Ordena la Corte permitir revisar cuentas del gobierno de Murat

Por decisión unánime, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de Oaxaca debe colaborar y permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las cuentas públicas de 2000 a 2002 (en el gobierno de José Murat) en lo relativo a la aplicación de los recursos federales del ramo 33, relacionados con apoyos a programas sociales de combate a la pobreza.

Luego de una larga discusión, los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN coincidieron en que tanto el Congreso oaxaqueño como la ASF tienen facultades para supervisar el destino y aplicación de los recursos federales entregados al gobierno de la entidad en el ramo 33.

Lo anterior, al resolver la controversia constitucional 42/2004, la cual fue promovida por la Cámara de Diputados federal en contra del estado de Oaxaca, debido a que hasta en cinco ocasiones el gobierno estatal se negó no sólo a que se auditara la aplicación de los fondos mencionados, sino incluso a recibir las notificaciones que le envió la ASF con esa finalidad.

De esta manera, el máximo tribunal puso fin a los supuestos señalamientos del gobierno de Oaxaca de que permitir la auditoría de los recursos federales es "violatorio" de la autonomía estatal, y con ello "se atentaría contra su soberanía, al pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno y en contravención a las disposiciones que se refieren al control, supervisión, vigilancia y fiscalización del manejo de dichos recursos por cada autoridad y cada nivel de gobierno que expresamente establece el ordenamiento antes citado, para cada etapa que la misma ley establece desde su presupuestación hasta la total erogación."

La SCJN resolvió reconocer que la ASF tiene facultades de fiscalización a las entidades federativas sobre los recursos del ramo 33, que se refiere a los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a los estados.

Por ello, la ASF podrá realizar la comprobación de que los gobiernos y sus representantes hicieron una adecuada aplicación de los recursos y su entrega a particulares, mediante subsidios con cargo al erario federal.

Gustavo Castillo García