamente claro que la distensión nacional pasa por un nuevo cómputo de los sufragios, sea cual fuere la consecuencia: una depuración de las irregularidades que permita concluir el triunfo del aspirante perredista, o bien una ratificación del sentido del PREP y el conteo distrital que dé la victoria al candidato blanquiazul. Cualquiera de esos dos escenarios permitiría, sobre la base de las certidumbres electorales, iniciar un proceso de reconciliación y superación de diferencias en el país. En cambio, si el TEPJF optara por hacer suyas, sin más, las cifras del desaseo ugaldista, la sombra del fraude quedaría asociada a la elección de manera permanente y se abriría paso a una presidencia severamente impugnada y posiblemente espuria. Los términos legales pueden ser aplicados en forma restrictiva y miope, como pretenden Calderón y la cúpula panista, o bien con amplitud, sentido constitucional y sensatez política, como lo exigieron ayer más de dos millones de personas. Tal es la disyuntiva del tribunal electoral; en ella se juega su autoridad moral, y de su fallo dependen el restablecimiento de la armonía social y la legitimidad del próximo gobierno.
El movimiento que encabeza López Obrador, por su parte, inició ayer mismo una nueva etapa de la resistencia civil, declaró permanente su asamblea informativa y estableció campamentos en el Zócalo y a lo largo del Paseo de la Reforma. Esta forma de lucha sería inobjetable y legítima si la presencia de los manifestantes se limitara a aceras, camellones y áreas no vehiculares, y no impidiera el libre tránsito al resto de los ciudadanos; pero la colocación de los campamentos en las vialidades constituye, además de un error político que dará munición a los críticos del movimiento y le enajenará voluntades y simpatías ciudadanas, un atropello a derechos de terceros que deben ser tutelados y garantizados por el gobierno capitalino, el cual, por añadidura, se ve colocado en el predicamento, indeseable e innecesario, de hacer cumplir la ley y desalojar a los manifestantes. Cabe esperar que la dirigencia del movimiento recapacite a la brevedad y retire por su propia iniciativa lo que es, a fin de cuentas, un bloqueo de vialidades primarias.