Editorial
Se profundiza la marginación de indígenas mexicanos
El presidente Vicente Fox señaló durante su programa de radio de este sábado que para su gobierno "ha sido de la más alta prioridad atender las necesidades más urgentes de los pueblos indígenas". El mandatario destacó, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró el pasado 9 de agosto, que durante su gestión se ejerció el presupuesto más grande de la historia para atender a los pueblos indios, de unos 40 mil 863 millones de pesos. Pese a tales cifras, la realidad es que muy poco ha mejorado la condición de vida de las etnias mexicanas, que viven aún en grave marginación.
El panorama es desalentador. De acuerdo con datos proporcionados por la misma Xóchitl Gálvez, quien encabeza la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 83.7 por ciento de la población autóctona de México carece de acceso a servicios básicos de salud y agua, es decir, una de cada cinco viviendas no tiene electricidad, en siete de cada 10 casas el drenaje sanitario no existe y 40 por ciento de los indígenas no tiene garantizado el acceso a agua potable, lo que genera innumerables problemas de salud. En este contexto, no es raro que los pueblos indos registren un alto grado de mortalidad infantil.
Las carencias se multiplican en las zonas indígenas, de norte a sur del país. Otro ejemplo es la educación: de cada 100 niños sólo 24 terminan la primaria, y alrededor de siete llegan a matricularse en instituciones de nivel medio o técnico. La población indígena sin instrucción elemental triplica el promedio nacional, debido en gran parte a la falta de escuelas en regiones donde viven, lo que revela el grado de marginación al que son expuestos los miembros de estas comunidades. En este sentido, ¿de qué sirve triplicar como señaló Fox el presupuesto para los pueblos indios si no se cubren siquiera las necesidades básicas de los mismos?
Además de sufrir la carencia de infraestructura vital para su desarrollo, la población indígena es víctima de abusos y violaciones a sus derechos humanos. En materia legal, por citar un aspecto, padece irregularidades continuas. Por citar un caso: todo indígena sometido a algún proceso legal tiene el derecho de contar con un traductor proporcionado por el Estado, sin embargo, en los hechos esa garantía no se ejecuta debido a la discriminación e ignorancia por parte de las autoridades, como aseguró René Ramírez, presidente de la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, en entrevista con este diario.
Por si fuera poco, los indios son objeto de abusos cotidianos que pasan inadvertidos para la gran mayoría de los mexicanos. En una muestra de estos actos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el viernes pasado un violento desalojo contra 30 familias choles de Tumbalá, Chiapas. Si bien la ONG exigió investigar y fincar responsabilidades por dicho acto, es probable que esa petición termine donde han acabado otras similares: en el olvido.
Toda esta situación no es ajena a la falta de reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios. No hay que olvidar que en 2001 el actual gobierno federal y el Congreso perdieron la oportunidad de aprobar una reforma indígena de gran envergadura, que habría favorecido mejores condiciones para las etnias. En su lugar, aprobaron una ley insustancial e inútil.
Es claro que las autoridades tanto estatales como federales tienen una obligación histórica que no han cumplido: apoyar con acciones concretas y reales el desarrollo de los pueblos indígenas. La tarea es enorme, pero posible si existe la real voluntad para llevarla a cabo.
La realidad se impone y el tiempo se acaba. En el México profundo, las etnias mexicanas están cada día más hundidas en la miseria y necesitan urgentemente de toda la sociedad incluidos los tres poderes de la Unión para salir de ella. Sólo así será posible que algún día los indígenas tengan el lugar que merecen en el país, no con cifras alegres y celebraciones artificiales.