Mes de lluvias y granizo
No es cierto que todo termine con la decisión inicial que este sábado emitió el tribunal electoral. Menos aún cuando ésta es -así- inicial y limitada. Ya veremos cómo evoluciona. Queda tiempo. Poco, pero queda.
A decir de algunos especialistas, es una decisión más allegada a las leyes secundarias que a los grandes principios constitucionales. Se extraña -dicen- la generosidad constitucionalista del tribunal. Pero, es cierto -algunos lo ratifican rápidamente-, la actuación del tribunal apenas empieza. Les queda un largo mes, dicen. De lluvias y granizo, digo yo. Y, sin embargo, no cabe duda que una vez que concluya este proceso jurídico y se determine al triunfador de las elecciones, todo empezará de nuevo.
Para bien y para mal. Pobre o rica, es la actual institucionalidad de nuestra nación. Con muchas limitaciones, sin duda. Pero es la que tenemos. Lo que no quiere decir que no se pueda modificar.
Aquí las posibilidades -enormes- de un Tribunal Federal Electoral que tiene que pulsar astuta y prudentemente su actuación, hasta llegar a su decisión final: la declaratoria formal del Presidente de la República. Y quien resulte así -presidente electo- enfrentará una realidad nacional con 40 por ciento de abstención y 40 por ciento de oposición. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera.
¿Qué hacer así? Ante todo reconstruir un tejido social severamente mancillado por lo que -sin duda- podemos caracterizar como la más sucia de las campañas electorales de nuestra historia. Una grave ofensiva a la ciudadanía. Incluso a la que cayó presa del temor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reconstruir un tejido social que, a pasos acelerados, se ha deshilvanado y corre el riesgo de rasgarse aún más?
No es para celebrarlo, pero urge reconocerlo. No es posible -de veras que no- continuar con una agresión a la sociedad, derivada del ánimo obsesivo por el cambio vergonzante de los que algunos hemos llamado "principios duros" de la Constitución. Esta nos ha llevado a una pauperización y una polarización crecientes. Identifico cuatro esenciales que -desde 1988- los grandes grupos de poder quieren cambiar a toda costa: 1) sentido de nación (artículos primero y segundo de la Constitución); 2) derecho a una educación pública gratuita (artículo tercero); 3) propiedad y control nacionales de los recursos naturales y de las industrias estratégicas (artículos 25, 27 y 28); 4) derechos al empleo, a la contratación colectiva, a la asociación libre de los trabajadores y a la huelga (123 constitucional).
Atrás de la disputa electoral está -que no se nos olvide- la lucha social por las características de nuestra nación. Características que -hace mucho, no sólo ayer- han querido ser alteradas y violentadas por grandes grupos empresariales y financieros internos y externos. Bajo la coartada de la globalización, desde hace mucho alientan y promueven un nuevo perfil nacional. Con garantías individuales controladas. Con educación pública restringida. Con recursos naturales privatizados. Sin tierras ejidales ni propiedad comunal. Con petróleo y electricidad compartidos. Con flexibilidad laboral y sindicatos subordinados. Y con una solidaridad social reducida a un asistencialismo regresivo.
Por eso, sí, por eso, la demanda por un nuevo conteo de votos es una más de las acciones de una resistencia social que se impulsa desde hace varios años. Es -para decir lo menos- una lucha legítima, más allá de aciertos o fallas de quien dirige esta resistencia. No se les puede identificar con el todo. Ni reducir. Sí, atrás del debate sobre el conteo de votos y casillas está la disputa social sobre las características de nuestra nación. Asimismo -y sólo para explicitar uno de tantos aspectos delicados que se discuten hoy-, atrás del debate sobre el bloqueo de Reforma, Juárez y Madero está la disputa sobre las nuevas características de nuestra nación. No lo olvidemos. Y quienes nos oponemos a esa transformación silenciosa, pero violenta de los principios constitucionales, no podemos ignorarlo.
Por cierto, de 1988 a la fecha, 20 por ciento de los hogares ha pasado a engrosar el porcentaje de quienes perciben menos de ocho salarios mínimos actuales (menos de tres del año 1978). Así, el 63 por ciento del total de los hogares recibe el 38 por ciento del ingreso nacional. Y sólo el 27 por ciento el 62 restante. En este contexto -precisamente en este- los argumentos de Luis Villoro no sólo son precisos, sino impecables: la resistencia y la movilización civiles para enfrentar la corrupción, la desigualdad, la injusticia tienen que seguir. Con todo y las controversias suscitadas.
Las movilizaciones poselectorales pasarán a la historia como acciones mínimas para recomenzar un proceso que nos conduzca -independientemente de quién sea el Presidente de la República- hacia una nueva sociedad. Así lo creo. Por mis hijos, que así lo creo. En terror y temblor, como diría San Pablo. Por eso se equivocan no sólo los abajo firmantes, sino todos aquellos que atribuyen el bloqueo a las ideas descabelladas de una sola persona. Es la acción de muchos que han padecido -muchos no lo hemos hecho y no sabemos de la desesperación que provocan, de veras que no lo sabemos- la miseria, la desigualdad y la injusticia crónicas.
Sí, estoy de acuerdo que está en juego la condición de una supervivencia civilizada en México. Pero, ¿se trata de vivir civilizadamente la miseria, la ruina, la injusticia, la corrupción? ¿De veras? Una vida civilizada será viable sólo si se sustenta en una nueva institucionalidad, más justa, menos desigual, más honesta, menos desaseada. Tenemos la oportunidad de dar salida a esos grandes ánimos y aspiraciones sociales por esta nueva institucionalidad. Se extienden más allá de quienes votaron por la coalición Por el Bien de Todos. Estoy seguro de ello. Pero también se les puede reprimir. Sería una gravísima regresión. Por eso, el papel del Tribunal Federal Electoral sigue siendo -pese a su decisión inicial- esencial en este proceso. De veras.