Recomienda al gobierno federal atender el asunto "con medidas radicales"
México enfrenta un "grave problema" de seguridad pública: Naciones Unidas
Insuficiente, ratificar acuerdos mundiales que garantizan la defensa de derechos humanos
El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, aseguró que en materia de seguridad pública el país enfrenta un "grave problema" que debe resolverse para enfrentar "situaciones conflictivas, pero sin violentar las garantías individuales de los ciudadanos".
Lo que hemos visto en los meses recientes, señaló, no sólo en los casos de San Salvador Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, revela que "no es mediante la violencia como se reclaman los derechos. Hay otros mecanismos, pero la manifestación es una garantía que debe reconocerse siempre que sea pacífica".
México, insistió, tiene un problema de seguridad pública "grave, que debe atender con medidas radicales para garantizar la aplicación de procedimientos profesionales en sus cuerpos policiacos, pues a un funcionario público se le debe ver como alguien a quien se puede acudir y sentirse protegidos, y no como una persona que va a reprimir de manera desproporcionada".
Aseguró que la calificación de un Estado que cumple los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos "no depende de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de manejarlos sin violentar los derechos humanos".
Por ello, indicó, la fuerza pública "puede actuar con fortaleza cuando es necesario, pero siempre con pleno respeto a los derechos individuales, pues de seguir así, sin respetar el marco mínimo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguirán los problemas".
Durante su participación en un seminario sobre educación y formación de valores convocado por la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, afirmó que entre los retos que México aún debe afrontar en materia de derechos humanos está el fortalecimiento de la defensa de esas garantías en el marco constitucional, y reflejar los avances alcanzados en años recientes a escala mundial.
Agregó que tanto la falta de información en torno de los derechos humanos como de los mecanismos para hacerlos valer, así como la falta de voluntad política de los gobiernos para ejecutar las medidas orientadas a su promoción y protección, genera "graves violaciones, ante la debilidad de los gobiernos para hacer respetar las garantías de sus ciudadanos, pues quien los viola es el Estado y no un particular".
En lo que respecta a las acciones impulsadas por México para el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, aseguró que ratificar los instrumentos internacionales de defensa de esas garantías "es insuficiente si no se garantiza su preminencia sobre la normatividad interna, ya que la Constitución mexicana no refleja los avances a escala mundial en el rubro".
Cuando un país se obliga internacionalmente, agregó, al suscribir un acuerdo, tratado o pacto, "no puede afirmar que el contenido va contra su legislación interna, porque si no hay una clara definición sobre la ubicación de la normatividad internacional con respecto a la interna difícilmente vamos a poder avanzar, pues un instrumento mundial ratificado por un país es ley, y si no se acata hay incumplimiento, y si hay incumplimiento hay responsabilidad".