Editorial
La vulnerabilidad de la infancia mexicana
En México, la trata de niños y adolescentes y la explotación sexual infantil, vinculada a su vez con la pornografía de menores de edad sobre todo en Internet, donde este delito ha crecido a niveles escandalosos, se han convertido en un flagelo social de grandes dimensiones que amenaza el futuro del país y que pone en entredicho a las autoridades de todos los niveles, federal, estatal y municipal, que han sido incapaces de frenar estos crímenes y proteger adecuadamente a la infancia mexicana. Peor aún, durante la 59 Legislatura, que está a punto de concluir, quedaron pendientes dos proyectos de ley uno del Senado y otro de la Cámara de Diputados que habrían permitido contar con una legislación adecuada y unificada para combatir esta pandemia, lo que ha derivado en la impunidad de traficantes de infantes, pederastas y pornógrafos, con la complicidad del poder político y el poder económico, a pesar de que estos delitos han aumentado considerablemente en los últimos años.
De acuerdo con los participantes en el foro Trata de personas, explotación sexual infantil, la esclavitud sexual de los menores de edad es ya el tercer delito en importancia en el país, tan sólo superado por el narcotráfico y el trasiego de armas: México ocupa el quinto sitio en América Latina y el lugar 28 a escala mundial como origen y destino de la trata de menores. Además, datos de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos indican que desde 1999 hasta la fecha, unos 120 mil niños han desaparecido, y que otros mil han sido robados, muchos de ellos susceptibles de haber caído en las redes de prostitución infantil.
En este contexto, cabe destacar las pobres herramientas jurídicas con las que cuentan los jueces para perseguir y castigar a estos criminales. De hecho, las 35 leyes federales y algunos de los 67 códigos penales estatales sobre la materia carecen de coordinación, presentan graves rezagos, vacíos legales, insuficiencias y deficiencias que dificultan sancionar estos delitos y en muchos casos tienden a criminalizar a las víctimas: no tipifican los delitos de explotación sexual infantil y trata de niños; contienen términos anacrónicos como "delitos contra la moral y las buenas costumbres", referido al abuso de menores; califican de "incapaces" a los infantes para comprender el delito, y a veces hasta a los mayores de 18 años que sufrieron este tipo de vejaciones, lo que les cierra las puertas de la justicia; fijan plazos demasiado cortos sobre la prescripción de estos crímenes, lo que impide que la víctima pueda recurrir a los tribunales una vez que alcanzó la mayoría de edad, y obligan a los niños a carearse con sus abusadores, lo que ha redundado en la intimidación de la víctima y la renuncia a interponer una demanda. Incluso el código de Nayarit sólo considera el abuso cuando la menor "es mujer púber, casta y honesta", una consideración propia del siglo XIX.
Todo ello sin mencionar la complicidad entre estas redes de prostitución infantil, el poder político y el poder económico, como ha quedado en evidencia en el caso del pederasta Jean Succar Kuri, quien encabezaba una red de explotación sexual infantil que atendía a importantes empresarios y quien, según denuncias de la periodista Lydia Cacho, ha gozado de la protección de políticos como el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Este panorama revela la necesidad de que el Congreso de la Unión, en su próxima legislatura, y los congresos locales reformen las leyes para limpiar su imagen, distanciarse de cualquier sospecha de complicidad, castigar con mayor severidad a estos criminales y proteger efectivamente la integridad física, moral y humana de las víctimas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que el país se convierta en un paraíso de pederastas, con el consiguiente peligro para la infancia mexicana.