Primera demanda, por fraude de $31 millones
La primera averiguación previa que se integró en contra de Carlos Ahumada Kurtz fue la causa penal 67/2004, la cual recayó en el juzgado 11 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte.
En dicho expediente se acusó al empresario argentino de haber defraudado a la delegación Gustavo A. Madero con 31 millones 258 mil pesos.
El 4 de mayo de 2004, el juez del fuero común le dictó auto de formal prisión, y luego de que los abogados del acusado interpusieran varios recursos legales, el 7 de junio de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negarle la protección de la justicia federal.
En junio de 2004, la procuraduría capitalina consignó el expediente 194/2004, en el que se argumenta la responsabilidad de Ahumada en fraude genérico por 2 millones 98 mil pesos en agravio de las finanzas de la delegación Tláhuac. Esta segunda causa penal recayó en el juzgado primero, el cual le dictó auto de formal prisión al considerar que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para presuponer la culpabilidad del indiciado.
Sin embargo, a mediados de 2005, la juez primera B de distrito en materia penal, Gabriela Sánchez Alonso, le otorgó un amparo, el cual, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo hubiese interpelado, tendría que haber sido revisado por tres magistrados del tribunal colegiado.
La PGR no apeló de la decisión y el juez del fuero común tuvo que otorgar a Ahumada la boleta de libertad.
Días después, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, no descartó que "alguien" presionara a la PGR para favorecer al dueño del grupo Quart, en clara referencia a Diego Fernández de Cevallos.
La tercera causa penal, bajo el número 104/2004, se inició en julio de 2004 por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). De nueva cuenta, la justicia federal concedió un amparo al argentino. Sin embargo, en esta ocasión la PGR sí apeló dicha determinación y el expediente recayó en el 10 tribunal colegiado, bajo el número 1650/2005.
El cuarto proceso es por el delito de promoción de conductas ilícitas. Este es el único que alcanza la libertad bajo fianza, y el juez 50 de lo penal, José Eligio Rodríguez Alba, la fijó en 171 mil pesos.
Por último, en junio de 2005 la procuraduría capitalina obtuvo un nuevo auto de formal prisión en contra del empresario.
En esta ocasión, la acusación fue por fraude genérico continuado por un monto de 6 millones 986 mil pesos.
El juez 34 de lo penal determinó el auto de libertad con el argumento de "desvanecimiento de pruebas", sin embargo la procuraduría capitalina apeló dicha determinación y meses después la primera sala del Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión.
Agustín Salgado