Punto de acuerdo para que los legisladores no sean reconvenidos, como hizo Sahagún
Ratifican PRI y PRD legalidad de la comisión que indaga a los Bribiesca
El Ministerio Público debe actuar en el caso de los hijos de la esposa de Fox: Pablo Gómez
Ampliar la imagen Los diputados Sofía Castro y Jesús González Schmal, el 27 de julio pasado, durante la última reunión de la comisión que investiga los negocios de los hijos de Marta Sahagún de Fox Foto: Guillermo Sologuren
Con el voto en contra del Partido Acción Nacional, legisladores de PRI y PRD ratificaron ayer en la sesión de la Comisión Permanente la legalidad de la instancia que investiga en San Lázaro los negocios de los hermanos Bibriesca Sahagún, hijos de la esposa del presidente Vicente Fox, al subrayar que la actuación de los diputados está amparada por la Constitución.
Reafirmaron, además, que el presidente de dicha comisión, Jesús González Schmal, no puede ser reconvenido en sus opiniones, por su calidad de legislador, por ninguna autoridad o particular, mucho menos por Marta Sahagún de Fox.
De esta forma, fue aprobado un punto de acuerdo para que los legisladores federales no puedan ser reconvenidos por nadie debido a las opiniones que emitan durante el ejercicio de su encargo constitucional, en respuesta a las declaraciones de la esposa del Presidente de la República.
En el debate, el diputado federal perredista Pablo Gómez subrayó que la intención de presentar dicho punto de acuerdo es reivindicar a la comisión investigadora de los organismos públicos o sus relaciones con Construcciones Prácticas, SA de CV, ya que es -enfatizó- "una comisión legítima" que "ha sido atacada por la señora Sahagún" en conferencia de prensa en Los Pinos.
Consideró necesario que, con base en las denuncias interpuestas, el Ministerio Público trabaje en el caso, porque "está absolutamente paralizado".
Y porque consideró que "desde las altas esferas del poder se ha combatido la legitimidad y la legalidad de la comisión, propuso a la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional aceptar la introducción en el acuerdo, en el sentido de que dicha comisión "es un órgano legítimo y legal, creado por la Cámara de Diputados en el ejercicio de la facultad concedida por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
El senador panista Jorge Zermeño aclaró que su bancada buscó destacar la facultad del fuero constitucional que impide la reconvención a los legisladores federales, pero añadió que el PAN no quiso entrar en un resolutivo "que corresponde a otros asuntos de la comisión investigadora", porque ya no compete a la Comisión Permanente "pronunciarse al respecto", y que, por otro lado, el blanquiazul tampoco quiso "prejuzgar" sobre futuros litigios.
Reconoció que la señora Marta Sahagún no es funcionaria pública, no puede reconvenir a nadie y no es autoridad "para reprender ". Pablo Gómez sostuvo que "la señora Sahagún afirmó que la comisión es ilegítima, ilegal, y que es un atropello en contra de las garantías y los derechos de sus hijos". Añadió: "puede decir lo que se le dé la gana", pero lo importante es hacer saber a la esposa del Presidente que la comisión, efectivamente, es legal.
El senador César Jáuregui llamó a reflexionar sobre los alcances de la libertad de expresión consagrada en el artículo sexto constitucional, "dentro del equilibrio que debe guardarse frente a las autoridades, que están obligadas a reprimir sus comentarios cuando consideran que algo no les es propio".
Finalmente, Jesús González Schmal, diputado federal por Convergencia y presidente de la comisión que investiga los negocios de los hijos de Marta Sahagún, sostuvo que el órgano a su cargo no está "incurriendo en un denuesto a los hijos del Presidente", sino que son ellos "quienes cometen agravios a la nación". Añadió que a la comisión no le asiste, "como se ha dicho", ningún interés político, sino sólo cumplir con su deber.
Finalmente, el PRI y el PRD aprobaron agregar al resolutivo del dictamen sobre el punto un segundo párrafo: "la comisión investigadora encargada de verificar la legalidad de los contratos de entidades públicas con la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, es un organismo legal y legítimo, creado por la Cámara de Diputados en el ejercicio de la facultad que le concede el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".