Señalan actuación negligente del Legislativo federal
ONG demandan ayuda internacional para poner fin al conflicto de Oaxaca
Ante los recientes hechos de violencia en Oaxaca, que representan "graves" violaciones a los derechos humanos, diversas organizaciones de defensa de las garantías individuales emitieron una carta "urgente" en la que exigen a varios sectores nacionales e internacionales su participación para la solución del conflicto.
En la misiva, dirigida a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Louise Arbour; al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes; al presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, las organizaciones exigen que se investigue la responsabilidad en los atentados contra las garantías fundamentales, para el deslinde de responsabilidades.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) -quien acaba de regresar de esa entidad-, señaló que desde el inicio del conflicto, el gobierno de Ruiz Ortiz "ha violado de manera permanente el respeto a las garantías fundamentales".
El documento refiere que en el transcurso de la semana cuatro personas han sido asesinadas durante acciones encabezadas por presuntos policías del estado, varias han sido detenidas ilegalmente, otras han desaparecido, además de que quienes son aprehendidos han sido agredidos físicamente.
El 22 de mayo, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron un paro de labores para solicitar al gobierno del estado la solución de diversas demandas de mejora laboral, como la rezonificación por vida cara, es decir, una compensación económica, así como diversos apoyos para sus alumnos e inversiones en infraestructura educativa.
Tras la negativa del gobierno del estado para atender las demandas de los docentes, diversos sectores de la sociedad oaxaqueña se unieron a la lucha contra el gobernador, formando la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual ha solicitado al Poder Legislativo federal la desaparición de poderes en la entidad para llegar a una solución del conflicto.
Las organizaciones firmantes (la Limeddh, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Comité Cerezo México) se dijeron preocupadas por la actitud del Congreso de la Unión, "que debido a su actuación negligente pone en riesgo a las personas y hace dudar de su credibilidad y eficacia".
Recordaron que "es responsabilidad" de Ulises Ruiz y sus funcionarios estatales, de las autoridades de educación de la entidad y del gobierno federal, "hacer preservar el estado de derecho y garantizar la seguridad de las personas, así como proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Por ello, exhortaron al presidente Vicente Fox a que intervenga para generar un espacio de diálogo para la solución del conflicto, que garantice las obligaciones del Estado mexicano, como el respeto, prevención y protección de los derechos humanos de los involucrados. Además de que se "incrementen esfuerzos para el cumplimiento de las demandas de los trabajadores de la sección 22 del SNTE".
Asimismo, solicitaron que se investiguen los violaciones a las garantías fundamentales que se han presentado contra los integrantes de la APPO, sobre todo las detenciones, desapariciones y homicidios, con el propósito de deslindar responsabilidades y que los culpables sean procesados y sentenciados.
También exigieron que se respete la integridad física, sicológica y jurídica de los miembros de la APPO y de los defensores de derechos humanos presentes en Oaxaca, además de que la administración foxista se base en los acuerdos internacionales para la solución del conflicto.
Exigieron la actuación de Fox para que se investiguen los hechos de violencia, y que informe a las organizaciones sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación. A la CNDH, "con base en sus atribuciones y facultades, que actúe en relación con las graves violaciones a los derechos humanos que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional".
Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que la única forma en que el gobierno de Oaxaca responde a la movilización social es la violencia, debido a su falta de capacidad para lograr acuerdos, lo que está generando un "riesgoso" vacío de poder. Agregó que si el gobierno federal continúa con "irresponsables omisiones" en torno a la problemática en el estado, "existe el riesgo que la pérdida de vidas se incremente".