La omisión es producto de la complicidad de los poderes político y económico, denuncian
La 59 fue una legislatura perdida para incrementar castigos a la trata de niños
Lamenta Lydia Cacho que Mario Marín, Kamel Nacif y Blanca Villeda permanezcan en libertad pese a sus evidentes delitos
Censura Unicef que no se actualicen leyes en la materia
A pesar de los consensos discursivos en las cámaras de diputados y senadores para combatir la trata de niños y adolescentes y la explotación sexual infantil, los dos proyectos para reformar y poner al día estos cuerpos legales quedaron a medio camino en la 59 Legislatura, a punto de concluir. Por lo tanto, la presidenta de la Comisión Especial de la Niñez y Adolescencia, diputada Angélica de la Peña (PRD, Aguascalientes), advirtió que México no cuenta con herramientas jurídicas suficientes para acabar con lo que llamó "la confabulación entre el poder político y el económico para proteger a explotadores sexuales de menores".
Durante el foro sobre la trata de menores que organizó esta comisión, juristas, diputados y especialistas debatieron ayer sobre la necesidad de afinar las dos iniciativas de ley, una del Senado y otra de diputados, que quedaron pendientes para que los próximos legisladores "revisen y aprueben los códigos y evitar así -concluyó De la Peña- que los jueces tengan restricciones y pretextos para dejar de perseguir a estos delincuentes".
El nombre del pederasta preso en Cancún, Jean Succar Kuri, no salió a colación en todas las ponencias del foro, pero su nombre y su proceso judicial en curso gravitaron en forma importante en el debate ya que, según aclaró la periodista Lydia Cacho, "es un caso emblemático en el combate a estos delitos".
Cacho Ribeiro, que también preside el Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM), en Cancún, afirmó que si se cumplieran los protocolos internacionales para prevenir el abuso sexual de menores, además de los numerosos ordenamientos federales y locales sobre la materia, personajes como el gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y la procuradora poblana Blanca Villeda -involucrados en la trama del caso Succar- estarían en la cárcel.
"Pero el simple hecho de que desde el área de justicia del Senado se haya bloqueado la iniciativa de los diputados para reformar y adicionar el código federal penal en materia de explotación sexual infantil emite un mensaje a la sociedad, de que para los legisladores el drama de vida de muchos niñas y niños y adolescentes no tuvo tanta importancia; siempre hubo otros asuntos políticos a los cuales darles prioridad", dijo Lydia Cacho.
La también escritora y defensora indicó que falencias y debilidades en los códigos penales locales permiten, con frecuencia, que jueces, líderes de opinión, diputados, senadores y hasta gobernadores encuentren más empatía con el pederasta y el abusador que con los niños y niñas que fueron sus víctimas. "El caso Succar es ejemplar en este sentido. Por sus recientes declaraciones se entiende que el pederasta espera que los jueces lo comprendan porque las niñas 'lo provocaban'." Cacho explicó los resortes que usan las estrategias de defensa de estos criminales, que alegan que el solo hecho de que las menores víctimas tengan actividad sexual es ya un atenuante para el abusador.
Casos de menores sometidas a abusos
En su intervención, Lydia Cacho expuso uno de los casos que han sido tratados en el CIAM Cancún, el de Areli, adolescente venezolana que fue "reclutada" por una red de trata de menores en las calles de Caracas, donde se ganaba la vida vendiendo empanadas. Con engaños fue trasladada a Monterrey, donde fue explotada como juguete sexual de lujo para ricos empresarios en clubes exclusivos. Cuando fue trasladada a Cancún, para servir en los clubes del mismo circuito en ese punto turístico, trató de huir. Un taxista, enojado porque la chica no pudo pagarle el viaje de huida, la entregó a la policía. Ahí fue violada y sedada fuertemente, hasta que fue localizada por CIAM, donde pudo revelar datos importantes sobre la organización criminal que la explotó.
En este caso, explicó Lydia Cacho, "Areli optó por el camino de la recuperación de su dignidad. Otras chicas víctimas también de abusadores y de redes internacionales, como Emma (Edith Encalada, la joven que detonó con su denuncia el caso Succar y que ahora se ha retractado), no logran salir de las redes que las tienen atrapadas; son revictimizadas por el sistema de justicia cuando son sometidas a un proceso legal que no las protege y terminan por defender a los hombres con poder que las explotaron y que les provocan serios trastornos de personalidad".
Por su parte, la especialista Paula Ramírez España, del Unicef, lamentó que en el periodo legislativo que está a punto de concluir México no logró actualizar sus leyes, no sólo para tipificar los delitos de explotación sexual infantil y trata de niños, sino para prevenir y dar protección a víctimas de este delito. En América Latina, informó, sólo Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Ecuador han adoptado legislaciones específicas en la materia. México sigue en la lista de quienes están a la zaga.
De no haber sido bloqueada en el Senado, la minuta en materia de explotación sexual hubiera permitido que términos anacrónicos como "delitos contra la moral y las buenas costumbres -referido al abuso de menores- se definieran como protección de la dignidad, el interés superior de la niñez y el libre desarrollo de la personalidad".
Otra reforma hubiera permitido que los menores de edad víctimas de estos delitos no fueran tipificados en la ley como "incapaces", sino que incluso mayores de 18 años sean definidos como "que no tienen capacidad de comprender el hecho (delictivo) o sin capacidad para resistirlo". También se hubiera ampliado el periodo de prescripción del delito para permitir que cuando los niños o adolescentes sujetos a abusos lleguen a la mayoría de edad y la madurez puedan recurrir a la justicia y demandar a sus abusadores. Otro cambio que hubiera sido deseable es el de la supresión de diligencias de careo entre los menores y sus abusadores.
Sin éstos y muchos otros cambios, entre otros la homologación de decenas de códigos y ordenamientos, "subsistirán los vacíos legales y estará muy lejana la protección real de la niñez", expresó la experta de Unicef.
Otra especialista, Norma Negrete, de la sección México del organismo ECPAT (siglas en inglés de End Child Prostitution and Trafficking: Alto a la Prostitución y Tráfico Infantil) destacó que México no la logrado "homologar y armonizar" todos los cuerpos jurídicos existentes en los diferentes niveles de gobierno ni constituir un organismo que vigile su cumplimiento y aplicación, a pesar de que era uno de los objetivos del plan de gobierno del presidente Vicente Fox.
Absoluta descoordinación para castiga a explotadores: Gómez Tagle
En su intervención, otro jurista, Erick Gómez Tagle, coordinador de investigación de la Universidad Pontificia de México, destacó la enorme diversidad, rezago y descoordinación que existe en toda la república en leyes sobre la materia. Hay, expuso, 67 códigos locales y 35 leyes federales que abordan la explotación sexual comercial infantil, y ninguna logra salvar las insuficiencias y vacíos que persisten. Ello a pesar de que México alcanzó en los pasados seis años el lugar 28 entre los primeros del mundo como país de origen y destino de trata de menores y el quinto en América Latina.
Son numerosos los códigos locales, señaló, donde son más graves las sanciones por delitos contra la propiedad que contra los niños. Hay otros, como el de Nayarit, tan anacrónico que sólo considera delito el abuso cuando la menor "es mujer púber, casta y honesta". Citó también el caso de Quintana Roo, donde se radica parte del juicio contra Succar Kuri (ya que el grueso de proceso es del orden federal), y donde hay resquicios para la impunidad de delincuentes como él.