Conclusión de diputados tras 3 años de pesquisas

En 2004, 4 feminicidios diarios en la República

ROBERTO GARDUÑO

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga los feminicidios dio a conocer el informe final de sus pesquisas, efectuadas en toda la República. Concluyó, con base en datos oficiales de las procuradurías de Justicia, que en 2004 cuatro niñas y mujeres fueron asesinadas cada día en todo el país.

Desde hace 3 años dicha comisión, encabezada por la perredista Marcela Lagarde, se dio a la tarea de elaborar un informe detallado de los hechos y actitudes multifactoriales que en México inciden en la violencia contra las mujeres y los homicidios de éstas a manos de los hombres:

"En todos los casos se corroboró que la violencia feminicida es el extremo, la culminación de múltiples formas de violencia de género vividas por las víctimas e imperantes en su comunidad. La mayoría de las niñas y mujeres victimadas habían vivido previamente múltiples atentados contra sus derechos humanos. En sus comunidades hubo tolerancia e impunidad, de las que son responsables las instituciones de los tres niveles de gobierno.

"Todos los procesos ligados a la búsqueda de justicia han sido vividos con impotencia por la ciudadanía, que no encuentra causa para la exigibilidad de sus derechos, como demuestran las acciones de las organizaciones civiles y de familiares."

En un encuentro para dar a conocer los resultados de la ardua investigación en torno de las conductas y hechos que han generado miles de homicidios contra las mujeres en años recientes, Marcela Lagarde advirtió: "en México las mujeres no gozamos de derechos humanos". Con firmeza volvió a plantear al presidente Vicente Fox que reciba nuevamente a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, con el propósito de que conozca el informe de viva voz.

Un factor fundamental en las agresiones contra las mujeres radica en la organización social genérica, jerárquica, de supremacía e inferioridad, que genera desigualdades entre hombres y mujeres. El estudio refiere el incremento de la exclusión de las mujeres mientras aumenta también "la tolerancia y aceptación de hombres machistas y misóginos, inclusive de quienes delinquen y no son sancionados. La impunidad derivada de la inacción del Estado, lo que constituye violencia institucional producto de omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores, o la que se debe a la permanencia de estructuras estatales, perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las mujeres".

La comisión especial elaboró mapas con los índices de homicidios contra mujeres -tomando como fuente los registros de las procuradurías estatales- de los años 1980, 1990, 2000, 2002 y 2004. Ese recuento histórico, se manifiesta, concluye que las tasas de asesinatos han disminuido, aunque no con la velocidad que se esperaba.

De todo eso resaltan los siguientes resultados:

La entidad con más homicidios fue Oaxaca, con 7.6, mientras la que registró menos fue Tlaxcala, con 0.1 por ciento por cada 100 mil mujeres.

En 1990 la entidad con la tasa más elevada de violencia de género fue el estado de México, con 10.4 por ciento, mientras los índices más altos de homicidios se encontraron en entidades del centro y sur sureste. El registro más bajo se obtuvo en Nuevo León, con 0.7 por ciento.

Para 2000, el nivel más alto también se registró en el estado de México, con 4.8, y las entidades con mayor tasa de homicidios se concentraron en el centro y sur de la República. A la par, Aguascalientes fue la zona donde los actos de violencia contra niñas y mujeres fue menor, con 0.07 por ciento.

Dos años después, en 2002, el estado de México continuó con las tasas más altas, con 4.6 homicidios por cada 100 mil mujeres, y en Yucatán se registró el reducto más significativo, con 0.7 por ciento.

Para 2004, la entidad que ocupó el primer lugar en el índice de homicidios femeninos fue Nayarit, con 4.4 por cada 100 mil ciudadanas, y Yucatán volvió a ocupar la última posición con una tasa de 0.5.

El dilema nacional en torno de la violencia contra las mujeres se haya, establece el documento, en "la omisión del Estado en la preservación, garantía, tutela e impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. Se concreta en las parciales, incipientes y débiles acciones inconexas de atención a las mujeres sin metas concretas y sin sentido de erradicación de las causas que generan la violencia.

"La violencia feminicida se produce al no dar tratamiento de delito a la violencia contra las mujeres, incluso por quienes deben perseguir y juzgar. En ese sentido, por la ausencia del estado de derecho, ya que, aun cuando varias formas de violencia contra las mujeres son delitos, no se considera ilícito violentar a las mujeres. Los hombres violentos gozan de la complicidad no necesariamente concertada, pero ideológica y políticamente activa entre autoridades y delincuentes."

De las conclusiones también resalta la cultura discriminatoria, misógina y vejatoria de las instituciones encargadas de procurar justicia, y que por su incapacidad contribuyen a la impunidad.

Se da "la hegemonía de una cultura patriarcal que legitima el despotismo y el trato cruel, sexista-machista, misógino, homófobo, lesófobo, alimentado todo esto por el clasismo, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación".