Cobraban recursos económicos como si fueran familias en extrema pobreza
Cientos de servidores públicos de Chiapas eran ''beneficiarios'' de Oportunidades
La mayoría cuenta con amplia solvencia
Inscribían a parientes para no ser detectados
Tapachula, Chis., 16 de agosto. Cientos de servidores públicos fueron detectados como beneficiarios del programa de asistencia federal Oportunidades, ya que recibían recursos como si fueran familias en extrema pobreza, según auditorías ordenadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a ese mecanismo de ayuda social, informó Gildardo Sánchez Ramos, gerente del Centro de Atención y Registro 0709 de la dependencia.
Sólo en los 12 municipios que conforman la región baja del Soconusco, de Villa Comaltitlán a Suchiate, se detectó a 668 familias de servidores públicos inscritos en el programa, aunque las investigaciones continúan y la cifra podría aumentar, indicó Sánchez Ramos.
Recordó que en 1998 nació el Programa para la Educación, Salud y Alimentación (Progresa), impulsado por el presidente Ernesto Zedillo en respuesta a las familias en pobreza extrema y a otras miles que resultaron damnificadas por fenómenos meteorológicos.
Debido a la urgencia por hacer llegar recursos a población afectada y a la sociedad en extrema pobreza, los censos realizados y los estudios socioeconómicos se realizaron a medias, y eso permitió que muchas familias se aprovecharan de la situación y se inscribieran en el programa sin tener derecho al mismo.
Desde entonces muchas familias, la mayoría con amplia solvencia económica, cobran recursos destinados a los sectores más necesitados de la población.
También se agregaron a los padrones de beneficiarios muchas familias en el año 2000, otras más en 2002 y las últimas entre 2005 y 2006, entre las cuales se infiltraron cientos de servidores públicos.
Gildardo Sánchez explicó que esto originó el descontento de quienes verdaderamente requerían de los recursos y empezaron denuncias por las cuales el Congreso de la Unión determinó que había necesidad de hacer una revisión al padrón y, por tanto, que la secretaría ordenara una investigación a fondo de lo que estaba ocurriendo.
Por ello se contrataron los servicios de una empresa especializada en auditoría e investigación que, al cotejar padrones de derechohabientes, detectó a cientos de servidores públicos beneficiados.
De las 668 familias detectadas en la región del Soconusco, al menos 80 por ciento son trabajadores del gobierno del estado y de ayuntamientos, entre ellos el de Tapachula. El resto son trabajadores de las secretarías de Salud y de Educación estatales, así como del magisterio y otras dependencias, e incluso algunos empleados federales.
Reconoció que muchos casos han sido difíciles de detectar, en virtud de que los servidores públicos tratan de ocultar su identidad al inscribir a sus parientes en lugar de aparecer ellos. Esto ha dificultado que se detecten más casos, pero ante esta situación se han ampliado las investigaciones para que tarde o temprano se pueda dar con ellos.
Por lo pronto han sido dados de baja todos los servidores públicos descubiertos como beneficiarios del programa, además de que están siendo atendidas alrededor de 15 denuncias mensuales en torno a otras personas que no tienen el derecho a recibir estos recursos. Dijo que hay otros señalamientos de la población en los que se asegura que se está utilizando el programa con fines electorales, principalmente a través de vocales voluntarias, sobre lo cual asegura que ya se dio parte a la fiscalía electoral para que proceda conforme a derecho.
Oportunidades beneficia a alrededor de 5 millones de familias en México. Cada día se canalizan aproximadamente 100 millones de pesos.