Editorial

Toletes en San Lázaro

El violento desalojo de manifestantes de la coalición Por el Bien de Todos, realizado ayer en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro por efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), constituye una primera acción represiva formal contra el movimiento de resistencia civil que demanda el recuento, voto por voto y casilla por casilla, de los resultados electorales del pasado 2 de julio. La medida fue solicitada por el presidente en turno de la Cámara de Diputados, el panista Alvaro Elías Loredo, pese a que en posteriores balbuceos ante la prensa este legislador pretendió eludir su responsabilidad.

Con este recurso injustificado a la fuerza pública, el grupo en el poder ha cruzado una línea: se ha reprimido una manifestación pacífica y se ha impedido, a garrotazos, el derecho de los ciudadanos a la libre expresión. La medida no sólo acentúa la descomposición moral de un gobierno "democrático", al parecer asustado por las consecuencias de su inescrupulosa injerencia en el proceso electoral todavía en curso, sino que pone de manifiesto, una vez más, la vergonzosa supeditación de los líderes parlamentarios panistas y priístas a la figura presidencial.

En efecto, el inocultable telón de fondo del desalojo policial es la inminencia del último informe de gobierno del presidente Vicente Fox. Es claro que en Los Pinos no hay disposición alguna para enfrentar las expresiones opositoras de protesta y que el aún titular del Ejecutivo federal no quiere cruzarse con más pancartas que le echan en cara su proceder antidemocrático ni escuchar más consignas críticas. En sus últimas semanas de gobierno, Fox no quiere enterarse de la vasta y peligrosa crisis política provocada, en primer lugar, por su manejo faccioso del poder presidencial y por su empecinamiento contra Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, es claro que la histeria mediática que atiza las tensiones y que viene exigiendo la represión contra el movimiento de resistencia civil que encabeza el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos ha creado un terreno fértil para agresiones policiales como la perpetrada ayer, en la que varios manifestantes, incluidos diputados de oposición, fueron lesionados y golpeados por los efectivos de la PFP en su expresión de fuerza de choque antimotines.

El uso de la fuerza del Estado contra ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica habla de intolerancia y de autoritarismo, pero también de pavor en el régimen. Si queda entre sus integrantes algún asomo de conciencia nacional, tendrían que darse cuenta de la absoluta improcedencia de la represión en el momento actual: con ella se abre una caja de Pandora cuyos contenidos pueden desestabilizar al país y llevarlo a una violencia generalizada.

Por eso, es necesario y urgente que los sectores empresariales y mediáticos que insisten en escalar las tensiones actuales desistan de tales propósitos y que empiecen a buscar la concordia, el diálogo y el rescate de la elección reciente; el gobierno federal, los directivos de Acción Nacional y sus subordinados priístas o ex priístas, por su parte, deben condenar sin tapujos el violento desalojo de ayer y deslindarse de manera pública e inequívoca de cualquier tentación represiva. Unos y otros deben tener claro que las dinámicas del uso de la fuerza pública contra opositores políticos lleva implícita una escalada o, mejor dicho, un despeñadero: resulta muy corto el camino entre los toletazos y la tortura, entre ésta y las ejecuciones extrajudiciales, entre las ejecuciones y las desapariciones forzadas. ¿O es ese el camino que está dispuesto a recorrer el grupo gobernante? ¿Es tan grande el temor a la pérdida de su propia legitimidad? ¿Quiénes, a fin de cuentas, se empeñan en conducir el país a un abismo?