Congruencia
Mucho tiempo se pensó que los problemas fundamentales en nuestro país derivaban de estar gobernados por un viejo partido de Estado que promovía la corrupción y mantenía el control en todos los niveles. Llegó el momento en que un partido de oposición asumió el gobierno federal y, sin embargo, muchos de los vicios acusados subsistieron, demostrando que la solución no dependía tan sólo de un relevo partidario -aspecto que sin duda era importante-, sino que estaba enraizado en causas más complejas vinculadas con aspectos estructurales, el funcionamiento de las instituciones y nuestra cultura política.
La incongruencia y el doble discurso se expresan en muchos ángulos de nuestra vida cotidiana. Los empresarios y los políticos, de manera particular, son expertos en ello. Por un lado reclaman respeto a la legalidad y denuncian la corrupción cuando les conviene y, por el otro, realizan conductas ajenas a su discurso. Existen múltiples ejemplos que así lo acreditan. Mencionemos dos referidos al ámbito laboral: el primero se refiere a la práctica común de crear empresas paralelas de servicios de personal, que aparecen falsamente como patrones para evadir el cumplimiento de la ley, negándose así a cubrir el 10 por ciento de las utilidades que corresponde a sus trabajadores, porque estas subcontratistas no las generan. Se trata de un fraude que exhibe el verdadero rostro de este sector empresarial.
Un segundo ejemplo es aplicable en materia gremial. Existe una larga historia que da cuenta de la violenta reacción de muchos patrones cuando sus trabajadores se organizan y pretenden formar un sindicato democrático. Es entonces cuando las declaraciones se convierten en crueles realidades expresadas en despidos fulminantes por intentar cuestionar el principio de autoridad patronal, con lo que lisa y llanamente se vulnera el estado de derecho. La recia y sucia campaña gubernamental en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgico y Similares de la República Mexicana exhibe la poca estima que en materia de legalidad aplica el gobierno federal. Una es la ley y otra la práctica.
Otra muestra de incongruencia ha sido aportada por buena parte de la legislatura que está por concluir. Nuestros diputados y senadores demostraron en muchas de sus votaciones sometimiento a las consignas de sus jefaturas en temas fundamentales para el país.
Basta recordar la votación casi unánime de los diputados panistas al consentir el desafuero del entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, a pesar de que muchos de ellos estaban conscientes de que se trataba de una vulgar maniobra. Esta incoherencia no es privativa de un solo partido, aún recordamos el alto costo social por la votación unánime de los diputados perredistas en favor de la ley Televisa, en la primera etapa de su proceso legislativo, acatando una consigna política que nunca fue aclarada. Las excusas posteriores tampoco fueron convincentes.
El gobierno del presidente Vicente Fox generó en un gran sector de la sociedad la esperanza de un verdadero cambio. Muchos confiaron en que, aún a pesar de su inexperiencia, los principios sostenidos por los fundadores panistas harían sentir la influencia de una nueva manera de hacer política.
Sin embargo, el pragmatismo maquiavélico se manifestó pronto y así quedó demostrado en sus concertaciones con el Partido Revolucionario Institucional, entre ellas las orientadas a excluir al candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática del panorama político y electoral. Igualmente grave fue el interés que imperó al designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral, minando la confianza popular en este órgano, que en estos tiempos de desencuentro debió haber jugado un papel distinto.
La estrategia del desafuero y la brutal intromisión del Ejecutivo federal en la jornada electoral terminó por demostrar que el gobernante que llegó al poder con las promesas del cambio, compartía en esta materia, como en muchas otras, valores similares al del antiguo régimen político.
La incongruencia se vuelve a manifestar en esta etapa poselectoral, cuando se reclama el cumplimiento de la ley ante las protestas de manifestantes en las calles de la ciudad de México. Se esgrime un discurso radical en favor de la legalidad sin reconocer que la inconformidad ciudadana deriva de una jornada electoral tan irregular que ha generado impugnaciones de los distintos partidos políticos en un contexto en que el escaso margen entre la votación de los dos contendientes principales obliga a tener la plena certeza de cuál es el resultado.
Nada se perdería si como un acto de congruencia se apoyara el reclamo de aclarar el sentido de los votos, o dicho en otras palabras, confirmar en definitiva la voluntad ciudadana, por razones de bien común. Mucho avanzaríamos si retomáramos el compromiso de ambos candidatos de respetar el resultado de la votación para transitar al entendimiento que nuestro país exige en temas fundamentales, llámese a esto reforma del Estado o acuerdo nacional.
En este tiempo de definiciones cruciales para nuestra incipiente y débil democracia, es necesario acogernos a principios éticos que superen la práctica del doble discurso. Si se declara por un lado estar conforme con respetar la voluntad ciudadana, no debería existir objeción alguna al recuento puntual de votos. Con esta visión se entendería mejor el sentido de la protesta ciudadana, cuyas tácticas podemos no compartir, pero sí reconocer que en el fondo reivindica un derecho humano elemental que hasta ahora nuestro sistema político electoral no ha podido garantizar plenamente. Veámoslo como una gran oportunidad para que los actores políticos estén próximamente sentados a la mesa resolviendo los grandes problemas que aquejan a la mayoría de los mexicanos.