Anulación de las elecciones
Existen dos posiciones claras y contrapuestas en torno de la elección. La del PAN, que asegura que las elecciones fueron limpias y que en ellas ganó Felipe Calderón por decisión popular. La otra es la de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, que consideran que el proceso estuvo viciado de origen por la intromisión del Presidente para favorecer al candidato del PAN, por la campaña de amedrentamiento que se hizo en su contra, financiada incluso en forma ilegal y por la serie de actos irregulares cometidos en su contra por los funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) durante el proceso de cómputo de votos.
Las actitudes de ambos grupos ha sido hasta ahora de franca hostilidad y enfrentamiento, con declaraciones y acciones muy desafortunadas. En este complicado escenario los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran de facto obligados a tomar una de las tres opciones siguientes: ratificar que los resultados son correctos y favorecen a Felipe Calderón, y por ello declararlo presidente electo; ir hasta el fondo del proceso electoral y aceptar que la razón asiste a López Obrador y declararlo presidente electo, y tercero, anular el proceso electoral (presidencial) y proceder a reponerlo de inmediato, luego del manejo de los documentos y paquetes electorales, que lejos de aclarar las cosas parecen haberlas complicado más.
Ignoro qué decisión tomarán los magistrados y desconozco el tipo de argumentos jurídicos que utilizarían para fundamentarla, pero me queda claro que desde el punto de vista político y a largo plazo, la opción más conveniente es la anulación de la elección presidencial del 2 de julio. Las razones que puedo dar para ello son las siguientes:
De darle la victoria a Calderón, tendríamos seis años de un presidente bajo sospecha, con un gobierno sumamente débil y muy probablemente sostenido mediante la fuerza, obligado a pagarle los favores a Vicente Fox, a Elba Esther Gordillo y a otros grupos de poder. Gobernar en esas condiciones no sería fácil. Las acciones y el discurso del señor Calderón nos indican claramente hacia dónde iría el país los próximos seis años, o lo que él durara en el poder. Después, quién sabe.
En el remoto caso de que el tribunal electoral le asignara finalmente el triunfo a López Obrador, la situación sería igual, o posiblemente más difícil aún para el país; con el soporte máximo también de un 35 a 37 por ciento de los votantes, de los cuales una proporción desconocida pero real le ha retirado su simpatía, el candidato del PRD tendría un gobierno también débil, cuya única fuerza radicaría en el liderazgo personal de López Obrador, que a estas alturas conforma un nuevo tipo de riesgo para el país, por sus recientes e innecesarios enfrentamientos con organismos y empresas totalmente ajenos al proceso electoral. ¿Cómo gobernaría López Obrador, sitiado permanentemente por los intereses económicos a los que ha estado denostando y rodeado de un equipo de colaboradores cuestionados por su propio pasado? Me imagino un periodo de gobierno difícil y con altos riesgos de violencia.
La anulación de las elecciones en el escenario actual, marcado por el vacío de poder, tampoco es una opción fácil y exenta de riesgos. Daría como resultado un gobierno interino virtualmente sitiado, cuya capacidad total debería concentrarse casi exclusivamente en limpiar hasta el último rincón el actual esquema electoral y en garantizar la absoluta limpieza del nuevo proceso, sin poder hacer mucho por arreglar el actual desbarajuste económico y social del país. ¡Sí! El precio sería alto, pero la situación crítica duraría poco y no estaría mucho más mala de lo que ha estado durante los últimos seis años. A cambio el país tendría mucho qué ganar. Veamos por qué:
El PRI llegaría al siguiente proceso electoral con una estructura más sana y sólida, así como con un candidato seguramente mejor seleccionado, el cual podría ofrecer y dar mucho más confianza de la que Roberto Madrazo logró captar a partir de su distinguida historia personal.
La capacidad de la señora Gordillo para torear las cosas a su gusto estaría ahora minimizada, ante la ausencia de su gran amiga y protectora doña Marta.
Ante esta distinguida ausencia y la de su señor esposo, el PAN tendría también la posibilidad de hacer una selección mejor pensada y más acorde a las necesidades y posibilidades del país, y también de elaborar un proyecto diferente, que deje a un lado los sueños de progreso convertidos en una colonia estadunidense o algo parecido. Su objetivo no sería ya hacer una campaña contra López Obrador, sino una de propuestas viables y positivas, aun con el mismo Felipe Calderón, que seguramente con la experiencia adquirida y sin la influencia de Fox, sería ahora un candidato mejor.
Beneficiado enormemente por la decisión de anulación sería el PRD, que luego de años de lucha desde los tiempos en que no eran sino un conjunto de grupos aislados de izquierda, perseguidos, encarcelados y asesinados por sus ideas, ha llegado a convertirse en la segunda fuerza política del país. Ahora tendría la oportunidad de repensar si la mejor opción para los tiempos actuales es la de la confrontación, si el camino mejor es el que pasa por la aceptación de liderazgos de personajes que por conveniencia lo golpearon e intentaron destruir en otro tiempo, o que en el pasado abandonaron el partido, promoviendo el voto útil a favor de quién sabe qué.
La candidatura misma de López Obrador podría discutirse ahora, como no lo fue en su momento, gracias al clima de júbilo lindante en la irracionalidad que privaba entonces, pero sobre todo, podría darse la oportunidad de discutir el proyecto de nación que debiera ofrecer al país para superar los problemas actuales, porque un partido de izquierda debería distinguirse de sus oponentes con propuestas inteligentes en el terreno económico, al igual que en el social.
En el mediano plazo, la más beneficiada sería la sociedad mexicana, que luego de la experiencia reciente estaría en mejores condiciones de medir las ventajas y riesgos que cada opción representa y para rechazar la denostación y la violencia verbal como forma de hacer política.
Ojalá y el tribunal electoral, además de los aspectos jurídicos piense también en los políticos, a los cuales la decisión no puede ser ajena.