Debió hacer erogaciones para asistir a una boda
Demanda el IFAI del titular de Sedena comprobación de gastos
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene que informar de los gastos que su titular, Gerardo Clemente Vega García, erogó para asistir a la boda de la hija del presidente Vicente Fox, Paulina Fox de la Concha, el 20 de mayo pasado en León, Guanajuato.
Por votación unánime, los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyeron esa orden, luego de revocar la respuesta de la Sedena, la cual, tras asegurar que esa información "no se encuentra en sus archivos", respondió a la solicitud de información 0000700045806 que "la vida privada del titular de esta secretaría atañe sólo a su persona".
Sin embargo, en el análisis de ese recurso llevado al IFAI, el comisionado ponente del mismo, Alonso Lujambio, estableció que, como parte de las prestaciones económicas que con cargo al erario federal recibe el titular de la Sedena, se encuentran el "personal de seguridad, automóvil, derecho de uso de avión y/o helicóptero, entre otras, es razonable inferir que el servidor público en cuestión pudo haber hecho uso de alguno de estos elementos para asistir" a la boda de Paulina Fox. Por ejemplo -ilustra Lujambio- "pudo utilizar el automóvil asignado como una de sus prestaciones".
El también comisionado presidente del IFAI sostuvo que la Sedena debe tener en sus archivos documentos como "facturas, recibos de gasolina, boletos de avión, entre otros, a partir de los cuales está obligada a la comprobación de gastos" por tratarse del ejercicio del presupuesto que le asigna el Poder Legislativo.
Por ello, sin mayor trámite, los comisionados ordenan a la Sedena entregar los documentos comprobatorios de los gastos efectuados por Vega García para asistir al enlace matrimonial de la hija de Vicente Fox.
Además, el pleno del IFAI revocó la clasificación que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo de la toma de nota en la que avala a Elías Morales Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. En la resolución, a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero, se advierte que la STPS "no probó el daño especificó que causaría" entregar la información que, además de tener carácter público, no contiene datos personales confidenciales.