El gobierno foxista permitió crear confinamiento que la Profepa rechazó en 1993

NL: crean residencial para ricos sobre basurero de residuos tóxicos

Minera México y Asarco vendieron el predio donde guardan 500 mil toneladas de desechos

Detectan estudios metales pesados en cuerpos de agua

La constructora minimiza peligros

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 3 de agosto. La empresa inmobiliaria Internacional de Inversiones comenzó el proyecto Céntrika: Una ciudad dentro de la ciudad en un predio de 55 hectáreas donde hay dos pirámides terrosas recubiertas de piedra: se trata de un confinamiento de 500 mil toneladas de residuos industriales peligrosos, propiedad de industrial Minera México y su filial American Smelthing Company (Asarco), cuya planta fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido su alto grado de contaminación.

El 24 de junio de 1993 la Profepa clausuró las operaciones de la planta de Industrial Minera México ubicada entre las avenidas Vicente Guerrero y Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia La Victoria, por tener ''confinadas ilegalmente 500 mil toneladas de residuos industriales peligrosos'', como arseniato de calcio, plomo, bismuto, cobre, cinc y cadmio.

Minera México ya había sido apercibida por la dependencia federal para que confinara adecuadamente esos desechos tóxicos, lo que no cumplió. Una de las propuestas que se plantearon a Industrial Minera México y Asarco fue que trasladaran los desechos para su confinamiento seguro al Centro Integral de Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Rimsa) ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León, 89 kilómetros al poniente de esta capital.

Pero la empresa desatendió la propuesta porque la maniobra le habría costado, según cálculos extraoficiales, al menos 500 millones de pesos. Según el oficio de la Semarnat D000 004/003522 -cuya copia tiene La Jornada-, en lugar de trasladar los desechos, la compañía insistió en una propuesta que presentó el 29 de octubre de 1992 a la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León para encapsular los tóxicos en ''formaciones geológicas estables'' en el mismo predio donde están. Dicha propuesta fue rechazada.

Luego de la clausura total y definitiva de la Profepa, en 1993, el representante legal del corporativo minero-metalúrgico, Sergio Manuel Ferrer de la Barrera, gestionó con la Semarnat la autorización para instalar un cementerio tóxico en los predios de la misma compañía. En junio de 1994, enero y febrero de 1996 y noviembre de 2000 la compañía insistió infructuosamente en la petición de encapsular las 500 mil toneladas de desechos peligrosos.

Entre sus argumentos para conseguir la autorización, la empresa incluyó un estudio técnico elaborado por Benjamín Limón Rodríguez, miembro del Instituto de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon, que sostenía que era factible confinar los desechos en el lugar porque ''no puede haber contaminación del agua subterránea por infiltraciones desde la superficie del terreno'', ya que las características físicas y químicas del suelo ''lo hacen impermeable y le confieren el calificativo de formación geológica estable''.

Sin embargo, tal dictamen fue desmentido recientemente, cuando la Secretaría de Salud de Nuevo León y el organismo operador de Aguas y Drenaje de Monterrey, a petición del comité vecinal del lugar y del Comité Ecológico Pro Bienestar de Monterrey, estudiaron la calidad del agua subterránea y en un pozo de la colonia La Victoria encontraron metales pesados y sustancias químicas.

De acuerdo con los oficios 046876 y 047828 de la Secretaría de Salud del estado, fechados el 25 de febrero y el 9 de marzo de 2005, en el pozo situado en la calle Begonia, el Laboratorio Estatal de Salud Pública encontró que ''están fuera de norma los parámetros microbiológicos: coliformes totales, y los parámetros fisicoquímicos: dureza total y presencia de cadmio, aluminio, arsénico y hierro''.

No obstante, la administración de Vicente Fox Quesada validó los estudios técnicos que le presentó Minera México-Asarco, entre otros el Diagnóstico ambiental de la planta Monterrey, elaborado por la firma Consultoría e Investigación en Medio Ambiente SC en colaboración con el Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente, que depende del Instituto de Geografía de la UNAM.

Así, en agosto del 2001 el gobierno federal, a través de la Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes de la Semarnat, otorgó a Minera México-Asarco la autorización 19-39-GM-VIII-15-2001 para que pudiera ''aislar definitivamente sus residuos peligrosos en su planta de Monterrey''.

La decisión inconformó a los vecinos de la colonia La Victoria y fraccionamientos aledaños, así como a los integrantes de organizaciones ecologistas, que desde entonces exigen a la Profepa, el Congreso del estado y la propia Semarnart para que revoque el permiso que, aseguran, se otorgó irregularmente.

En entrevista con La Jornada, José Guadalupe Solís, vocero del comité vecinal de la colonia La Victoria, quien ha vivido en el lugar durante más de 47 años, señaló: ''Nosotros esperábamos el traslado de estos desechos a Rimsa, pero no fue así. Lamentablemente estamos rodeados por industrias de Cemex y Peñoles que siguen contaminando''.

La empresa habría vendido el predio a Céntrika, pero las 500 mil toneladas de desechos tóxicos siguen siendo de su propiedad y responsabilidad.

Solís explicó que recientemente los vecinos se reunieron con directivos de la inmobiliaria, quienes aseguraron que realizaron estudios técnicos que comprueban que no hay riesgo alguno, pero no ofrecieron pruebas.

María de Jesús Mejía de Marqueda, integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable región noreste de la Semarnat, señaló que a partir de que el gobierno de Vicente Fox Quesada permitió el cementerio tóxico, ''el pesimismo nos invade a todos por la falta de probidad y de transparencia en el manejo de nuestra denuncia'', sobre el problema.

La también presidenta de la ONG Comité Ecológico Pro Bienestar de Monterrey reiteró su petición ''a la Profepa para que revise la contradicción entre los dictámenes que se dieron para otorgar el permiso para este confinamiento de materiales catalogados como extremadamente tóxicos'' y los análisis que sirvieron para negarlo previamente.

El proyecto Céntrika, que encabeza el empresario Alberto de la Garza Evia y Torres, arrancó con una inversión de 2 mil millones de pesos. Su carpeta ejecutiva dice que se trata de un desarrollo inmobiliario ''de élite'', con cines, centros comerciales, viviendas de tipo residencial y hasta un lago, en una especie de ciudad amurallada con acceso restringido y rodeada por colonias populares.

Sobre los desechos tóxicos confinados en el lugar no se menciona una sola palabra.