Defensa de la democracia
La democracia es un bien público, es decir, que se comparte por todos los ciudadanos, los que de manera común aportan para cubrir los costos de su existencia y a los que debe producir el mejor servicio y mayor beneficio generales. Es un bien sobre el que nadie debería tener una capacidad de control que signifique el desplazamiento de los otros usuarios.
Este bien común, que es la democracia, se ampara en una serie de instituciones, leyes y procedimientos que estructuran su funcionamiento y deben garantizar que sus distintas manifestaciones puedan expresarse de modo efectivo. Este aspecto se refiere, por supuesto, al cumplimiento esencial, conforme a las normas vigentes del derecho a votar y, también, a ser votado, o sea, participar en los comicios y ser elegido. Pero no se reduce a esa dimensión, sino que abarca una serie de comportamientos que la definen de modo más completo, eso que se llama la vía democrática.
Todo ello requiere de una organización compleja que en nuestro país comprende tres instancias básicas que son el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Llegar a este punto no fue un asunto sencillo, ni trivial, en una sociedad que se había arrinconado en el autoritarismo y el predominio de un partido único. Tal hecho debe reconocerse de manera explícita, como debe admitirse, igualmente, que el orden democrático actualmente establecido no opera de modo completamente eficaz y que ese rasgo es hoy uno de los componentes claves del conflicto político en el que está puesto el país.
Ahora hay que encontrar un modo de superar este conflicto y, también, de llevar más adelante el arreglo democrático. Los órganos sociales son perfectibles y el actual sistema político y electoral, así como las instituciones que lo conforman, tienen todavía grandes limitaciones e interferencias que se exhiben de modo recurrente.
De alguna manera, el entramado democrático que se ha erigido y en especial su componente electoral sufrieron un corto circuito en las pasadas elecciones presidenciales del 2 de julio. La situación se ha hecho patente en la impugnación de los resultados, la intervención del TEPJF y las muestras de descontento en diversas partes del país, y volcado de forma ostensible a las calles de la ciudad de México. La confrontación no cede, sino que tiende a agravarse.
Ante el resultado de las elecciones, aún no validado por las instancias legales responsables de hacerlo, y la inconformidad abierta de una de las partes contendientes (la coalición Por el Bien de Todos), se ha lanzado la defensa de la democracia por vías muy distintas.
Una se vuelca por la salvaguardia del voto y de las instituciones que lo resguardan. En efecto, ésta es una cuestión crucial y sobre ella se presentan en esencia argumentos centrados en la contabilidad de los sufragios. Estos planteamientos no admiten el cuestionamiento de posibles fallas graves en este mecanismo que pudiera significar un proceso de elección malogrado. Dice esta postura que los electores ya decidieron y ése es el único veredicto final, no hay cabida para más.
Esta es una visión pragmática de la democracia, no consiente que la votación tiene una historia previa, que en este caso se remonta a la disputa abierta que mantuvieron el presidente Fox y el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador. No hay lugar en ella para admitir que la democracia como bien público se degradó al usar las instituciones del Estado y del gobierno para desvirtuar la contienda, no caben los planteamientos sobre la forma en que se condujo al IFE como autoridad electoral durante las campañas políticas y en el momento decisivo del final del proceso de la elección.
Tanto el voto mismo, ahora cuestionado, como el comportamiento de los hombres en el poder y el uso a modo de las instituciones están puestos sobre la mesa en el conflicto poselectoral. La manera como se llegó a la votación es uno de los elementos que han puesto en entredicho el conteo de los sufragios.
El encono desatado, sobre todo desde el desafuero y luego en el curso de la campaña electoral, hace muy difícil plantear la esencia del conflicto sin necesidad de tomar partido.
Entre tanto ruido hay pocos personajes que pueden cumplir una función de análisis y acomodo en medio de tanto jaleo. José Woldenberg, que tuvo desde el IFE un papel central en la conformación del entorno democrático y que mantiene en ese campo una posición de respeto bien ganada y cuya independencia personal debería sostener a toda costa, expuso un valioso punto de vista en un artículo titulado: "Lo más triste" (Reforma, 17 de agosto, 2006). Lo más triste del conflicto poselectoral, dice, es la erosión de un patrimonio compartido, que define como la confianza en la vía y las instituciones electorales.
Cierto, esa confianza está hoy nuevamente en entredicho. Woldenberg trata de modo muy crítico las acusaciones de la parte que ha impugnado el resultado. Pero no olvida acaso las acciones de la otra parte: de la Presidencia y del PAN que minaron la vía democrática que ha puesto en entredicho a las instituciones electorales. Esto es parte también de "lo más triste" que está ocurriendo en México.